La Directora General de Política Económica del Gobierno de Nafarroa, Izaskun Goñi, ha aprobado la Resolución 173E/2017, de 2 de marzo, por la que se convocan subvenciones por un monto total de 850.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos sobre riesgos laborales. En opinión de LAB, con dicha Resolución el Departamento dirigido por Manu Ayerdi recupera el modelo de prevención de la era UPN, es decir, no tiene otro fin que financiar los gabinetes de Salud Laboral de UGT y CCOO. LAB solicita al Gobierno presidido por Uxue Barkos que deje sin efecto la Resolución mencionada y deposite la gestión integral de la partida de 850.000 euros en el Servicio Navarro de Salud Laboral.
Igor Arroyo e Imanol Karrera, en representación de LAB, han comparecido hoy en Iruñea para dar a conocer las conclusiones que ha sacado el sindicato.
Durante el Gobierno de UPN, determinadas labores de prevención en las empresas se subcontrataban a CEN, UGT y CCOO por valor de cerca de 2 millones de euros anuales. Al igual que en el ámbito de la formación, el Departamento de Desarrollo Económico realizaba sendos convenios para que dichos agentes realizaran labores de prevención, especialmente en las pequeñas empresas. LAB ha sido y es muy crítico con este modelo de subcontratación por cuatro motivos:
1. Supone una dejación inexplicable respecto a las competencias propias del Gobierno de Navarra. El Gobierno dispone de un buen Servicio de Salud Laboral y lo que debería de hacer es invertir en el mismo, creando puestos de trabajo públicos.
2. Entidades que concurren en elecciones, como los sindicatos o los partidos políticos, no son indicados para gestionar servicios públicos, puesto que al prestar dichos servicios realizan proselitismo o promoción corporativa implícita o explícitamente. LAB esta de acuerdo con que se financie la formación en salud laboral de los delegados y delegadas sindicales de cada sindicato, pero el seguimiento y promoción de la prevención en las empresas debe ejecutarse directamente desde el Servicio (antes Instituto) Navarro de Salud Laboral.
3. Nunca se ha evaluado la incidencia real de las actividades de salud laboral subcontratadas. No hay ningún dato que avale su efectividad. Últimamente hemos escuchado de boca de UGT y CCOO que el repunte de los accidentes laborales en Navarra se debe a que en el 2016 se eliminaron los programas subcontratados; sin embargo, salvo en los años de crisis económica, los datos de siniestrabilidad laboral en Navarra han sido igualmente altos, a pesar de la existencia de dichos programas.
4. Las últimas informaciones publicadas en Navarra apuntan a la presunta financiación de las estructuras de organización y acción sindical de UGT y CCOO con fondos públicos de formación y otras partidas. Es decir, el dinero público que supuestamente debía destinarse a dar un determinado servicio público subcontratado, se habría desviado para fines corporativos.
El nuevo Gobierno de Navarra está teniendo una postura errática en este importante asunto. En el año 2016 eliminó de un plumazo los programas subcontratados, pero lo hizo sin incrementar sustancialmente los medios del Servicio Navarro de Salud Laboral.
Tras las presiones de UGT y CCOO, en el proyecto de presupuestos del 2017 apareció un partida denominada "Proyectos de prevención de riesgos laborales" y dotada de 1.100.000 euros. Ante las sospechas de que dicha partida estaba destinada a satisfacer las exigencias de UGT y CCOO, diferentes agentes nos opusimos frontalmente a la misma. Finalmente, los cuatro partidos que sustentan al Gobierno decidieron destinar 250.000 euros directamente al Servicio Navarro de Salud Laboral, por lo que la partida mencionada se quedó en 850.000 euros.
Hace varias semanas, LAB tuvo conocimiento de la circular que se adjunta, fechada el 5 de enero del presente año. En la misma, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT manifiesta su confianza en acceder a fondos del Gobierno de Navarra para mantener su estructura corporativa de Salud Laboral: “En relación a los Programas-Convenios de Salud Laboral, de momento no tenemos asignado ninguno y se espera para el mes de febrero, poder disponer de una estructura mínima de asesoramiento a través de un Convenio que se espera obtener con el Gobierno”
El 2 de marzo se aprueba una resolución de la Directora General de Política Económica, Izaskun Goñi, convocando un concurso para asignar los 850.000 euros mencionados a entidades sin ánimo de lucro. Se plantea subvencionar hasta el 100% de las actividades, con un máximo por asociación de 70.000 euros si se presenta de manera individual y otros 80.000 euros adicionales si lo hace en asociación. Es decir, UGT y CCOO podrían optar, cada organización, a 150.000 euros de esta partida. Ahora bien, como tanto en UGT como en CCOO cada Federación tiene personalidad jurídica propia, podrían presentarse programas de diferentes Federaciones, por lo que el monto total por cada organización podría ser mayor.
Parece evidente que tanto UGT como CCOO estaban al corriente de esta convocatoria y contaban con obtener una suma importante, como prueba la Circular antes mencionada. Era tal la seguridad con la que contaban, que el autor de la Circular comete una error significativo, ya que habla de las expectativas de tener estructura de salud laboral a través de un “Convenio” con el Gobierno, cuando en realidad se trata de una convocatoria abierta a la que pueden optar diferentes entidades. Es decir, la convocatoria, ya anunciada desde que se aprobaron los presupuestos en diciembre del año pasado, se percibe como un mero trámite, hasta el punto que se le denomina “Convenio” cuando en realidad no lo es.
El exiguo plazo de 20 días naturales que concede el Gobierno para presentar los proyectos, favorece a aquellos que, como UGT y CCOO, tienen el trabajo adelantado; tal y como prueba la Circular, UGT estaba preparándose al menos desde el 5 de enero. Así mismo, al establecer que las entidades que opten deben acreditar haber desarrollado actuaciones relacionadas en “uno de los tres años” (2014, 2015 y 2016) se está facilitando la adjudicación a UGT y CCOO, puesto que en el 2016 no pudieron hacerlo al no tener subvención pero sí lo hicieron en 2014 y 2015, con los Gobiernos de UPN.
Otro aspecto que añade gravedad al asunto es el hecho de que todo este proceso se está desarrollando al margen del Consejo de Salud Laboral de Navarra, que recientemente ha aprobado un Plan de Acción para los próximos años. Es decir, se pretenden asignar 850.000 euros vía expres y directamente desde el Departamento de Desarrollo Económico, al margen de la institución que debe liderar la lucha contra la siniestrabilidad, el Servicio Navarro de Salud Laboral. Tras la publicación de esta denuncia, a buen seguro el Gobierno argumentará que contará con los técnicos del Servicio Navarro de Salud Laboral para dirimir sobre la convocatoria; pero aunque así fuera, no restaría gravedad al hecho de que sea el Departamento de Desarrollo Económico el que gestiona una convocatoria de salud laboral y que dicha convocatoria tenga presumiblemente el fin de financiar a UGT y CCOO.
Por todo ello, LAB solicita al Gobierno presidido por Uxue Barkos que deje sin efecto la Resolución mencionada y deposite la gestión integral de la partida de 850.000 euros en el Servicio Navarro .