Las denuncias públicas de varias comunidades educativas y las movilizaciones iniciadas ante los recortes en el transporte escolar al comienzo del curso 2026-2027 han puesto de manifiesto este problema estructural. Las protestas impulsadas por la comunidad educativa del centro Oianguren y familias de Zaldibia, así como las denuncias hechas públicas por la asociación de madres y padres de la Escuela Pública de Plentzia, son algunos ejemplos de ello.
En zonas con poca población, como es el caso de la Llanada Alavesa, el Gobierno Vasco ha comenzado a unificar líneas. Aunque esta decisión no supone su desaparición, sí hace que los trayectos sean mucho más largos y agotadores, con el impacto negativo que ello tiene en el alumnado, entre otras cuestiones, en su bienestar y en su proceso de aprendizaje.
Sin embargo, esta preocupación no es nueva. Durante los últimos cursos han sido numerosas las líneas y las paradas que han desaparecido, y todo ello ha supuesto también una pérdida de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, estas decisiones tienen un impacto directo en el alumnado, las familias y la calidad del servicio educativo. Esta situación afecta de lleno al alumnado y a las familias desde educación infantil hasta Bachillerato, y tiene un impacto aún mayor en el alumnado con necesidades especiales. Para el sindicato LAB, estamos ante otro ejemplo de la gestión restrictiva de los servicios públicos por parte del gobierno encabezado por Imanol Pradales. El transporte escolar no es un servicio de segunda: es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación y los derechos del alumnado, especialmente en las zonas rurales y en los municipios con población dispersa.
Este problema estructural tiene diferentes causas. Por un lado, está la aplicación rígida del Decreto 164/2023. Este decreto establece que, para tener derecho al transporte escolar específico, el alumnado debe residir a una distancia mínima de 4 kilómetros del centro educativo, sin tener en cuenta las características particulares de cada localidad ni otras variables. En otros casos, el Gobierno Vasco recurre a la existencia de transporte público alternativo como argumento para no ofrecer transporte escolar específico, sin tener en cuenta ni la seguridad de los recorridos ni la saturación del transporte público. A todo ello hay que añadir los problemas que se han producido en las licitaciones del servicio. De hecho, varias rutas han quedado sin adjudicar.
En este sentido, para LAB es inaceptable que el Departamento de Educación deje en manos de empresas privadas, cuyo único objetivo es obtener beneficios, un servicio público de tanta importancia. El transporte escolar es un sector muy feminizado, en el que las mujeres* trabajan con contratos y jornadas parciales y en condiciones laborales marcadas por la precariedad. En estos momentos, están inmersas en la lucha por dignificarla sus condiciones laborales. Defender el transporte escolar es más que una lucha por las condiciones laborales, es defender los servicios públicos.
Ante esta situación, el sindicato LAB exige al Departamento de Educación, encabezado por Begoña Pedrosa, que dé una solución al problema lo antes posible, contando para ello tanto con la representación social como con la comunidad educativa. Asimismo, el sindicato ha señalado que responderá con firmeza ante la destrucción de empleo que se ha producido en los últimos años vinculada a esta problemática.
Del mismo modo, LAB quiere trasladar su total apoyo a las comunidades educativas afectadas y mostrar su disposición a trabajar conjuntamente con las familias y los ayuntamientos para defender un transporte escolar público, accesible y de calidad que garantice los derechos de todo el alumnado.