Con lo ocurrido estos días en relación a la filtración de la convocatoria de OPE de personal celador antes de su publicación en el BON, al sindicato LAB le queda claro que cada vez resulta más urgente revisar la normativa que regula las convocatorias de empleo público, y en definitiva, modificar el modelo actual, totalmente obsoleto y poco garantista para las personas opositoras.
Este último caso, a pesar de que parece resuelto, nos genera ya dudas sobre la trazabilidad de los actos administrativos en la gestión de las convocatorias: ¿Cuáles son los criterios para que esa información se facilite a ciertas personas? ¿Cuál es el órgano que lo decide? ¿Por qué no se informa a las personas que participan en procesos selectivos de la normativa y condiciones de confidencialidad que los rigen?
Con lo ocurrido queda claro que los procesos selectivos de empleo público carecen de una normativa que garantice por un lado la confidencialidad de sus contenidos y por otro la transparencia de las personas responsables de cada actuación y de los criterios que se emplean en las mismas.
Estamos en una coyuntura social en que la ciudadanía demanda que las administraciones públicas proporcionen mecanismos para garantizar la transparencia y la equidad en sus actuaciones y más aún en los procesos de selección de personal. Los casos cercanos de Osakidetza, junto con el que nos ocupa, son muestra clara de ello.