No es tiempo de recortes en las prestaciones sociales básicas, es tiempo de situar en el centro la vida de la ciudadanía vasca, que garantice niveles de bienestar aceptable y la necesaria cohesión social. Pero el PNV vuelve a optar por el desarrollo de políticas pública neoliberales en contra de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad vasca.
Después de que rechazaron la ILP impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que suponía una mejora sustancial en la actual situación de las personas perceptoras de la RGI, el PNV vuelve a la carga con su propuesta de recortes acordada en su día con el PSE, y ahora con la alianza del PP del que es bien conocida su posición xenofoba y de criminalización de la pobreza contra la RGI.
La propuesta que tiene como objeto modificar la ley de 2008, con el único objetivo de recortar y limitar el colectivo de personas perceptoras, en un contexto en el que los niveles de exclusión social y pobreza en Hego Euskal Herria son más que preocupantes. Entre el 2008 y el 2016 el número de personas que han tenido que ser atendidas ha aumentado un 62%.
La propuesta realizada, pretende restringir el acceso a dicha prestación, en un momento en el que se constata que el sistema es insuficiente: desde 2008 el número de personas que está en riesgo de pobreza real y no son atendidas se ha incrementado un 25%.
La cuantía actual de la RGI es insuficiente, y ha sido objeto de continuos recortes, lo que ha supuesto un recorte del 13,5 % sobre las previsiones iniciales de la ley de 2008, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 11,9 % de 2009 a 2017.
Por ello desde el sindicato LAB solicitamos, tal y como lo hemos hecho por escrito, así como en diferentes intervenciones en el Parlamento Vasco:
• Que el debate de la reforma de la RGI abra el debate sobre el modelo de protección social que necesita la CAV. En dicho debate debe ponerse de manifiesto que la falta competencial en materia de relaciones laborales y seguridad social obliga a tener que hacer frente a través de la RGI a las consecuencias de las reformas laborales y recorte de las pensiones decididas en Madrid.
• Que se aborden los procesos de precarización social y laboral que se están dando, dado que las políticas activas de empleo que se hacen son a medida de los intereses patronales, promoviendo y premiando la precarización.
• Que el gasto de la CAV en protección social respecto al PIB sea aumentado conforme al gasto de la media europea.
• Que se adopten medidas para que el 30% de las personas susceptibles de ser perceptoras de la RGI y no lo son puedan acceder a ésta.
• Que se incorpore el impacto de género que la propuesta tiene si se tiene en cuenta que el 56,7% de las personas perceptora son mujeres.
• Que la sostenibilidad del sistema no debe basarse en el recorte de recursos para las personas en peores condiciones, sino en una reforma fiscal justa junto con la persecución del fraude.
