2026-02-01
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Hacemos un llamamiento a la defensa de los derechos lingüísticos frente a la ofensiva e injerencia del poder judicial

Esta vez le ha tocado a una convocatoria de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) estar en el punto de mira de la ofensiva de los juzgados. Decimos «estar» porque el verdadero objetivo del ataque de los tribunales, “es” el euskera y los derechos lingüísticos de los y las euskaldunes. Así, también se muestran dispuestos a atacar cualquier cosa en el camino de ese objetivo; en este caso, una convocatoria de la DFB en la que son capaces de llegar a poner en juego las plazas de 77 personas para atacar el euskera y los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

LAB considera muy grave esta ofensiva procedente de los juzgados y de ciertos agentes sindicales y políticos que están detrás de estos recursos, desde dos puntos de vista:

• Porque es un acto de imposición por encima del esfuerzo colectivo soberano que estamos haciendo la ciudadanía vasca para recuperar nuestra lengua.

• Y, porque, con ello, están comprometiendo los puestos de trabajo y las condiciones laborales de un sinfín de personas.

Quieren establecer por imposición lo que no pueden ganar por convicción, y eso no lo podemos permitir.

En cuanto a las interpretaciones jurídicas que se están utilizando para ello, también utilizan argumentos e interpretaciones retorcidas e inaceptables: hacen una interpretación de que la oferta de puestos públicos debe diseñarse en función de las características de las posibles personas candidatas, ya que lo que plantean es que las características de los puestos de trabajo deben adecuarse a la capacidad lingüística de los y las posibles aspirantes que quieran concurrir a las convocatorias cuando, por definición, las características de los puestos de trabajo deben definirse en función de la función o servicio público que han de desempeñar.

Por otro lado, queremos recordar que la legislación de la función pública establece la obligatoriedad del conocimiento de la lengua castellana, lo que ningún tribunal ha cuestionado, mientras que, desde el punto de vista del servicio público, el poder judicial se opone reiteradamente a la necesidad de conocer el euskera, cuando son los y las euskaldunes quienes tienen capacidad para prestar el servicio en cualquiera de las dos lenguas.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a participar en la protesta que el jueves, 16 de enero, a las 12:00 horas, realizaremos ante la Diputación convocada por Euskalgintzaren Kontseilua, LAB y ELA.

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