Desde LAB nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos de Lautada, Kanpezu y Errioxa ante la grave situación que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la zona están sufriendo.
En mayo del 2020, en plena pandemia, la empresa CLECE convoca a una reunión urgente al comité de empresa y le comunica que había hecho una auditoría del último año, a los kilometrajes que la plantilla pasaba mensualmente. Según dicho informe, las trabajadoras pasaban el kilometraje por encima de su recorrido real.
Cuál fue nuestra sorpresa cuando en plena pandemia, inmersas en la primera ola de la COVID 19, en la que estaba muriendolagenteconcifrasalarmantes,loshospitalesestabandesbordados, cuandonohabíaguantes,mascarillasnilos EPIs necesarios para poder ir a trabajar protegidas para no contagiarnos, que la empresa nos iba a decir esto.
Mientras el mundo salía a sus ventanas y balcones a aplaudir al personal sanitario, CLECE, una de las muchas empresas del millonario Florentino Pérez, estaba auditando el kilometraje de las trabajadoras utilizando para ello Google Maps, una herramienta que no es precisa. Según CLECE las trabajadoras tienen que poner el origen y el destino en esta herramienta y seleccionar el recorrido más corto, aunque esto signifique circular por carreteras que están consideradas caminos rurales. Se informó a la empresa que las carreteras de estas zonas son carreteras rurales, en las cuáles te puedes encontrar tractores o cosechadoras que ocupan casi toda la calzada, rebaños de ovejas, vacas o caballos y que siempre se había cogido el tramo más seguro, que mayoritariamente, es unos kilómetros más largo que el que la empresa dice.
Ese exceso de kilómetros es el que está reclamando la empresa, resultando, en algunos casos, que estas reclamaciones llegan a cifras de hasta 2.000 euros, y según la empresa, si no procedían a su abono las llevaría a juicio, ésta les llegó a decir que no iban a permitir que se hiciesen ricas a cuenta del kilometraje.
La empresa parece olvidar que estas mujeres ponen su coche a disposición de la empresa para hacer el servicio y cobran 0,29 céntimos por kilómetro, y cuando han tenido un accidente y han destrozado su coche o tienen que realizar el mantenimiento del vehículo, son ellas las que asumen ese gasto.
Pero todo no es culpa de CLECE ni de Florentino, no podemos olvidar que esto es un servicio subcontratado por la Diputación a empresas que siempre han primado sus beneficios ante la calidad del servicio. Es por eso que, desde LAB, denunciamos públicamente la precaria situación que estas trabajadoras del sector están sufriendo mientras este tipo de empresas se enriquecen a cuenta de las trabajadoras y con dinero público. Desde LAB seguiremos luchando por una condiciones laborales dignas y por un servicio de calidad y público.