2026-04-13
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El sindicato LAB no suscribirá el primer convenio colectivo de residencias privadas de mayores y viviendas comunitarias de Araba

Tal y como anunció el pasado mes de diciembre, y no habiéndose subsanado el texto definitivo, el sindicato LAB no suscribirá el primer convenio colectivo de residencias privadas de mayores y viviendas comunitarias de Araba.

Hoy lunes, 13 de abril de 2026, a las 13:30, en el CRL de Gasteiz, se procederá a la firma de dicho convenio. Tras analizar el texto final, LAB denuncia que este continúa sin incluir cláusulas de blindaje que garanticen el mantenimiento de las condiciones reguladas en los centros de trabajo. Sin estas garantías, los acuerdos de empresa alcanzados durante los años de ausencia de un convenio sectorial quedan desprotegidos ante una posible pérdida de derechos.

Este acuerdo pone en riesgo los logros obtenidos gracias a la lucha de las plantillas en numerosas residencias alavesas, al no incluir la cláusula de “garantía de condiciones más beneficiosas” o la cláusula ad personam. Es decir: las condiciones obtenidas mediante acuerdos en los marcos de las empresas corren el riesgo de perderse una vez que termine la vigencia de dichos acuerdos. Esta circunstancia es especialmente grave, ya que afecta directamente a cerca de la mitad de las trabajadoras del sector, que podrían ver peligrar sus condiciones laborales actuales.

LAB ha defendido y promovido la lucha en las residencias privadas desde el inicio, pues considera imprescindible una regulación territorial. La lucha contra la estatalización así como su compromiso a favor de la justicia para todas las trabajadoras de Araba, buscando eliminar las diferencias salariales y laborales entre empresas, ha sido el motor que ha mantenido al sindicato en la lucha durante todos estos años.

El sindicato LAB considera que sucumbir al chantaje de las patronales, poniendo en riesgo las mejoras de tantas trabajadoras, es una gran irresponsabilidad; este acuerdo dista mucho de ser el que el sector merece. Una irresponsabilidad que va de la mano con la actitud de la Diputación Foral de Araba, cuyo Departamento de Políticas Sociales ha pasado del abandono histórico a este sector a promover un acuerdo que vulnera los derechos de gran parte de las plantillas.

«No nos cansamos de recordar a las administraciones que las trabajadoras de residencias privadas somos trabajadoras públicas», señala LAB. Por ello, exige compromisos reales que permitan a este territorio avanzar hacia un sistema público de cuidados que incluya a estas trabajadoras.

En esa dirección, y con el fin de evitar que el contexto actual suponga un retroceso en los derechos adquiridos, LAB impulsará de nuevo la lucha residencia por residencia. No descansará hasta lograr las condiciones dignas que el trabajo en el sector privado requiere y exige. 

LAB y ELA iniciarán una dinámica de huelga en los ayuntamientos de la CAV

Exigirán a EUDEL y a los partidos políticos PNV, EH Bildu y PSE-EE que mejoren las condiciones laborales en las mesas negociadoras del Udalhitz y de los ayuntamientos. Además del paro de 2 horas del 23 de abril, los días 14 de mayo y 4 de junio se convocarán jornadas de huelga de jornada completa.

Casi año y medio después de iniciar la negociación del Udalhitz, las reivindicaciones de las personas trabajadoras no están sobre la mesa. EUDEL ha puesto sobre la mesa contenidos insuficientes y en general carentes de concreción. En los ayuntamientos que están fuera de Udalhitz (capitales y grandes ayuntamientos en su mayoría) está ocurriendo lo mismo. Por lo tanto, llevamos muchos años sin un acuerdo que mejore las condiciones laborales del sector y la mayoría de las mesas no están en marcha.

Así, las condiciones laborales de las y los trabajadores de los ayuntamientos van empeorando año tras año. Mientras tanto, el año pasado se puso en marcha la mesa de negociación de Udalhitz y está abierta la posibilidad de mejorar las condiciones laborales que llevan sin mejorarse más de 16 años. Sin embargo, los partidos políticos PNV, EH Bildu, PSE-EE e independientes siguen hoy sin proponer propuestas integrales para el sector en ninguna mesa, mientras que aprueban sin contestación medidas relacionadas con el empleo y el salario procedentes de Madrid. Acuerdos que abren el camino a la precarización y privatización de las y los empleados públicos.

Compartiendo este análisis y exigiendo llevar contenidos a las mesas para negociar la mejora de las condiciones laborales, LAB y ELA han llegado a un acuerdo para poner en marcha conjuntamente una dinámica de huelga en los ayuntamientos de la CAV. Acordadas una serie de reivindicaciones comunes, en los próximos meses se convocarán movilizaciones, paros y jornadas de huelga. En primer lugar, el 17 de abril se celebrarán concentraciones conjuntas en las comarcas. Posteriormente, el 23 de abril se realizarán paros de 2 horas de 11:00 a 13:00 de la mañana. Por último, los días 14 de mayo y 4 de junio están convocadas huelgas de jornada completa en todos los ayuntamientos de la CAV.

Estas son las reivindicaciones mínimas que han acordado y que defenderán en la mesa de Udalhitz y en las mesas negociadoras de cualquier ayuntamiento:

• Salarios:
→ Recuperación de la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años.
→ Compromiso de reconocimiento y recuperación de la deuda previamente perdida.
→ Ninguna persona trabajadora subcontratada por debajo del salario mínimo de 1.500 €.

• Empleo:
→ No a la privatización. Y publificar lo privatizado, subrogando a su personal.
→ Estabilizar el empleo: incluir todos los puestos de trabajo de carácter estructural en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
→ Jornadas del 100% en sectores feminizados (especialmente cuidados y limpieza).
→ Reducir las tasas reales de temporalidad mediante procesos y consolidación del personal eventual.

• Medidas de rejuvenecimiento de la plantilla
→ Garantizar los contratos de relevo para todas las y los trabajadores, funcionarios y laborales. Derecho de las personas trabajadoras.
→ Derecho a la reducción de jornada por razón de edad, sin reducción de sueldo ni de cotizaciones. Posibilidad de reducción de un tercio de jornada en los años iniciales y de media jornada posteriormente. Derecho a que sean acumulativas.

• Jornada:
→ Reducir la semana laboral y la jornada anual.
→ Reducir el horario lectivo de las escuelas municipales de música y de los euskaltegis.
→ Realizar concursos de traslados junto con convocatorias de oferta de empleo.

• Euskara:
→ Todos los puestos de trabajo serán bilingües.
→ La obligatoriedad de ambos idiomas para ocupar por primera vez un puesto de trabajo.
→ Planes de euskera para euskaldunizar a quienes trabajan en la actualidad.
→ La obligatoriedad de las dos lenguas oficiales en todos los puestos de trabajo en 12 años.

• Medidas de igualdad:
→ Consensuar medidas para acabar con las brechas salariales.
→ Seguimiento, aplicación y evaluación de los protocolos de acoso.
→ Protocolos eficaces contra la LGTBIfobia.
→ Medidas eficaces para revertir la situación en colectivos masculinizados.

• Salud Laboral:
→ Cuando la baja médica sea por enfermedad común, las y los trabajadores percibirán una compensación salarial del 100% hasta la finalización de la misma.
→ Consensuar medidas concretas para aliviar las cargas de trabajo. Sustituciones desde el primer día.
→ Evaluaciones consensuadas de riesgos psicosociales y ergonómicos en el plazo de un año. Y en un año después de acordar las medidas.

• Licencias, permisos y medidas de conciliación:
→ Reducciones de jornada y excedencias para el cuidado, sin límite de edad de la persona atendida.
→ Vinculograma para la concesión de permisos

• Medidas para la transición ecosocial:
→ Planes de movilidad consensuados.
→ Sin mutuas; gestión pública de bajas.

• Procesos de selección:
→ Todos los procesos de selección deberán ser realizados por la entidad local, incluidos bomberos y bomberas y policías locales. Bases consensuadas con las instituciones.

Los sindicatos LAB y ELA llaman a todas las personas trabajadoras de los ayuntamientos a participar en estas tres jornadas de paro y huelga, así como a participar en las movilizaciones y acciones convocadas.

LAB exige políticas públicas propias para que la regularización en Nafarroa sea un punto de partida para materializar derechos en materia de empleo y avanzar en muchos otros

A convocatoria de la presidenta del Gobierno de Nafarroa hoy se ha celebrado una reunión para abordar el tema del empleo y la regularización de personas migrantes. El sindicato LAB exige una mejora en la regularización y el control del empleo: contratos reales y verificados, altas correctas en la Seguridad Social, respeto de jornadas y descansos, una actuación efectiva de la Inspección de Trabajo, el cumplimiento de los convenios laborales y el reconocimiento del derecho a la salud laboral, especialmente en sectores precarizados como el trabajo doméstico y de cuidados. Por ello, el sindicato defiende que la necesidad de un SMI acorde a nuestra realidad es indispensable.

El sindicato LAB destaca y valora la victoria social y popular de la Plataforma Regularización ¡YA! así como la lucha y la presión sostenida del movimiento migrante organizado para alcanzar la aprobación a trámite de la regulación. Algo que representa un paso de justicia social para el pago de una deuda pendiente.

En Nafarroa no queremos vivir condicionadas a las decisiones, parciales e interesadas, del Gobierno español. Es por ello, que entendemos necesario profundizar en el autogobierno, asumir soberanía y desarrollar políticas públicas propias para estar en condiciones de tomar decisiones que van mucho más allá de la gestión de las solicitudes, y que tienen que ver con dirección estratégica de los medios, recursos e infraestructuras necesarios para que las vecinas migradas y/o racializadas que han decidido hacer su vida aquí puedan hacerlo en condiciones de dignidad, justicia y reconocimiento pleno de su trabajo y todos sus derechos.

Es importante que la presidenta Chivite y los empresarios tomen nota de ello: las personas migrantes son mucho más que mano de obra de usar y tirar. Por ello, algo positivo de esta reforma es que se desliga el vínculo histórico hasta ahora determinante entre la consecución de los permisos de residencia y la posesión de un contrato de trabajo o de solvencia económica.

El sindicato recuerda que para mejorar la vida del conjunto de las personas que viven y trabajan en Nafarroa y de manera especial las personas migradas y racializadas, es imprescindible asegurar unos ingresos mínimos acordes a la realidad socioeconómica de la comunidad foral. Hace menos de un mes de la convocatoria de Huelga General en nuestro territorio a favor de un SMI propio de 1.500 euros frente a la cual tanto el partido de Chivite como la patronal de la mano de CCOO y UGT se han opuesto frontalmente.

Por ello, LAB exige al Gobierno de Nafarroa que más allá de reuniones y declaraciones, de pasos efectivos en esta dirección; por un lado tomando las iniciativas necesarias para garantizar las capacidades competenciales para fijar un SMI propio, y por otro se fortalezca el protagonismo y gestión pública del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare, y que a su vez los empresarios de la CEN asuman el compromiso de realizar la intermediación laboral a través del SNE-NL como reconocimiento y colaboración con las políticas activas de empleo en Nafarroa.

En Nafarroa 52.571 personas cobran menos de 1.500 euros brutos al mes, un salario con el que resulta imposible hacer frente a las necesidades básicas en Nafarroa. No es una casualidad que más de la mitad de ellas sean personas trabajadoras migrantes. Según cálculos del Gobierno serán unas 10.000 las personas migrantes que se incorporen al sistema. ¿Cuáles van a ser sus condiciones laborales?

En consecuencia, exigimos al Gobierno de Nafarroa un control del empleo: contratos reales y verificados, altas correctas en la Seguridad Social, respeto de jornadas y descansos, una actuación efectiva de la Inspección de Trabajo, el cumplimiento de los convenios laborales y el reconocimiento del derecho a la salud laboral, especialmente en sectores precarizados como el trabajo doméstico y de cuidados. Y a los empresarios de la CEN que garanticen un empleo de calidad y no se aprovechen de la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Los trabajadores de Estaños Matiena de Zumaia irán a la huelga para exigir que se garantice su salud y seguridad

Se trata de una empresa en la que se han producido varios accidentes laborales y en la que falleció un trabajador el pasado 31 de enero. Sin embargo, la empresa no ha adoptado medidas inmediatas para garantizar la salud, prevención y seguridad de los trabajadores y ha actuado de mala fe con la representación de los trabajadores. Para denunciarlo, realizarán una huelga del 13 al 17 de abril.

Los trabajadores de la empresa Estaños Matiena, ubicada en Zumaia, iniciarán una huelga de cinco días el próximo 13 de abril. La falta de voluntad de la empresa para solucionar las graves carencias, deficiencias e incumplimientos en materia de prevención, seguridad y salud laboral han motivado a los trabajadores a hacer huelga.

El preaviso para la huelga del 13 al 17 de abril se registró el pasado 1 de abril en el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.

Entre el 8 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de 2026 se han producido diferentes accidentes de trabajo en Estaños Matiena. El accidente laboral ocurrido el pasado 31 de enero provocó la muerte de un joven trabajador. Estos datos no son meros registros para engordar una estadística cruel, sino el reflejo de un ecosistema que pone en peligro la salud y la vida de los trabajadores.

Ante esta situación, la empresa ha hecho caso omiso de los intentos y requerimientos de los trabajadores para que se organice la prevención, profundice de forma ordenada en la seguridad y se integre correctamente la normativa de salud laboral. 

Por el contrario, ha respondido con amenazas, actitudes autoritarias y falta de transparencia, ocultando información, rechazando cualquier responsabilidad y negando los derechos y competencias que corresponden a la representación legal de las y los trabajadores.

Los trabajadores llevan tiempo denunciando el mal estado de la maquinaria y la falta de mantenimiento, así como los efectos sobre la salud de los productos químicos que se utilizan. El accidente laboral mortal ocurrido a principios de año llevó la situación al límite y puso de manifiesto la necesidad de reforzar de inmediato las medidas preventivas.

Los trabajadores denuncian que la empresa no ha adoptado las medidas necesarias para preservar la salud y garantizar la seguridad de los trabajadores y, además, ha actuado con mala fe y opacidad en la relación con la representación de los trabajadores, sin dar respuesta a las peticiones formuladas por escrito, retrasando las respuestas, negando información al delegado de prevención y manteniendo oculto injustificadamente el informe de la inspección de trabajo durante mucho tiempo.

Los trabajadores consideran que la política de la empresa es contraria a los principios básicos de la prevención, lo que pone directamente en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta afirmación se basa en los vacíos, carencias e incumplimientos que se enumeran junto con el registro de la huelga: 

  • Incumplimiento de las obligaciones de información y consulta, previstas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
  • Falta de integración de la prevenciónde riesgos laborales en la gestión y producción.
  • Ausencia de la figura del recurso preventivo en la empresa.
  • Falta de información, formación e instrucciones de trabajo a los trabajadores sobre las medidas de prevención de riesgos laborales.
  • Falta de coordinación de las actividades preventivas con el resto de trabajadores pertenecientes al tejido empresarial de Estaños Matiena y que trabajan en sus instalaciones.
  • Falta de evaluación de riesgos químicos y de medidas colectivas.
  • Ausencia de revisión de las evaluaciones de riesgo después de los últimos accidentes laborales ocurridos.
  • Falta de planes de modernización técnica y mantenimiento preventivo para adecuar las instalaciones y equipos de trabajo a la prevención de riesgos laborales.
  • Incumplimiento de la normativa de los equipos de trabajo, según lo determinado por Osalan, la Inspección de Trabajo y el propio servicio de prevención externo.
  • Política empresarial contraria a los principios de la acción preventiva, porque, en lugar de gestionar la prevención en condiciones de seguridad y salud (con el asesoramiento del servicio de prevención y de Osalan), se gestiona en términos jurídicos y con el asesoramiento de un abogado.

Los trabajadores de Estaños Matiena tienen claro que es imprescindible e inaplazable tomar medidas inmediatas, porque la salud, la prevención y la seguridad no pueden quedar relegadas a un segundo plano. Ante la actitud cerrada e indiferente de la empresa, porque su vida y su salud importan y porque necesitan condiciones laborales dignas, van a ir a la huelga. 

Al mismo tiempo, como hasta ahora, manifiestan su disposición a contribuir de forma honesta a la prevención y mejora de las condiciones de trabajo a través de la representación de los trabajadores. Para ello, piden abrir con las empresa canales de diálogo consensuados, estables y eficientes, actualmente inexistentes. 

LAB califica de decepcionante la reunión con el Departamento de Trabajo y Empleo. Ninguna respuesta a las cuestiones clave sobre Tubos Reunidos

En la reunión mantenida hoy con el Departamento de Trabajo y Empleo en relación con el conflicto abierto en Tubos Reunidos, lejos de aportar certezas, se ha vuelto a evidenciar la falta de transparencia que está marcando todo este proceso, así como el preocupante papel que están desempeñando las instituciones.

Desde LAB hemos trasladado con claridad que la sensación existente en la plantilla es que, en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, la presión se está situando sobre las y los trabajadores, el comité y determinados sindicatos. Se habla de responsabilidad, de evitar el conflicto o de no judicializar el proceso, pero no estamos viendo el mismo nivel de exigencia hacia la dirección de la empresa, que es quien ha puesto sobre la mesa un plan basado en despidos, cierre de la acería y externalización de la logística.

En este sentido, LAB ha manifestado que no se puede dar por válido el planteamiento de la empresa como si fuera inevitable. Que exista una situación económica compleja no significa que cualquier medida esté justificada, y mucho menos decisiones irreversibles que afectan de lleno al empleo y al futuro industrial. La empresa sigue manteniendo intacto su plan, sin haber abierto en ningún momento una negociación real sobre alternativas, ni haber ofrecido explicaciones suficientes que permitan entender por qué esas medidas son las únicas posibles.

Durante la reunión, LAB ha exigido también transparencia sobre cuestiones clave que siguen sin respuesta: la negociación con la SEPI, la situación real de la refinanciación de la deuda o la posible existencia de inversores. Son elementos fundamentales para comprender el escenario actual, pero a día de hoy siguen envueltos en opacidad. No es aceptable que se pida responsabilidad a la parte social mientras no se comparte información básica para poder realizar un análisis riguroso de la situación.

Asimismo, LAB ha querido dejar claro que la huelga indefinida no es el problema, sino la consecuencia directa de las decisiones adoptadas por la empresa. El conflicto no surge de la nada, sino de un planteamiento que la plantilla ha rechazado de forma clara. Por ello, la pregunta no es por qué hay huelga, sino qué alternativas reales se están poniendo sobre la mesa para resolver el conflicto. Y la respuesta, a día de hoy, es que no hay ninguna.

Por otro lado, LAB ha denunciado también la falta de implicación de otras instituciones. Tras más de dos semanas desde que se solicitaron reuniones, el Departamento de Industria y la Diputación Foral de Araba han convocado finalmente un encuentro para el 16 de abril. No obstante, desde LAB se considera que la respuesta ha sido tardía en relación con la gravedad del conflicto.

LAB reitera que no se niega a abordar la situación de la empresa ni a buscar soluciones, pero no va a aceptar que la única salida pase por la destrucción de empleo, el desmantelamiento de la acería y la externalización de áreas estratégicas. La responsabilidad no es aceptar sin más el planteamiento de la empresa, sino defender el empleo, el futuro industrial y el del conjunto del territorio. 

Por ello, LAB exige a las instituciones que dejen de situar la presión en la plantilla y que asuman el papel que les corresponde: exigir a la empresa la retirada de las medidas, garantizar la transparencia del proceso y promover una negociación real, sin chantajes ni imposiciones. Porque lo que está en juego no es solo un conflicto laboral, sino el futuro de cientos de familias y de toda una comarca. 

Trabajadoras del hospital San Juan de Dios en lucha, por un convenio digno

Hace ya varios meses que las trabajadoras del Hospital San Juan de Dios nos estamos movilizando y luchando por un convenio digno. Las razones son diversas. La plataforma presentada a la dirección de la empresa hace más de un año está cogiendo polvo debido a su actitud indiferente. Mientras tanto, la situación de las trabajadoras sigue igual: condiciones laborales congeladas, pérdida de poder adquisitivo y una precarización creciente.

A pesar de que el Departamento de Salud y la Diputación Foral de Gipuzkoa nos financian en gran parte, y de que estamos ofreciendo un servicio que debería ser público, las trabajadoras estamos sufriendo día a día los efectos precarizadores de la privatización. Por ello, tenemos claro que nuestro objetivo es la equiparación con las condiciones laborales del personal público, y somos conscientes de que será un camino difícil. Aun así, seguiremos adelante sin rendirnos.

A pesar de los numerosos intentos realizados, a día de hoy no vemos otro camino que seguir movilizándonos. Todos los miércoles estamos llevando a cabo concentraciones en la puerta del hospital, tal y como hicimos anteriormente ante el Departamento de Salud y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las trabajadoras necesitamos un convenio y unas condiciones laborales dignas. Desde hoy, pedimos a la dirección de la empresa que deje de mercadear con nuestros derechos y que inicie una negociación real.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre Euskotren evidencia la necesidad de un nuevo marco legal que sitúe el euskera al mismo nivel que el castellano

Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso presentado por el sindicato UGT contra los perfiles lingüísticos de una convocatoria de empleo realizada en 2022 por Euskotren. Este caso fue analizado inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que también rechazó las pretensiones de UGT. La sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar dicha decisión.

En el marco del proceso de estabilización del empleo, UGT impugnó los perfiles lingüísticos en euskera establecidos por Euskotren, alineándose con la ofensiva judicial que pretende revertir los avances logrados durante décadas en la normalización del euskera, en la misma línea que otros sindicatos como CCOO.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su momento, como ahora el Tribunal Supremo no entran a valorar la legitimidad de los perfiles lingüísticos, ni la supuesta desproporción o la pretendida “imposición del euskera” denunciada por UGT. Los tribunales señalan que dichos perfiles derivan del plan de euskera y del convenio colectivo aprobados por Euskotren, donde radica su legitimidad. Además, estos acuerdos no fueron impugnados en su momento; es más, fueron aceptados por la propio UGT. Por ello, los tribunales consideran que UGT no puede cuestionar ahora en sede judicial medidas que previamente avaló.

Asimismo, el Tribunal Supremo indica que la demanda de UGT se basa en una impugnación genérica de los perfiles lingüísticos, ya que no es posible solicitar de manera imprecisa que el conocimiento del euskera deje de ser obligatorio para pasar a considerarse únicamente como mérito. Además, UGT vuelve a vincular de forma interesada la exigencia del euskera con una “imposición”, sugiriendo que su exigencia resulta excluyente.

Aunque en esta ocasión la sentencia es favorable, conviene valorar la noticia con cautela, ya que no entra en el fondo de la cuestión. La sentencia es positiva en la medida en que rechaza este intento de anular los perfiles lingüísticos de Euskotren; sin embargo, no cuestiona la esencia de la ofensiva judicial, política y sindical contra la euskaldunización de la administración, ni servirá para frenarla.

Esta sentencia favorable es consecuencia de que, en su momento, por iniciativa de las y los trabajadores —incluida la sección sindical de LAB— se incorporaron medidas adecuadas en favor de la euskaldunización en el convenio colectivo y el plan de euskera de Euskotren. Es decir, dichas medidas contaban con respaldo normativo. Por ello, para frenar definitivamente esta ofensiva y dar un salto cualitativo en la euskaldunización de la administración, resulta imprescindible dotar a este proceso de un marco legal adecuado. El proceso de reforma de la Ley de Empleo Público abierto en Parlamento Vasco debe tener ese objetivo, y LAB vuelve a reivindicar que la reforma legal debe avanzar en esa dirección: situar el estatus del euskera y su exigencia en la administración al mismo nivel que la del castellano. 

El desempleo y las desigualdades se están perpetuando; mismas lógicas y diferentes tipos de precarización

Este mes de marzo el paro de Hego Euskal Herria ha descendido en 1.863 personas respecto al año anterior, pero ha subido un 0,02% respecto al último mes. Siguiendo la lógica de siempre, son las mujeres* y las personas migrantes las que sufren más duramente el paro (el 58,99% son mujeres* y las personas migrantes siguen en situación de vulnerabilidad). La recuperación del empleo sigue siendo débil, insuficiente y el mercado laboral sigue golpeado por la precariedad. No basta sólo con crear empleo, sino que es imprescindible garantizar que sea digno, estable y con derechos.

Consideramos especialmente preocupante que solo el 25,4% de los contratos registrados en marzo han sido indefinidos. A pesar del ligero incremento respecto al año anterior, tres de cada cuatro contratos siguen siendo temporales. Esto pone de manifiesto que la precariedad sigue siendo estructural en el mercado laboral de Euskal Herria. Por ello, el incremento de la contratación no puede considerarse como un indicador suficiente de mejora, ya que la mayoría de los contratos siguen siendo temporales.

En cuanto a los sectores, cabe destacar el deterioro del empleo industrial, único en el que sube el paro respecto al año anterior (1,11%). La industria ha sido históricamente un pilar fundamental para la creación de empleo de calidad en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible impulsar y apoyar políticas públicas que refuercen el tejido productivo y garanticen una transición económica que no destruya el empleo y los derechos laborales.

Mientras no se vea la necesidad de poner en marcha políticas eficaces que eviten la inestabilidad laboral estructural, los y las jóvenes seguirán siendo precarizadas. Así lo indican sus datos, ya que el paro se ha incrementado un 0,9% entre las personas sin empleo anterior, lo que indica dificultades para acceder al primer empleo. Las más golpeados son las personas jóvenes en particular, pero en menor medida, también es un reflejo de la realidad de las mujeres* y las personas migrantes.

La afiliación de marzo se ha situado en 1.087.943 personas, 274 afiliados menos que el mes anterior. A lo largo del año, sin embargo, se ha incrementado en todos los sectores, especialmente en servicios (9.408 empleados y empleadas más). Sin embargo, la afiliación de los y las jóvenes de entre 25 y 50 años ha descendido en el último año.

A modo de breves conclusiones, podemos señalar que las más preocupantes son la debilidad industrial y la brecha de género, que no solo afectan al número de empleos, sino que también representan una pérdida del trabajo de calidad y la estabilidad. Desgraciadamente, los datos de marzo no han supuesto grandes cambios, sino que han confirmado tendencias preocupantes. Entre otras cosas, vivimos un sutil declive de la industria, la brecha de género se mantiene, la situación de las y los migrantes es muy vulnerable y el número de contratos precarios no baja.

Es necesario, por tanto, impulsar un cambio de rumbo en las políticas económicas y laborales que permita construir un modelo productivo basado en el empleo digno, estable y con derechos. Es prioritario frenar la eventualidad –y las situaciones que traen consigo– y asegurar unas condiciones de trabajo justas para toda la clase trabajadora. Por ello, LAB reafirma su compromiso con los derechos laborales y seguirá trabajando para que la mejora de los indicadores económicos suponga un avance real en las condiciones de vida de las personas trabajadoras de Euskal Herria. 

La plantilla de la Diputación Foral de Bizkaia dice no a la propuesta de teletrabajo negociada entre el ente foral y los sindicatos ELA, UGT y CCOO 

A finales de marzo, 903 personas trabajadoras de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), casi un tercio del total de la plantilla, participaron en una consulta telemática sobre la propuesta de teletrabajo foral a implantar durante un período de 3 años en esta administración y negociada con los sindicatos ELA, UGT y CCOO. Algo más de un 77% de los y las participantes votó en contra de esta propuesta y se posicionó a favor de un programa real de 1 día de teletrabajo semanal a implementar en todos aquellos puestos susceptibles de acogerse al mismo.

Igualmente, este sentir mayoritario de la plantilla foral apareció plasmado de manera unánime en la asamblea organizada por LAB el pasado 24 de marzo en Bilbo, en la que participaron algo más de un centenar de trabajadoras y trabajadores. En este acto las delegadas del sindicato informamos sobre todo el proceso de negociación de este plan y animamos a participar y a votar en contra de la propuesta de teletrabajo negociada entre la DFB y los sindicatos ELA, UGT y CCOO.

Los resultados de este proceso participativo nos vienen a dar la razón a LAB que, desde que se abrió el proceso negociador en torno a este programa, hemos abogado por la defensa de un verdadero Plan de teletrabajo y por la activación de un calendario de movilizaciones en aras a su consecución.

Por recapitular, en octubre, los 4 sindicatos nos reunimos y acordamos hacer un llamamiento a la movilización del personal en torno a una propuesta conjunta de mínimos: un sistema de teletrabajo para trabajar desde casa un día a la semana. La respuesta de la Diputación a esta propuesta conjunta y a las movilizaciones del personal en torno a ella fue en la mesa de negociación de enero: no aceptaba la propuesta conjunta y ofrecía pasar de 12 a 16 jornadas anuales de teletrabajo.

Tras la mesa de negociación de enero, para nuestra sorpresa, ELA, UGT y CCOO propusieron modificar la propuesta conjunta que habíamos acordado hasta ese momento: aceptan básicamente lo mismo que ofrecía Función Pública, dos días al mes, pero sin dejar fuera el periodo estival y el turno de navidad y que se concretaba en 24 días de teletrabajo, haciendo suyo el marco impuesto por la Diputación de conceder unas cuantas jornadas sueltas de teletrabajo al año.

La respuesta de LAB fue que no veíamos lógico reducir una propuesta de mínimos acordada anteriormente por todos los sindicatos. Además, considerábamos que para hacer un movimiento de este tipo había que convocar una asamblea de personas trabajadoras y así se lo pedimos a los otros sindicatos.

En la mesa de negociación monográfica de febrero, donde ELA y UGT decidieron entrar a la negociación sobre la propuesta de Función Pública, propusieron aumentar en 2 jornadas anuales ese plan (de 16 a 18 días) e introducir a las jefaturas, y se mostraron claramente favorables a su firma si Función Pública aceptaba incluirlas. LAB planteó en esa mesa que seguía defendiendo un sistema de teletrabajo de 1 día a la semana por el que habíamos movilizado a la plantilla. Y difundimos a la plantilla la posibilidad que existía de un acuerdo entre ELA, UGT y CCOO y la DFB en esta materia. 

En la mesa del 18 de marzo la Diputación trajo una nueva propuesta donde aceptan lo que ELA y UGT habían solicitado: incrementar su oferta de 16 a 18 días y permitir que las personas que ocupan puestos de jefatura y responsabilidad puedan estar incluidas. Estos sindicatos la definen como la última propuesta, negando la propia capacidad de la acción sindical de lograr derechos laborales que van más allá de lo que en un inicio nos ofrecen.

Ante esta tesitura LAB valoró como prioritaria la celebración de una asamblea de trabajadoras y trabajadores para hablar de la situación y tomar decisiones entre todas las personas empleadas, sin limitar a las personas empleadas la posibilidad de decidir aceptar o no esta propuesta. Paralelamente, ELA, UGT y CCOO, de manera unilateral (sin contar con LAB, pese a que estábamos de acuerdo), impulsaron la celebración de una consulta acerca de esa última propuesta.

Tal y como hemos mencionado previamente, el resultado de todo este proceso participativo (consulta y asamblea) viene a reafirmar nuestra postura en un doble sentido: por un lado, en la necesidad de seguir luchando por un verdadero programa de teletrabajo acorde con las necesidades que nos demanda la plantilla. Por otro lado, en la necesidad de seguir activando la dinámica movilizadora como vía de avance en la consecución de derechos en nuestra administración.

En conclusión, instamos a Función Pública a reabrir el proceso de negociación en torno a una propuesta de teletrabajo acorde con la voluntad de la plantilla y, al mismo tiempo, llamamos al resto de las centrales sindicales a recobrar la unidad de acción sindical en torno a esta reivindicación.