La moción presentada recogía en gran medida las reivindicaciones de LAB, y de la mayoría sindical y social vasca, que tenemos en este sentido, y demuestra la escasa voluntad política de quienes, en estos momentos, se encargan de la gestión de las administraciones públicas.
La subcontratación de obras y servicios ha sido una práctica puesta en marcha por los partidos que han gobernado las instituciones de Euskal Herria, principalmente PNV, PSE y UPN, una decisión política con graves consecuencias para los y las trabajadoras. La subcontratación ha acarreado un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, y, además, por efecto de la crisis, se han destruído y reducido puestos de trabajo también en la propia subcontratación.
LAB tiene muy claro que los servicios que se prestan a la ciudadanía deben ser realizados por trabajadoras y trabajadores públicos. Pese a ser ese nuestro objetivo, somos conscientes de que muchos de estos servicios se subcontratan, y, en consecuencia, tenemos que trabajar por regular esta práctica y eliminar la precariedad en la subcontratación.
Por esa razón, hacemos una apuesta por la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de contratación en las administraciones públicas; cláusulas sociales que van orientadas a proporcionar garantía y calidad al empleo, procurar la igualdad entre hombres y mujeres, garantizar los derechos lingüísticos, criterios medioambientales y cumplimiento de los derechos sociales básicos. Queremos que todo esto quede contemplado en una norma de obligado cumplimento.
Las medidas que el sindicato LAB ha propuesto, y que se recogían en la moción del día 24, son medidas legales, cuya implementación sólo depende de la voluntad de los partidos políticos, y por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Arrigorriaga, compuesto por PNV y PSE, no parece que haya voluntad alguna en este sentido.