Los agentes que integran la acusación del caso Kutxabank (LAB, ESK, Steilas, EHNE, Hiru, EKA y Euskal Herriko Pentsiodunen Plataformak) han comparecido en rueda de prensa para valorar la sentencia contra Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta. En la rueda prensa han declarado que la sentencia viene a dar forma jurídica a las denuncias que a lo largo del proceso ha formulado esta acusación popular.
Queda contundente y meridianamente claro que los acusados han sido autores del delito de apropiación indebida de fondos de Kutxabank con el fin de pagar salarios millonarios a una persona, Mikel Cabieces, que no realizó contraprestación laboral alguna para la entidad Kutxabank ni de forma directa ni indirecta, por el mero hecho de ser un político que cesó en su cargo.
En segundo lugar, nuevamente constatamos que dicho delito tubo un impulso político. Según declaraciones de Mario Fernández, personas de relevancia política le indicaron la necesidad de buscar la forma de pagarle a Cabieces un sueldo. Ninguno de estos políticos, ni nadie de los autores se ocupó posteriormente en averiguar si los 6.000 euros mensuales que Cabieces recibía de Kutxabank se correspondían o no con prestación laboral correspondiente. En su momento ya se publicó que los personajes políticamente relevantes eran Basagoiti del PP, un consejero del Gobierno de Patxi Lopez y por nuestra parte, añadimos el convencimiento de que Sabin Etxea y quienes colocaron a Mario Fernández en la presidencia de Kutxabank conocían y apoyaban dicha petición.
En tercer lugar denunciamos que el escenario en el que se produjo el delito de apropiación indebida era el contexto de privatización de las Cajas Kutxabank y que en ese contexto, los tratos de favor para compactar los apoyos de PNV, PSE y PP a la privatización, las voluntades políticas se fortalecían con este tipo de actuaciones. La privatización ha sido el caldo de cultivo necesario para que estas cosas se puedan producir.
En cuarto lugar, valoramos muy positivamente el trabajo realizado por esta acusación popular ya que ha contribuido decisivamente a que se puedan aportar, informes y pruebas, avaladas por los testimonios demandados por esta acusación popular. Estamos seguros que el resultado de este juicio no hubiera sido el mismo sin la presencia de esta acusación popular. Aquí queremos hacer un reconocimiento más general para reforzar la presencia de las acusaciones populares y particulares como herramienta para clarificar hechos como el presente caso.
En quinto lugar queremos denunciar, respecto a la honorabilidad del Sr. Mario Fernandez y de quienes han tomado junto a él las decisiones, que queda en entredicho no solo por lo ocurrido en este juicio sino en toda su trayectoria al frente de Kutxabank.
Su gestión al frente de la entidad financiera ha sido un desastre que ha colocado a las Cajas Vascas-Kutxabank en la peor situación económica, de prestigio social y de servicio a la ciudadanía vasca de su historia.
Una de las primeras decisiones de Mario Fernández al mando de BBK y posteriormente de Kutxabank fue la compra de Caja Sur que ha devenido en un agujero sin fondo en el que se han tirado a la basura cerca de 3.000 millones de euros de los fondos de Kutxabank, con el sólo objetivo de que BBK tuviera la mayoría de las acciones de Kutxabank.
Kutxabank ha destruido 2.000 empleos en su mandato y está saneando sus cuentas a base de cobrar comisiones especialmente punitivas para las personas de menores recursos; ha disminuido drásticamente su obra social y eliminado cientos de puestos de trabajo del tercer sector relacionados con ella. Han dejado en manos de 15 personas elegidas por ellos las decisiones sobre la venta de las acciones del banco y la posibilidad de entregar a manos privadas y fondos de inversión la gestión de los activos de Kutxabank. Han vendido derechos, participadas y propiedades inmobiliarias para hacer caja y pasar los test de estres etc.
Lo realizado por Mario Fernández como ejecutor de las decisiones políticas de PNV, PP, y PSE ha sido el mayor fraude cometido hasta la fecha a las personas que han depositado sus ahorros en las Cajas Vascas Kutxabank y la pequeña y mediana empresa vasca que tiene necesidades de financiación.
Por todo lo anterior nos alegramos que el delito de apropiación indebida haya sido reconocido por la sentencia; seguimos exigiendo que los impulsores políticos den la cara y que de una vez por todas se ponga fin a una estrategia nefasta que nos ha usurpado unas instituciones financieras públicas, imprescindibles para nuestro tejido económico, social y empresarial. Seguiremos trabajando hasta conseguir estos objetivos.
