La anulación del decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público evidencia la necesidad de una arquitectura jurídica que sitúe en el mismo nivel al euskera y al castellano. Desde LAB exigimos al Gobierno Vasco que haga frente a las amenazas que llegan de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un nuevo decreto que responda a las necesidades de la euskaldunización.
Los tribunalessiguen con la ofensiva sistemática contra toda medida destinada a la normalización del uso del euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos. El que ha sido puesto en la mira esta vez ha sido el decreto del Gobierno Vasco del 2024, argumentando que el informe económico es insuficiente. Llevan años utilizando argumentos retorcidos a próposito para cada caso e intentando deshacer la arquitectura jurídica construída para impulsar la euskaldunización y las ofertas públicas de empleo. Está claro que esta última sentencia es un paso más que se enmarca en dicho proceso de desoficialización del euskera.
Es especialmente grave que sea el Decreto para la Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco el que queda anulado, ya que se trata del decreto que regula todos los aspectos de la euskaldunización de la administración de la CAV y, en consecuencia, el proceso de normalización del uso del euskera en su conjunto queda sumido en una total incertidumbre. Las sentencias que se han ido conociendo durante años han resquebrajado la seguridad jurídica de ese proceso, y esta última la destruye del todo.
LAB se mostró muy crítico en el momento en que se aprobó el decreto, ya que era del todo insuficiente para responder de forma adecuada a las necesidades de la situación que vive el euskera y para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y de los y las trabajadoras públicas. Carecía de ambición suficiente para dar un salto en la euskaldunización de la administración, tal y como denunció el sindicato. De todos modos, aún tratándose de un decreto insuficiente, los agentes y jueces euskaráfobos lo ven como desmedido, algo que va demasiado lejos. Por lo tanto, siendo injustificable jurídicamente que se actúe contra dichas medidas, por mínimas que sean, el Tribunal Superior de la CAV ha tenido que recurrir al argumento de la insuficiencia del informe económico.
La nueva Ley de Empleo Público aprobada en junio obliga al Gobierno Vasco a dejar sin validez ese decreto y aprobar uno nuevo. Pues bien, en este momento en que debe comenzar con ese proceso de renovación, la sentencia puede ser vista como una amenaza. Es por ello que LAB exige al Gobierno Vasco que haga frente a las amenazas implícitas de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un decreto que responda adecuadamente a las necesidades de euskaldunización con la participación de todos los agentes implicados.
Este último eslabón de la cadena de sentencias deja una vez más en evidencia la necesidad de una legislación efectiva para lograr una administración euskaldun. Si no se aprueba una legislación que sitúe al euskera y al castellano jurídicamente al mismo nivel la euskaldunización de la administración seguirá dependiendo de los caprichos de los juzgados en cada momento.
Frente a esta grave sentencia que atenta contra la normalización del euskera, LAB llama a todos los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía a seguir movilizándose en defensa de sus derechos laborales y lingüísticos.