2026-11-21
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Unai Rementería y el derecho a la huelga


El Diputado General, haciendo referencia al conflicto de las Residencias de Bizkaia, manifestaba en los medios de comunicación la exigencia de unos servicios mínimos que garantizasen la dignidad de las personas usuarias, por encima del derecho de huelga. Supuestamente, viene a solventar algunos casos recogidos en un informe de inspección de Diputación, sobre unos hechos acaecidos en las jornadas de huelga anteriores y que suponían una desatención importante de las necesidades de los y las usuarias de los centros residenciales. A falta de conocer el citado informe y analizando algunos supuestos acontecimientos en dichas jornadas de huelga, que se han difundido en los medios, quienes trabajan en los centros residenciales así como sus familiares, conocen de primera mano cuál es la situación, con o sin huelga.

El insuficiente número de profesionales presenciales para atender a los residentes en un día normal, la organización del trabajo y las condiciones laborales de los y las trabajadoras, están en el origen de esa desatención del un sistema residencial asistencialista, que se ha convertido en un sistema de desatención, y que la escasa, y cada vez menor calidad del mismo, recae en las pésimas condiciones en las que se presta, es decir, recae, en las precarias condiciones laborales de los y las trabajadoras.

El Diputado General, miserablemente, aprovecha la campaña electoral y utiliza la mentira para justificar un sistema de Dependencia deficiente en términos de calidad que el PNV ha impulsado. Un sistema de Dependencia de naturaleza social y de titularidad pública, que es gestionado por la iniciativa privada, principalmente por mercantiles, que priman y primarán el beneficio a la calidad asistencial, aprovechándose de una regulación escasa y obsoleta, carente de un establecimiento de ratios personal trabajador – personal usuario adecuados a las necesidades de estos y de la salud de lo y las trabajadoras. Exprimiendo las reformas laborales para organizar la prestación del servicio, a la carta. Imposibilitando la conciliación laboral y personal de los y las trabajadoras, con calendarios irregulares, jornadas partidas y parciales. Una compensación salarial miserable para con la ingente tarea que prestan los y las trabajadoras y total ausencia de medidas preventivas para garantizar una prestación del servicio libre de daños para la salud de los y las trabajadoras.

Un sistema de atención a personas en situación de Dependencia con escaso fundamento humano y mucha ingeniería fordista, organizado para que se realice como si de una cadena de montaje de piezas metálicas se tratara y a destajo. Un sistema en definitiva que recae en las espaldas de los y las trabajadoras y en sus precarias condiciones laborales.

El Diputado General, una vez más, nos demuestra su escasa ética y su miseria humana. Quizá no sea consciente, pero un conflicto de incuestionable dimensión, se esta gestando. Llegará y estallará en el momento en el que todos y todas las trabajadoras acuerden un posicionamiento conjunto y consensuado, con altura de miras, recorrido y sin miedo alguno. Ello, en un hecho de responsabilidad como trabajadoras, como profesionales de la atención a personas dependientes y como futuras personas usuarias de los servicios.

 

 

 

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