Estas listas no generan empleo, como señala el Gobierno, sino que posibilitan las eventuales sustituciones del personal. Quienes conocemos la administración sabemos, y sus responsables también, que esta convocatoria no responde a las verdaderas necesidades que hoy tiene el sector y sospechamos que nuevamente se está dando prioridad a intereses políticos, en lugar de buscar el acuerdo con los agentes sociales y sindicatos para la consecución de políticas públicas encaminadas a generar empleo estable y el desarrollo de unos servicios públicos de calidad.
Así mismo, queremos denunciar el tratamiento del euskara, reducido a un mero mérito a pesar de que la inmensa mayoría de las plazas que se ofertarán tienen fecha de caducidad vencida para ocuparlas. Además, determinadas pruebas psicotécnicas únicamente se podrán realizar en castellano. Por si esto fuese poco, el Gobierno vasco aporta un plus de oscurantismo con la introducción de pruebas de carácter psicotécnico, de una absoluta subjetividad, imposibles de evaluar de modo objetivo, que en lugar de establecer el conocimiento insinúan que sirven para medir la “inteligencia” de las personas.
También es grave que el IVAP se refiera a los temas de forma genérica en su web, sin mencionar de manera clara la bibliografía de la que ha extraído los mismos, dificultando así la búsqueda de material de preparación de los exámenes. Las tasas de la convocatoria suponen además una sangría económica para miles de personas que se han inscrito, tanto por su precio elevado como porque hay que pagar todas y cada una en las que te inscribas. Esta norma se aplica a miles de desempleadas y desempleados. Igualmente, entendemos que existen bolsas a punto de agotarse, que no se han abierto, y de las que se han abierto, hemos podido ver que no se han tenido en cuenta nuevas titulaciones, dejando al margen a personas interesadas, que podrían cumplir los requisitos, lo cual, demuestra una vez más la dejadez y la falta de responsabilidad de los responsables de la administración.
Por último, lo más grave es que, desgraciadamente, no se de una solución definitiva al problema de la temporalidad en la administración. Este gobierno ha aceptado el límite impuesto por Rajoy para la convocatoria de procesos selectivos, admitiendo la tasa de reposición. Frente a la estrategia de mercantilización de los Servicios Públicos, hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores para seguir articulando respuestas encaminadas a la defensa de nuestras condiciones laborales, de
la consolidación del empleo y por lo tanto, en la defensa de los servicios públicos.
