En su intervención Garbiñe Aranburu ha destacado que “hoy vivimos peor que hace ocho años”. Estamos inmersos en la era de la precariedad. Las medidas y reformas impuestas con la excusa la crisis han traído consigo que situaciones como el desempleo, los recortes de sueldo, el deterioro de las condiciones laborales y la extensión de la pobreza sean vistas como habituales. En este sentido ha tenido la ocasión de dar algunos datos: “hay 182.000 personas sin empleo en Hego Euskal Herria –el doble de hace 7 años- y más de la mitad no recibe ningún tipo de prestación. Se están extendiendo los sueldos de miseria. La riqueza que se crea cada vez está pero repartida, cada vez hay más diferencia entre los sueltos más altos y los más bajos, también entre hombres y mujeres. Apenas se crea nuevo empleo, o éste es muy precario (jornadas parciales, temporalidad, flexibilidad…). Cada vez menos trabajadores y trabajadoras están protegidas por la negociación colectiva”.
Ahora, tanto políticos como gobiernos dicen que entraremos en una fase de crecimiento económico. Pero la realidad es bien distinta, “estamos inmersos en un proceso de involución de las relaciones laborales”. Hoy en día nadie está fuera del proceso de precarización. No damos ningún valor al discurso del crecimiento, puesto que estamos ante un proceso de destrucción de relaciones laborales. “LAB tiene muy claro que no ayudará a consolidar esta situación”. Según Aranburu “hay que dejar la reforma fuera de nuestro ámbito y poner límites a la situación de precariedad que vivimos”. En este sentido el sindicato ha propuesto distintas reivindicaciones para ello. La apuesta por un empleo de calidad estableciendo el salario mínimo en 1.200 euros y la semana laboral de 35 horas para repartir el empleo.
LAB seguirá defendiendo la negociación colectiva, pero Garbiñe Aranburu ha destacado que “los convenios en sí —sin tomar en cuenta sus objetivos y sus contenidos— no pueden ser un objetivo”. Así considera que los acuerdos firmados en minoría son “inadmisibles y antidemocráticos”, no tienen legitimidad y, por lo tanto, no deberían tener amparo institucional y político. En este sentido, la secretaria de negociación colectiva ha hecho una pregunta a los representantes políticos: “¿Cómo unas reglas de juego que serían inadmisibles en el Parlamento pueden ser legítimas en las relaciones laborales?”
“La desregularización de las relaciones laborales es consecuencia de decisiones políticas. No se trata de un mero problema laboral entre patronal y sindicatos.” Y las instituciones vascas, y los partidos políticos de aquí tienen responsabilidades. No pueden tener una actitud equidistante y aséptica, o lo que es peor, no puede defender a una élite económica como tantas veces lo han hecho. Por ello, al igual que lo hemos hecho hoy en el Parlamento, seguiremos interpelando a las instituciones para que den pasos hacia la construcción de un marco vasco de relaciones laborales. Porque ahí esta la clave.