Frente al “fracaso” de las políticas climáticas actuales, Sweeney defiende una transición ecosocial que ponga en jaque las políticas neoliberales y se base en la propiedad pública. Es coordinador de la red intersindical Trade Unions for Energy Democracy, a la que pertenece LAB.
A inicios de marzo recibimos en la sede del sindicato LAB de Bilbo a Sean Sweeney, coordinador de Trade Unions for Energy Democracy (TUED – Sindicatos por la Democracia Energética). Aquí trasladamos parte de la conversación mantenida.
Esta red internacional impulsa desde 2012 la exigencia sindical de una transición energética bajo propiedad pública. Han participado con estas demandas en las cumbres climáticas de la ONU y colaboran habitualmente con la Fundación Rosa Luxemburgo y el Transnational Institute. Durante los últimos años, Sean Sweeney ha analizado críticamente la liberalización del mercado eléctrico europeo y las reformas planteadas por la Unión Europea. En términos más amplios, desde TUED abogan por un sindicalismo confrontativo que lucha por una transición justa que vaya más allá del diálogo social.
¿Qué es TUED? ¿Cómo y por qué se creó? ¿Qué actividades ha promovido durante la última década?
TUED son las siglas de Sindicatos por la Democracia Energética (Trade Unions for Energy Democracy). Es una red de más de 130 sindicatos en unos 50 países. El término ‘democracia energética’ surgió del movimiento por el agua—la ‘democracia del agua’—que se originó en Bolivia. Hace unos 25 años, allí hubo luchas importantes, y una red de sindicatos y movimientos sociales lucharon para proteger el agua de la privatización.
TUED no toma decisiones políticas por los sindicatos. En cambio, el equipo de TUED coordina la red. Convocamos reuniones regionales y, debido al crecimiento de la red, ahora celebramos reuniones trimestrales en América Latina, África y la región de Asia-Pacífico. Muchos de los nuevos miembros son del Sur Global.
Nuestro mensaje principal es que no apoyamos la transición energética tal como la define la política neoliberal. Principalmente porque es ineficaz y no consigue reducir las emisiones. Consideramos el cambio climático como una amenaza existencial que requiere un enfoque de bienes públicos. Para nosotros, una transición justa implica una definición más amplia, una que desafíe las políticas neoliberales que no solo son ineficaces sino también socialmente regresivas, obligando a los trabajadores a asumir los costes de la transición. Este enfoque explica en parte por qué la política climática está actualmente en una profunda crisis. TUED trabaja en contextos nacionales para defender la energía pública y promoverla como una solución climática, no solo como una cuestión de empleo o servicios. Buscamos ampliar ese debate.
¿Cuál es el estado actual del marco de la transición justa, las luchas y las políticas en Europa? ¿Cómo hemos llegado a un escenario donde las políticas climáticas y energéticas están retrocediendo por preocupaciones de competitividad?
Estamos siendo testigos de un cambio, no solo en Europa sino a nivel global. TUED ha escrito extensamente sobre esto y, de hecho, lo predijo. Antes de la COVID, cuando el movimiento contra el cambio climático ganaba impulso, existía la creencia generalizada de que el desafío era simplemente una cuestión de voluntad política y ambición. Se asumía que los líderes ambiciosos nos encaminarían hacia la descarbonización. Esa esperanza se ha desvanecido.
La principal tarea ahora, a nivel mundial, es desarrollar una política de transición climática y energética distinta a la anterior, que fracasó. Esto probablemente llevará años, a medida que crece la resistencia a la acción climática y los líderes abandonan los compromisos de descarbonización. Hay razones claras para ello: los beneficios esperados de la protección climática no se materializaron, dejando los proyectos cada vez más dependientes de subsidios gubernamentales y expuestos políticamente. La derecha ha aprovechado esto, atacando los subsidios y cuestionando la ciencia climática. Esto ha llevado a una rápida desintegración de la política climática neoliberal, hasta el punto de que la acción climática podría pronto desaparecer incluso del discurso político.
Como movimiento, debemos prepararnos para la próxima ola de luchas, no solo en torno al clima, sino también contra la desigualdad, la guerra, la austeridad y las crisis más amplias de nuestro tiempo. Necesitamos articular un enfoque diferente sobre el cambio climático y la transición energética, aprendiendo de los errores del pasado. En Europa, el retroceso en los compromisos es evidente, pero esta tendencia se extiende a otras regiones, incluido el Sur Global.
¿Qué pasa con los países del Sur Global? ¿Cuáles son las consecuencias de este Nuevo Orden Económico Internacional para su transición energética?
En una reciente conferencia de TUED en la Ciudad de México—la Conferencia Interregional de TUED-Sur—sindicatos de América Latina, Asia-Pacífico y África, junto con participantes del Norte Global, debatieron un documento titulado ‘Hacia un Nuevo Orden Energético Internacional’. El título se inspira en los debates históricos sobre un Nuevo Orden Económico Internacional. La conferencia concluyó que, si surge una nueva política climática, el Sur Global debe desempeñar un papel de liderazgo, dada su capacidad técnica para hacerlo. A diferencia de los debates originales del Nuevo Orden Económico Internacional de los años 50 a los 80, cuando muchos países del Sur Global buscaban vías de desarrollo independientes pero perdieron impulso debido a la crisis del petróleo y la hiperinflación, el contexto actual es diferente. Con el ascenso de India, China, Brasil y los BRICS, existe una mayor capacidad técnica para avanzar en una agenda global de bienes públicos liderada por el Sur Global.
Incluso China ha introducido recientemente la idea de «prosperidad moderada», reconociendo los límites planetarios. El mensaje es claro: si se han alcanzado niveles de vida aceptables, ¿por qué continuar por un camino que destruye los ecosistemas? Estos cambios en el lenguaje sugieren posibilidades. El colapso del llamado “orden basado en reglas», como lo mencionó el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, puede abrir un vacío. Los sindicatos son solo una pieza de este rompecabezas, pero si articulamos una visión clara de transformación —una que sea anticapitalista, incluso socialista— también debemos trazar el camino desde donde estamos ahora hasta ese futuro. Los sistemas energéticos y su control son centrales en esto. Sin energía, la manufactura industrial, la banca y todo lo demás falla. Controlar el sistema energético es clave para cambiar la dirección de la economía política capitalista.
¿Qué papel deberían desempeñar los sindicatos en este escenario? ¿Qué importancia tienen la organización en el lugar de trabajo, la exigencia de políticas públicas y la organización laboral transnacional?
La mayoría de los trabajadores, incluso aquellos sin conciencia de clase, están genuinamente preocupados por el daño ambiental y el cambio climático. Sin embargo, cuando se proponen políticas climáticas, los trabajadores a menudo sienten que son ellos quienes pagan el precio —a través de tasas de contaminación u otros costes—. La lucha de los chalecos amarillos en Francia ejemplificó esto: los trabajadores sabían que pagar 50 céntimos extra por litro de gasolina no reduciría las emisiones de carbono, pero sí afectaría a sus bolsillos. No hubo ganancia ambiental, solo pérdida económica.
En Alemania, la derecha ha explotado las elevadas facturas de electricidad causadas por los cargos de las energías renovables para atacar la política climática. Pero, como movimiento, deberíamos argumentar que la estructura de los mercados eléctricos, orientada al beneficio, es la razón por la que la energía renovable es tan cara y que esto se puede cambiar. La futura política climática debe abordar esto. Una vía pública debería ser parte de una agenda social, ecológica y económica más amplia. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, no sabemos cómo será el mundo dentro de cinco años. Debemos prepararnos programáticamente.
Hay ejemplos en el Sur Global. En México, el gobierno ha renacionalizado gran parte del sistema energético, declarando abiertamente el fin de la política energética neoliberal y persiguiendo una ambiciosa agenda de energías renovables. Esto no es solo por razones climáticas, sino también para reducir la dependencia de las importaciones de gas de Estados Unidos, lo que supone un riesgo geopolítico. Otros países están cancelando contratos con empresas privadas, a menudo como ajustes pragmáticos más que como parte de una transición consciente. En África, donde la mitad del continente carece de electricidad, el enfoque está en abordar la escasez energética.
Los sindicatos todavía tienen un papel fundamental que desempeñar. A nivel mundial, seguimos siendo uno de los movimientos sociales con más recursos, a pesar de ser más débiles que hace 30 años. En comparación con otros movimientos, tenemos recursos y experiencia histórica. Pero nuestra principal contribución será programática: debemos diferenciarnos claramente de los grupos ecologistas convencionales. Si bien a menudo son nuestros aliados, en ocasiones han planteado los problemas de manera que apoyan la privatización o adoptan una postura ambigua sobre la propiedad. Las empresas operan dentro de marcos políticos —muchas fueron forzadas a la privatización y mercantilización en la década de 1990—. Revertir las leyes neoliberales y construir una nueva arquitectura de vía pública será esencial. Esperemos que la próxima vez seamos más efectivos.