2026-10-02
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Denunciamos la irrupción de la policía española sin autorización judicial en los centros de trabajo para proceder a las detenciones de la pasada semana contra Indar Gorri

El sindicato LAB quiere denunciar las operaciones policiales que mediante detenciones más o menos numerosas únicamente persiguen un objetivo de carácter propagandístico para la criminalización de determinados colectivos, como lo fue la que llevó a la detención de 61 miembros de Indar Gorri el pasado 7 de marzo. Con respecto a este caso, además, LAB quiere denunciar enérgicamente la irrupción de los policías en varios centros de trabajo sin la debida autorización judicial.

Este sindicato también ha sufrido este tipo de operaciones policiales y sabe que las personas detenidas suelen quedar en libertad sin condiciones; por lo que es evidente que la simple citación de estas personas era suficiente y no hacia falta montar semejante operación policial. No es de extrañar, además, que posteriormente este tipo de causas sean archivadas. Puede que así sea también en el caso de los de Indar Gorri, ya que ni siquiera el juez de instrucción coincidió con la versión policial; como lo demuestra el hecho de que no se les haya prohibido el acceso a los estadios.

Con respecto a la operación del 7 de marzo, este sindicato ha podido contrastar que la Policía Nacional española irrumpió y accedió sin autorización judicial en, al menos, dos centros de trabajo para detener a trabajadores. En uno de los casos, agentes de paisano de la policía española accedieron al edificio del comedor escolar sin la imprescindible autorización judicial y sin aviso previo al personal del centro, ocupando las salidas del mismo. Cuando el trabajador apareció acompañado de los niños y niñas que se preparaban para ir a comer, es decir, mientras realizaba su trabajo, lo interceptaron para efectuar su detención.

En el otro caso contrastado por LAB, la propia empresa impidió el acceso de los agentes españoles por no presentar la mencionada autorización judicial. Este sindicato tiene conocimiento de que actuaciones similares ocurrieron también en otros centros de trabajo de Nafarroa. Este es un proceder inadmisible e injustificado que atenta contra los derechos de los y las trabajadoras.

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