En contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría de los empleados públicos, la resolución podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano y que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria secundaria. LAB llama a la ciudadanía y a las y a los trabajadores a movilizarse en favor del derecho a que el euskera sea lengua de servicio y trabajo, y a participar en las movilizaciones que la mayoría sindical celebrará el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional español la Ley de Empleo Público Vasco, con la excusa del recurso interpuesto por el PP y VOX al decreto de desarrollo de dicha ley.
Es muy sospechosa la casualidad de que el anuncio de llevar esta ley al Tribunal Constitucional se produzca cuando en el Parlamento Vasco se ha abierto un proceso de debate para modificar la citada ley y blindar la euskaldunización de la administración. Precisamente cuando ya haya transcurrido un año y medio desde la aprobación del decreto utilizado como excusa y la introducción de los recursos contra el mismo. Más que por los tiempos ritmos de los juzgados, parecería que los jueces que han tomado esta decisión lo han hecho guiados por una pulsión política; una vez más, la pulsión de hacer política lingüística desde los juzgados. De hecho, en estos cinco años de ofensiva judicial contra el euskera y con cerca de un centenar de sentencias y resoluciones judiciales los jueces han demostrado reiteradamente su pulsión por hacer política lingüística, yendo más allá de sus competencias, por encima y subyugando la legítima representación parlamentaria obtenida en elecciones y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, imponiendo así los jueces su ideología política.
Tampoco es casual que los autores de los recursos que han puesto en marcha este procedimiento sean el PP y Vox, además de resultar muy elocuente. Los promotores y defensores de la ofensiva judicial han insistido en que quienes han interpuesto recursos ante los juzgados eran «humildes trabajadores en situación precaria», que se trataba de recursos incorporados a una convocatoria laboral que afectaba a su situación concreta. Ha habido casos concretos de este tipo, pero solo en una pequeña proporción. En cambio, los autores de muchos otros recursos han sido personas, sindicatos y partidos que no tenían relación directa con el caso. ¿Alguien defenderá que, cuando PP y Vox interponen recursos, lo hacen en defensa de los intereses de las y los humildes trabajadores precarios? Los sindicatos y partidos progresistas que dicen defender los intereses de estas trabajadoras y trabajadores y la euskaldunización de la administración, tienen la oportunidad de denunciar esta iniciativa de PP y Vox y, de una vez por todas, proteger el derecho de los trabajadores a trabajar en la Administración y el derecho de la ciudadanía ser atendida en euskera.
Esta decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco supone elevar a otro nivel la acción político-judicial contra la euskaldunización de la administración. Si el Constitucional dictara una resolución contraria a la imposición de perfiles lingüísticos en euskera a todos los puestos públicos, comprometería la euskaldunización de toda la administración pública vasca. Antes que nada, el Tribunal Constitucional español no resolverá que en todos los puestos públicos, explícita o implícitamente, el conocimiento del castellano deberá ser obligatorio. El castellano ya es obligatorio y el euskera una opción, una imposición que no van a cuestionar. Pero, más allá de eso, la resolución podría limitar totalmente la necesidad de que todo el personal público sea euskaldún y pueda trabajar en euskera en la función pública. Es decir, en contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría del personal público, podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano, y prohibir que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria y secundaria.
Por eso, sin esperar a la resolución del Constitucional, porque se vulnera el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera en la administración y el derecho del personal público a poder trabajar en euskera, LAB hace un llamamiento a la ciudadanía y a las y los trabajadores a seguir movilizándose en defensa de sus derechos. En concreto, hace un llamamiento a impulsar las movilizaciones que la mayoría sindical vasca ha convocado en la administración pública para las próximas semanas y meses: el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.