Ahora que se ha aprobado el nuevo decreto ley para hacer frente a la crisis energética en Madrid, insistimos en la necesidad de dejar a un lado los parches e impulsar un cambio radical que dignifique las condiciones de vida de los y las trabajadoras.
Hace meses que las y los trabajadores estamos escuchando que estamos en crisis y viviendo sus consecuencias. En contra de lo que nos quieren hacer creer, tanto la subida del precio de la luz como las causas de la crisis energética en general no empiezan ni terminan en el conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania. Además, ésta no es una situación coyuntural y por lo tanto, no es momento de responder con medidas excepcioneles de corto alcance y recorrido
La base de la crisis energética es el injusto sistema de producción y distribución actual. El sistema capitalista, entre otras cosas, precariza y empobrece las vidas de las y los trabajadores, invisibiliza los trabajos de cuidado que nos obligan a realizar principalmente a las mujeres y destruye la biodiversidad del planeta.
En un contexto en el que las materias primas pueden adquirirse, transformarse y transportarse cada vez con mayor dificultad y carestía, se están difuminando las aspiraciones de la transición energética que se pretendía promover con los Fondos Europeos, dando el sello verde a los combustibles fósiles bajo el pretexto de los efectos de la guerra.
Así las cosas, estamos empezando a escuchar las declaraciones de que más que transición energética, hay que garantizar la seguridad energética. Para ello, en vez de diseñar una hoja de ruta para limitar los grandes beneficios de las eléctricas y considerarlos como sector estratégico bajo control público y social; más que adoptar medidas profundas contra quienes se están enriqueciendo con el empobrecimiento de los sectores trabajadores y populares, como en crisis anteriores, los dirigentes políticos nos piden a la clase trabajadora que nos apretemos el cinturón y hagamos nuevos esfuerzos.
LAB cree que para responder a una situación que se puede agravar el próximo otoño, es necesario que las medidas políticas se lleven a cabo sobre una base tan simple como radical: asegurar las condiciones de vida de trabajadores, trabajadoras y sectores populares así como la biodiversidad del planeta.
Esto implica cambiar el sistema marginalista para fijar el precio de la luz mediante reformas fiscales y medidas concretas, meter mano en los beneficios ganados por el oligopolio energético y garantizar el control público y social en sectores estratégicos como la energía.
En esa dirección, denunciamos que las tibias medidas tanto del gobierno de Sánchez como del tándem Urkullu-Tapia o el gobierno de Chivite son absolutamente insuficientes, incluso supeditadas a intereses empresariales. Claro que hay que tener en cuenta los límites biofísicos del planeta y cambiar las actitudes individuales, pero hay que regular el esfuerzo por capacidades.
La transición a llevar a cabo no puede basarse únicamente en las posiciones individuales de los sectores populares, para lo cual es indispensable una planificación territorial eficaz y la revisión del modelo productivo que a su vez, deben ir acompañadas de forma urgente de medidas para obligar a quienes realizan gigantescos despilfarros energéticos y se enriquecen con subidas de precios a reducir más, pagar más impuestos y poner coto a sus pretensiones de especulación y explotación.
Por lo tanto, necesitamos propuestas y medidas para responder de raíz a la emergencia ecosocial. LAB ha recogido en su Programa Socioeconómico una batería de propuestas y en los próximos meses luchará contra el encarecimiento de la vida de los trabajadores y multiplicará sus esfuerzos para repartir tareas de cuidado, empleo y riqueza.