Ipar Hegoa, la fundación de estudios sindicales del sindicato LAB, ha publicado el informe “Ikusmiran. Análisis de la situación, primavera del 2022”, con el fin de evaluar las características socioeconómicas de Euskal Herria del que ha extraído la siguiente conclusión principal: Si bien las crisis que hemos conocido desde 2008 han tenido sus peculiaridades (crisis financiera, crisis del modelo globalista o crisis generada por haber situado la disputa en el terreno de la guerra imperialista), todas ellas han sido crisis provocadas por las características propias del capitalismo, es decir, crisis generadas por el propio sistema. Las supuestas soluciones que se han propuesto con el objetivo de seguir acumulando injustamente capital, perjudican a la clase trabajadora, ya que profundizan en un modelo que empobrece y precariza a las y los trabajadores.

Nos han metido en una nueva crisis que no es un hecho aleatorio aislado, sino una consecuencia directa de las decisiones tomadas por quienes están en los principales órganos de decisión. Y ahora vienen pidiendo sacrificios a la ciudadanía, reduciendo su poder adquisitivo. El proceso de empobrecimiento de los sectores más vulnerables y de las y los trabajadores no cesa.

  • En 2021 el IPC registró el mayor incremento de los últimos años, en torno al 6,5%, alcanzando el 8,7% en mayo de 2022. Esta subida ha tenido un fuerte impacto en la cesta de la compra: los aceites y grasas se han encarecido un 32%, las harinas y otros cereales un 14,3%, el precio de la pasta ha subido un 21,4%, la electricidad se ha encarecido un 107,8% y el combustible de los vehículos un 40,2%. A pesar de que toda la ciudadanía ha notado la subida en sus bolsillos, ésta ha tenido mayor incidencia en los hogares más humildes, ya que destinan más del 66% del presupuesto familiar a pagar la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.
  • Mientras tanto, los salarios se han actualizado en la última década por debajo del IPC, aunque en el último año se ha recuperado ligeramente en cuanto a los salarios medios. Sin embargo, en los últimos 11 años cada persona asalariada ha perdido una media de 6.165 euros. En el caso de las pensiones, también es notable la pérdida del poder adquisitivo.

En este sentido, no podemos obviar que la guerra de Ucrania es una derivada política de las características propias de este sistema. Las consecuencias, una vez más, las estamos padeciendo la ciudadanía.

  • El dinero que se destina al gasto militar está en máximos históricos (el Estado español destinó el 1,4% del PIB de 2021 y el Estado francés el 1,9% del PIB de 2020) y se anuncia que seguirá en aumentando a corto plazo. Evidentemente, el dinero que se destina al gasto militar no se destina a garantizar los derechos sociales de la ciudadanía.
  • Mientras el modelo actual no se hace ecológicamente sostenible al explotar los recursos naturales hasta sus límites, se niega, al mismo tiempo, a abordar mediante procesos colectivos la limitación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, trasladando la responsabilidad a nivel individual.

Por tanto, ante la situación expuesta, hay que capacitar a Euskal Herria para afrontar el futuro (o, de lo contrario, padeceremos sus graves efectos). Si queremos ser un pueblo que priorice el bienestar de toda la ciudadanía, se deberían tomar decisiones políticas de inmediato, para llevar a cabo la transición energética, para ser lo más autónomo posible en el ámbito de la alimentación, para poder tomar las decisiones que económicamente necesitemos… Es hora de tomar decisiones de país, de establecer prioridades y desarrollar políticas públicas audaces.