El TSJN no ha tenido en cuenta la alegación presentada por LAB y ha ratificado la prohibición de la Delegación del Gobierno español de las cuatro caravanas de coches que el sindicato tenía organizadas en Navarra para el Primero de Mayo. Esas movilizaciones se iban a realizar en la Comarca de Pamplona, Tierra Estella, Tafalla y Sakana con el objetivo de denunciar la gestión institucional de la pandemia del COVID-19 y reivindicar un nuevo modelo económico y social que sitúe el sostenimiento de la vida en el centro.
Dichas caravanas de coches estaban organizadas en base a un riguroso protocolo establecido por el área de seguridad laboral del sindicato: máximo de 20 vehículos, un conductor por vehículo, entrega y recogida segura del material, etcétera. Así mismo, las caravanas estaban organizadas respetando las premisas del estado de alarma, puesto que está permitido salir a la vía pública para trabajar y la actividad sindical está comprendida dentro de dicho supuesto.
La prohibición supone un grave ataque a los derechos civiles y políticos. Se trata de un despropósito que hoy como en días anteriores miles de personas acudan en sus vehículos a los centros de trabajo y trabajen en muchos casos durante 8 horas sin las debidas medidas de protección mientras que el Primero de Mayo se prohíbe que 20 vehículos realicen una movilización en una fecha tan señalada. Se trata de un abuso de poder, puesto que mientras que a día de hoy no existe ninguna denuncia a ninguna empresa por incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, se opta por prohibir una actividad que sí cuenta con las debidas normas de seguridad. Y se trata de un grave ataque a los derechos democráticos que, no lo olvidemos, siguen rigiendo durante el estado de alarma.
Igualmente, hay que recordar que la semana pasada la Delegación del Gobierno prohibió a la plantilla de Huerta de Peralta movilizarse por sus derechos con ese mismo talante abusivo y arbitrario: trabajar dentro sí, pero protestar a las puertas no, a pesar de hacerlo respetando las normas de seguridad.
La prohibición es intolerable y denota una intencionalidad política que va más allá de la gestión sanitaria de la pandemia. Nos reafirmamos en la denuncia del centralismo, el
autoritarismo y el control social impuestos con el pretexto de la pandemia del Covid19.
Vamos a conversar con los agentes sociales, sindicales y políticos de Navarra para acordar una respuesta acorde a la gravedad de estos hechos.