A principios de año, en plena ola de frío y lo que han llamado segunda ola de la pandemia, hemos vivido la subida abusiva, desproporcionada e ilegal de la electricidad a manos del oligopolio que controla el sector de la energía. A pesar de que la energía es una necesidad básica, las políticas neoliberales de las últimas décadas han vulnerado derechos, nos los han negado y los han convertido en negocio, llevando a más sectores populares al empobrecimiento energético, golpeando con más dureza a los colectivos más vulnerables.
Durante la pandemia, cuando las condiciones de trabajo y de vida están empeorando considerablemente, las empresas eléctricas del oligopolio tales cómo Iberdrola, han seguido encareciendo el acceso a la energía hasta el punto de tener ganancias escandalosas. Además, son éstas las empresas elegidas por Urkullu para liderar la transición energética a través de los fondos europeos, y dar paso así a un capitalismo más salvaje y de tinte verde, con el fin de, una vez más, seguir reforzando el sistema a costa de las necesidades sociales de las y los ciudadanos.
En esta situación hemos conocido además la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, poniendo de manifiesto una vez más que el Gobierno de España no tiene ninguna voluntad de repartir la riqueza generada garantizando salarios dignos. Sin ningún gesto de derogar las reformas laborales aún vigentes, con la congelación del SMI y los derechos fundamentales en manos de los oligopolios. Esta es la oferta que desde el gobierno de Madrid se nos hace a lasy los trabajadores vascos en complicidad con los gobiernos de Gasteiz e Iruñea.
Es necesario hacer una profunda transformación del modelo de producción y consumo, poner en marcha la transición ecosocialista, fortalecer el sector público energético, y poner límite a la política de privatización y los oligopolios. Es necesario, adoptar medidas para que la crisis la paguen los que más tienen, y fomentar la soberanía energética y sostenible frente la explotación de los recursos naturales y la excesiva dependencia exterior, para garantizar el acceso universal y justo a la energía.
En esta urgencia por una transformación ecosocialista hacia un modelo que garantice un trabajo, pensiones y una vida digna, seguiremos reivindicando el salario mínimo de 1200 euros que establece la Carta Social Europea para Euskal Herria, luchando a favor de un marco con plenas competencias en empleo y protección social. En esta coyuntura, será la movilización de trabajadoras y ciudadanas la clave para dar pasos a favor del cambio social y de la soberanía energética, económica y política.