Desde que comenzó a negociarse el convenio provincial de residencias privadas y viviendas comunitarias de mayores en Araba, LAB ha pedido reiteradamente a la Diputación que responda a su responsabilidad en este conflicto. Gracias a la lucha constante que ha mantenido este sector durante años, este mes el sindicato recibió de la Diputación la invitación para celebrar una reunión.
LAB se reunió el miércoles con el diputado de Políticas Sociales Gorka Urtaran y volvió a exigir a la Diputación que intervenga en este conflicto, que adopte los compromisos correspondientes y destine los recursos económicos necesarios para desbloquear la firma del convenio provincial.
En la reunión LAB también planteó claramente que la Diputación no puede seguir dejando dinero público en manos de empresas privadas.
El cuidado de las personas es una necesidad de toda la sociedad que, como servicio social y como derecho de toda la ciudadanía, debe ser siempre un servicio público. Y no basta con plazas públicas para las personas usuarias, sino que también es imprescindible que el personal que les atiende sea empleado y empleada pública, y que mientras tanto, al menos, tenga las mismas condiciones laborales que las y los profesionales del sistema público.