Con este acuerdo los jeltzales atentan contra los derechos de los inquilinos y inquilinas sin ofrecer ninguna alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad.
El PNV ha acordado con el Gobierno central que los pequeños propietarios puedan desahuciar a inquilinos en situación vulnerable. En palabras del PNV, los propietarios «recuperan la posibilidad de alquilar sus pisos», demostrando que han primado los intereses de los propietarios a obtener rentas de alquiler sobre el derecho a la vivienda.
LAB denunció el pasado viernes ante la Delegación del Gobierno en Bilbao la suspensión del «escudo social» del estado español con los votos en contra de PP, VOX, Junts y UPN. Estas medidas, aunque insuficientes, eran uno de los pocos refugios de miles de personas.
En la jornada de hoy, el PNV ha acordado con el Gobierno central medidas contra las personas en situación más vulnerable. El problema de la vivienda subyace en que mientras algunos hacen negocio con ella para cada vez más trabajadores y sectores sociales es imposible acceder a ella. Los precios no paran de subir y cada vez es más difícil tanto el acceso a la vivienda como poder hacer frente al gasto que supone. Ante esto, el PNV ha comprado el marco de la extrema derecha, distorsionando el problema, criminalizando a las personas en situación más vulnerable y abriendo la puerta a que sean desahuciadas. Todos los estudios apuntan a que dejar de pagar el alquiler es la última medida que familias y trabajadores adoptan ante las dificultades económicas, previa reducción en otro tipo de gastos. El PNV se posiciona así a favor de los desahucios y en contra de los derechos de los inquilinos y las inquilinas, poniendo por encima del derecho de todos y todas a tener una vivienda la posibilidad de que los propietarios alquilen sus pisos y reciban sus rentas – muchas veces de precios de alquiler muy elevados -.
También hemos conocido estos días que el Gobierno VAsco ha destinado 10,6 M de euros para el aval de viviendas propiedad de 61 jóvenes. Mediante estos avales se financia con dinero público la compra de viviendas de hasta 340.000 euros, cuando el precio medio de compraventa de la vivienda en la CAPV ha sido de 270.525 euros en 2025. De esta manera se crea una oportunidad para encarecer la vivienda a través de estos avales, que van directamente a los bolsillos de bancos y promotoras. En cuanto a Gaztelagun, en 2025 se destinaron 28,2 M de euros al pago de alquileres, también directamente a los bolsillos de los propietarios. Aunque estas medidas pueden ayudar a algunos jóvenes, este uso del dinero público perpetúa los altos precios de la vivienda, haciendo que el dinero de todos y todas acabe directamente en los bolsillos de los propietarios o de los bancos.
LAB considera que se ha demostrado, una vez más, que el PNV defiende los intereses de la patronal inmobiliaria y promueve una política de vivienda contra los trabajadores. Como consecuencia de esta política, que se resume en desamparo ante los desahucios, falta de un parque público de viviendas sólido y sin medidas efectivas para bajar los precios de la vivienda, cada vez hay más personas en situación vulnerable debido al conflicto de vivienda.
Lo que necesitamos es una política de vivienda para deneter el negocio y bajar los precios, para dar pasos que garanticen estructuralmente el acceso a la vivienda, y en lugar de malgastar dinero público con subvenciones a la patronal., emplear los recursos públicos de manera efectiva para garantizar el derecho a la vivienda Necesitamos políticas públicas a favor de los trabajadores.