Sorprende la beligerancia empleada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, para defender los privilegios fiscales de los que goza la clase empresarial en nuestro país; sobre todo si tenemos en cuenta la enorme desproporción que existe entre los impuestos que pagan y las rentas que acaparan.
En todo caso conviene subrayar que, según la información de la Contabilidad Regional proporcionada por el INE, aproximadamente el 46,4% de las rentas generadas (PIB) en la CAV se destina a pagar salarios, mientras que los beneficios empresariales representan el 44,5% del PIB. El resto son impuestos.
Sin embargo, según el Órgano de Coordinación Tributaria, en Gipuzkoa más del 83% de los rendimientos declarados en el IRPF proceden de las rentas del trabajo; y el año pasado en este territorio se recaudaron 1.402 millones de euros por este impuesto. Mientras que a través del Impuesto sobre Sociedades tan sólo recaudaron 259,7 millones de euros; y la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio fue de 48,7 millones.
En definitiva, comprobamos que la élite económica y empresarial paga menos de la mitad de impuestos directos que la clase trabajadora.
A la vista de estos datos, es evidente la urgencia de emprender un cambio radical de la actual política fiscal, evitando que su diseño se decida en Sabin Etxea y en las oficinas de Confebask. En este sentido, nos reafirmamos en los ejes centrales de nuestra propuesta:
• Reforzar la progresividad del IRPF para que recupere su condición de instrumento al servicio de la redistribución de la renta.
• Establecer el mismo tratamiento para todas las rentas, independientemente de cual sea su origen, y así evitar el trato de favor que reciben las rentas de capital y las rentas empresariales y de profesionales.
• Abandonar la estrategia de competencia fiscal que merma la contribución de los beneficios empresariales al sostenimiento del gasto público y amenaza con relegar el Impuesto de Sociedades a un plano marginal.
• Extender la aplicación de un impuesto sobre la riqueza y la grandes fortunas que permita gravar con generalidad todos los bienes que forman parte del patrimonio acumulado.
• Reforzar la persecución del fraude y la elusión fiscal para asegurar la suficiencia recaudatoria del sistema y garantizar los principios de equidad y justicia fiscal.