El Tribunal Supremo español exime de la obligación de garantizar un mínimo uso del euskera a las empresas contratadas por la Administración, lo cual perpetúa la situación de subordinación de ese idioma. La sentencia pone de relieve la necesidad de dotar de seguridad jurídica al euskera.
El Tribunal Supremo Español ha ratificado la sentencia emitida el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, contraria a la resolución del Gobierno Vasco para el uso de las lenguas oficiales en la Administración.
Los artículos invalidados establecían, por una parte, ciertas cláusulas lingüísticas a las empresas privadas para poder ser contratadas por la administración pública, y por otra parte, promovía el uso del euskera en el trabajo en la Administración por medio de varias medidas.
Los mencionados artículos tenían por objetivo pormover el euskera, que como consecuencia de la exclusión a la que ha sido sometida durante años ha quedado relegada a un segundo plano tanto en el entorno público como, especialmente, en el privado, y llevarlo al mismo nivel que el castellano. Precisamente es lo que persigue esta última sentencia, sumada a la larga lista de sentencias similares que estamos viendo en los últimos años: interrumpir la promoción positiva del euskera para que continúe en segundo plano, en situación de subordinación. Es decir, que el euskera no se convierta en lengua habitual en la Administración y en el entorno laboral.
Las cláusulas lingüísticas para impulsar el uso del euskera en el entorno socioeconómico que han sido rechazadas por el tribunal se establecieron con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y mejor, tal y como se hace en otros muchos ámbitos (como en el caso de las cláusulas establecidas para el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género, por ejemplo). Es decir, se les niega a las Administraciones poder llevar a cabo el impulso del euskera por medio de esta vía y, lo que es aún más grave, lo que se quiere lograr ahora es que las empresas no hagan ni siquiera un uso mínimo del euskera. No llegan a establecer el mismo nivel que el castellano, pero, además, aún encontrándose por debajo de este, buscan someter aún más al euskera. Los jueces y los agentes sociales euskaráfobos dejan claro una y otra vez que no quieren una sociedad en la que el euskera esté normalizado y admitido al mismo nivel que el castellano.
Por todo lo anterior, LAB critica vehementemente esta sentencia del Tribunal Supremo español, ya que pone de relieve una vez más que los jueces se extralimitan en sus competencias y llevan a cabo, de forma consciente y militante, una política lingüística contra el euskera y en contra de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía vasca de la mayoría de los agentes sociopolíticos. En ese sentido, critica al sindicato CCOO, promotor de esta causa y de varias otras que han tenido como consecuencia sentencias similares. Escudándose en una supuesta defensa de los derechos de los y las trabajadoras, este sindicato está llevando a cabo una iniciativa sistemática contra el euskera.
Tal y como ha solido declarar LAB en anteriores ocasiones, esta situación no se revertirá, ni se dotará de seguridad jurídica al euskera hasta que se dote de seguridad jurídica real al proceso de euskaldunización de la Administración, lo cual solamente puede venir de la equiparación del reconocimiento legal del euskera y del castellano. Esta última sentencia no hace más que corroborar esa necesidad.
Frente a esta grave sentencia que atenta contra la normalización del euskera, LAB hace un llamamiento a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras a seguir movilizándose en defensa de sus derechos