2024-07-21
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LAB: “Es evidente la urgencia de emprender un cambio radical de la actual política fiscal, evitando que su diseño se decida en Sabin Etxea y en las oficinas de Confebask»

Sorprende la beligerancia empleada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, para defender los privilegios fiscales de los que goza la clase empresarial en nuestro país; sobre todo si tenemos en cuenta la enorme desproporción que existe entre los impuestos que pagan y las rentas que acaparan.

Pero por otro lado, no es de extrañar que la “opción política” de la consejera y su partido sea la defensa de los empresarios frente a la clase trabajadora y la justicia fiscal; después de todo pertenece a esa casta que ha labrado su carrera política a la sombra de las grandes infraestructuras y el negocio del cemento y de las constructoras.

En todo caso conviene subrayar que, según la información de la Contabilidad Regional proporcionada por el INE, aproximadamente el 46,4% de las rentas generadas (PIB) en la CAV se destina a pagar salarios, mientras que los beneficios empresariales representan el 44,5% del PIB. El resto son impuestos.

Sin embargo, según el Órgano de Coordinación Tributaria, en Gipuzkoa más del 83% de los rendimientos declarados en el IRPF proceden de las rentas del trabajo; y el año pasado en este territorio se recaudaron 1.402 millones de euros por este impuesto. Mientras que a través del Impuesto sobre Sociedades tan sólo recaudaron 259,7 millones de euros; y la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio fue de 48,7 millones.

En definitiva, comprobamos que la élite económica y empresarial paga menos de la mitad de impuestos directos que la clase trabajadora.

A la vista de estos datos, es evidente la urgencia de emprender un cambio radical de la actual política fiscal, evitando que su diseño se decida en Sabin Etxea y en las oficinas de Confebask. En este sentido, nos reafirmamos en los ejes centrales de nuestra propuesta:

• Reforzar la progresividad del IRPF para que recupere su condición de instrumento al servicio de la redistribución de la renta.
• Establecer el mismo tratamiento para todas las rentas, independientemente de cual sea su origen, y así evitar el trato de favor que reciben las rentas de capital y las rentas empresariales y de profesionales.
• Abandonar la estrategia de competencia fiscal que merma la contribución de los beneficios empresariales al sostenimiento del gasto público y amenaza con relegar el Impuesto de Sociedades a un plano marginal.
• Extender la aplicación de un impuesto sobre la riqueza y la grandes fortunas que permita gravar con generalidad todos los bienes que forman parte del patrimonio acumulado.
• Reforzar la persecución del fraude y la elusión fiscal para asegurar la suficiencia recaudatoria del sistema y garantizar los principios de equidad y justicia fiscal.
 

 

 

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