Para LAB sería un error de consecuencias muy graves reducir el tema de las filtraciones a un único delito de revelación de secretos. No compartimos la idea de que esto ha sucedido porque una serie de elementos discordantes actuaban al margen de todo el mundo. Al contrario, tenemos la certeza de que la dirección de Osakidetza ha sido la que ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones, así como su impunidad. Esa dirección de Osakidetza ha sido la que ha ido creando cortinas de humo para esconder esa práctica corrupta.
Entendemos que el diseño y la planificación de la OPE, entre otros, han tenido como finalidad perpetuar prácticas feudales irregulares y que no tienen encaje alguno en un estado de derecho. Es igualmente sorprendente que la única parte de la acusacion que pide la imputación de la dirección sea LAB.
La diferencia entre el ámbito público y el privado es esencial. La contratación en el ámbito público debe descansar en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ningún tribunal debería consentir la conformación irregular de equipos en base a criterios o afinidades personales o políticas.
La finalidad de la fase de instrucción es acumular elementos para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuales, así como la identificación de sus autores. Cuando han pasado más de tres años desde la denuncia inicial, existe múltiples incógnitas que han de ser despejadas, y entre ellas destaca la falta de respuesta en el auto recién notificado, al vericueto organizativo de la OPE para dar una apariencia de transparencia, cuando en realidad Osakidetza mantenía un control total en diferido de la OPE.
Que el juzgado quiera cerrar varias puertas imprescindibles para la aclaración de los hechos es una mala noticia que intentaremos remediar mediante el pertinente recurso.