El Gobierno Vasco dice una cosa y hace la contraria en lo que respecta a las políticas educativas. Y es que, a pesar de que el propio lehendakari señaló el 8 de septiembre en la presentación y puesta en marcha de la mesa contra la segregación que el sistema educativo debe tener como base la equidad y la inclusión en el sistema educativo, esta misma semana ha impulsado políticas que van en la dirección contraria ligadas al reparto de la matriculación viva en Gasteiz.
El año pasado el alumnado escolarizado mediante la matrícula viva fue de 8.000 en los centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; y este año, recién comenzado el curso escolar, ha comenzado a llegar alumnado fuera de plazo que está siendo escolarizado. Sin embargo, el Departamento de Educación ha optado por continuar con las prácticas segregadoras de hasta ahora y, sin tomar ninguna decisión en la planificación escolar, ni hacer ningún ajuste en la matrícula, desde el inicio del curso ha matriculado a más de 40 alumnos y alumnas en dos escuelas públicas concretas de Gasteiz. Pero es que al menos 13 de estos alumnos y alumnas han sido derivados de centros concertados de Kristau Eskolak que no han podido matricularse en ellos al exigirles el pago de cuotas. En consecuencia, la escuela pública se ha visto obligada una vez más a acoger masivamente a este alumnado, y aunque el profesorado y el personal de educación especial con su trabajo aportan lo mejor de si mismo y se hayan obtenido más recursos, se ha perjudicado el proceso educativo del alumnado. Porque de repente se ha producido un aumento considerable del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo.
Parece, por tanto, que el Departamento de Educación no tiene ninguna voluntad de cambiar las políticas educativas, ya que además de ser consciente de la situación, tiene hecho un diagnóstico de la situación a nivel municipal. Sin embargo, todavía no ha implantado ninguna medida correctora y no ha hecho ningún seguimiento para que esas cuotas que estan prohibidas por ley no las impongan ni cobren los dichos centros de Kristau Eskolak.
Por lo tanto, LAB exige al Departamento de Educación que realice una intervención urgente ante la situación de Gasteiz para que, a través de la inspección, se controle y prohíba el cobro de cuotas a estos centros concertados de Kristau Eskolak, se limite la sobreoferta en relación con la planificación escolar y se evite e impulse la concentración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en centros con Índice de Complejidad Educativa alto o muy alto.
De paso, LAB le pide que haga una apuesta clara por la escuela pública del modelo D, situándola en el centro de las políticas educativas y apoyándola. Y, por último, LAB reivindica que la cohesión social sea el principio rector de las políticas educativas, para poder transformar progresivamente las múltiples realidades que existen en los pueblos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, una realidad que afecta a las diferentes redes.