El Departamento Educación de la CAV aprovecha el proceso para legitimar la Ley de Educación y hacer propaganda de sus decisiones.
Cuando a finales de enero el sindicato LAB abandonamos la mesa de segregación, manifestamos que en nuestra opinión no había posibilidad de alcanzar en esa mesa el pacto social necesario para hacer frente a la segregación escolar, porque no se daban las condiciones para debatir y llegar a acuerdos, por estar preocupándose más por dar la sensación de que se hace algo. De hecho, en las tres fases que ha tenido la mesa de segregación el Departamento de Educación ha decidido unilateralmente cuáles han sido las conclusiones y decisiones de cada fase y ha adaptado la metodología a su antojo para conseguir sus objetivos, planteando como único objetivo de la metodología la participación.
En la fase de diagnóstico, algunos agentes lanzamos críticas en torno a la metodología, porque aprobaron el diagnóstico de forma unilateral, sin debatir y sin votar las aportaciones que hicimos los agentes. Tras ello, el Departamento de Educación modificó la metodología sin establecer normas y se acogió a la improvisación.
En la segunda fase se trabajaron los principios y valores y LAB presentó en la mesa un decálogo de medidas que había presentado ya públicamente. El Departamento cerró de nuevo esta fase de forma unilateral, rechazando totalmente las aportaciones que hicimos los agentes que participamos en la mesa el 12 de noviembre y presentando como conclusión los principios de la Ley de Educación. El Departamento de Educación siguió con su escenificación.
No podemos olvidar que con el avance del proceso hemos sido muchos los agentes que hemos sido críticos con la metodología y hemos tenido que abandonar la propia mesa por la falta de condiciones para la participación real y la falta de voluntad del Departamento para construir consensos. A la tercera fase, por tanto, la mesa llegó con menos participación de agentes. Para esta fase el Departamento de Educación preestableció tratar sobre 9 líneas de trabajo y hoy han presentado el resultado o final del proceso.
LAB considera que este resultado final no responde a día de hoy a las siguientes cuestiones básicas para hacer frente a la segregación escolar:
- Se ha manifestado que se va a hacer un decreto que prohíbe las cuotas. De momento, no se ha declarado la necesidad de auditar los cobros de cuotas prohibidas por ley, ni de hacer públicos de manera transparente a los agentes los datos de los que dispone el Departamento de Educación, ni de incluir la planificación de la prohibición de cuotas.
- Se señala la necesidad de elaborar un nuevo decreto de admisión y planificación y se reconoce la existencia de una sobreoferta. Pero no señala que el nuevo decreto de admisión del alumnado y planificación debe poner de forma generalizada en el centro la red pública del modelo D y debe permitir la toma de decisiones a nivel local de forma descentralizada. En esa sobreoferta no pone el foco en la reducción de plazas que no son públicas ni euskaldunizan.
- No se establece la necesidad de realizar un desequilibrio positivo a favor de la red pública como eje vertebrador del sistema, ni la planificación ni las medidas concretas a su favor. LAB considera que se necesitan medidas para dimensionar la red pública existente, la del modelo D, y elaborar y generalizar un currículo que reconozca a Euskal Herria. Además de que la red pública sea el eje de la planificación, es necesario mejorar las infraestructuras y aumentar la financiación para la creación de otras nuevas.
- No contempla medidas para acabar con la concertación universal. Por un lado, se debe crear una normativa para la publificación de los centros que no son públicos; y por otro, se debe explorar y regular la titularidad compartida, promoviendo la participación y propiedad municipal en los centros educativos de carácter público. Así, habría una intervención pública en los centros educativos que reciben financiación pública, siendo el ayuntamiento o mancomunidad parte de la propiedad y garante del control público. En la construcción de una única red pública puede ser una herramienta de transición la opción de escuelas de titularidad compartida o mixta.
- No se reconoce la necesidad de una política lingüística del Gobierno Vasco que promueva una escolarización equilibrada y la euskaldunización del alumnado. A las familias que vienen a nuestro país no se les informa adecuadamente de la importancia de la euskaldunización y de sus posibilidades de euskaldunización, ni se ha propuesto como medida animar a los niños a matricularse en el modelo D.
- No se ha abordado la segregación lingüística entre las medidas. Es más, a pesar de que la Ley de Educación establece que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado debe obtener el nivel B2 en euskera, a día de hoy y mientras se mantienen los modelos lingüísticos no obtienen dicho nivel y ni hay medidas para superar esta situación. El ejemplo más significativo de ello ha sido lo que ha ocurrido en la prueba PAU (selectividad) de este año con el alumnado de los centros de modelo A.
Así las cosas, a día de hoy el Departamento de Educación ha puesto fin al proceso, siendo muy significativo que la perdida de participación de los agentes desde la puesta en marcha de la mesa de segregación: los sindicatos que tenemos la mayoría de la representación del sistema educativo, los agentes de la escuela pública e Ikastolen Elkartea.
Para finalizar, queremos señalar que para LAB es muy grave que en un tema como este, un reto de país, no se hayan buscado consensos con la mayoría de la representación de trabajadoras y trabajadores, y que para ello, tal y como pidió LAB, no se haya tratado el tema en las mesas sectoriales de educación. Por tanto, pedimos al Departamento de Educación que ponga en marcha marcos propios para trabajar y llegar a acuerdos con los sindicatos un tema tan estratégico para el sistema como es la segregación.