Hoy, 11 de abril, queremos informar del lamentable fallecimiento de un trabajador de 58 años de Arcelor Mittal de Lesaka como consecuencia del COVID-19. Antes de nada, queremos transmitir todo nuestro apoyo y condolencias a familiares y amistades, así como prestarnos para todas aquellas posibles acciones que estimen necesarias. Este trabajador, a pesar de pertenecer a la plantilla de Arcelor Mittal de Lesaka, trabajaba como pintor en la planta que Arcelor Mittal tiene en la localidad cercana de Legasa.
Este fallecimiento se podía haber evitado. LAB alertó a la empresa de que se debían tomar medidas de seguridad, más aún cuando el 13 de marzo se tuvo que mandar a casa al primer trabajador con síntomas de la enfermedad, pero no se nos hizo caso, lo que motivo que LAB interpusiera una denuncia el pasado día 17 de marzo para exigir mayores medidas de seguridad.
La realidad a día de hoy es que, según datos de la propia empresa, hay al menos 13 trabajadores en situación de baja por COVID-19 y otros más en cuarentena. Pero tampoco es una situación que se limite a estas plantas, ya que, hay más trabajadores infectados en otras plantas de la multinacional.
Esta muerte es una sacudida tremenda que nos da cuenta de la extrema gravedad de la situación actual y nos obliga a extremar las medidas de seguridad y paralizar toda actividad que no sea esencial. LAB exige a la Inspección de Trabajo que se persone en el centro de trabajo del fallecido, investigue lo sucedido y paralice toda actividad hasta que se garanticen condiciones seguras de trabajo. Asimismo exigimos a la multinacional que priorice la salud de las y los trabajadores por encima del beneficio económico y paralice toda actividad hasta disponer de un protocolo de seguridad eficaz y acordado con la representación de las y los trabajadores. No queremos entrar sanas y sanos a la fábrica y salir en un ataúd.
LAB hace un llamamiento a trabajadores y trabajadoras a participar en las iniciativas y movilizaciones que se lleven a cabo para denunciar esta muerte.
El Aberri Eguna de este año viene marcado por la situación de excepción que vivimos a causa del coronavirus. Pues bien, no permitiremos que las y los trabajadores paguen esta crisis. A pesar de que la patronal y las instituciones tengan intención de profundizar en políticas neoliberales al finalizar la crisis, las y los trabajadores de Euskal Herria seguiremos firmes en la lucha por un modelo que ponga la vida en el centro. Queremos soberanía popular para poner la vida en el centro. Ante los dos Estados y las administraciones bajo su mando, LAB reivindica soberanía popular y una República independiente, socialista y feminista que la garantice. Al hilo de la convocatoria de Batera, desde LAB llamamos a cubrir los balcones con las diversas reivindicaciones propias de las y los trabajadores, como no, junto con la Ikurrina y la bandera de Nafarroa.
Hemos realizado importantes aportaciones al documento “Plan de Arranque de Actividad” del Gobierno Vasco. El debate no debe ser entre salud y economía; el verdadero debate es entre la salud de toda la población y los intereses del gran capital.
Oinarrizko zerbitzuetan lanean ari direnei ez zaie bermatzen ari lana arriskurik gabe egitea. Hau da, beraien osasuna arriskuan jartzen ari da behin eta berriz, langile beraiek eta baita sindikatu honek ere, hainbatetan salatu dugun moduan. Zaintzen ari gaituztenak zainduak izan behar dira, eta hori administrazioaren ardura da.
A quienes están trabajando en servicios esenciales no se les está garantizando que puedan hacer su trabajo sin riesgos. Esto es, están poniendo su salud en riesgo una y otra vez, tal y como los propios trabajadores y trabajadoras y este sindicato han denunciado en repetidas ocasiones. Quienes nos cuidan deben estar cuidadas y cuidados, y eso es responsabilidad de la administración.
También hemos denunciado en repetidas ocasiones que los gobiernos, el estatal, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, se han centrado en defender los intereses de la gran patronal y un aspecto de esta actitud lo constituye que se vuelvan a poner en marcha las actividades no esenciales, sobre todo las de la industria y la construcción. En nuestro opinión se trata de una decisión que se tomado con excesiva rapidez. Volverán a los y las trabajadoras y a las personas de su entorno en riesgo, pero esto no les importa a Sánchez, Urkullu y Chivite, ya que lo más importante es defender los intereses de la patronal y tener a ésta contenta. Esta medida se adoptó muy tarde y ha durado muy poco.
El miércoles recibimos el documento denominado “Plan de arranque de actividad”. Se abría la posibilidad de realizar aportaciones y LAB ha hecho las suyas. El Gobierno Vasco no aclara cómo va a gestionar las aportaciones que reciba. No sabemos si las aceptará todas, solo las que le gusten, si rechazará las aportaciones que no garanticen los intereses de la patronal… La gestión de un plan que se realiza ante una medida que pondrá en riesgo la salud de miles de trabajadores, trabajadoras y personas de su entorno no se puede hacer con tanta ligereza. No nos parece serio.
Han sido numerosas las aportaciones que hemos realizado, ya que el documento presentado por el Gobierno Vasco presentaba graves deficiencias. Las aportaciones más importantes son las que hacen referencia a estas dos ideas:
– El objetivo del plan debe ser la salud de los y las trabajadoras, es decir, éstas y éstos no deben poner su salu den riesgo por volver al trabajo. El objetivo del documento enviado por el Gobierno Vasco es el reinicio de la actividad cueste lo que cueste, situando la salud de los y las trabajadoras en segundo plano.
– El documento del Gobierno Vasco señala que cada empresa debe realizar su “plan de arranque” propio y que debe intentar acordar éste con la representación de la plantilla. Si no hubiera acuerdo, se pondrá en marcha el plan realizado por la empresa y los y las trabajadoras podrán poner una denuncia. Este procedimiento pone en riesgo la salud de los y las trabajadoras.
LAB propone que para que la empresa pueda retomar su actividad, su “plan de arranque” debe acordarse obligatoriamente con los y las trabajadoras a través de sus representantes. Si no hubiera acuerdo, la empresa no podrá retomar su actividad, y el asunto se pondrá en manos de Osalan e Inspección de Trabajo, para que éstos decidan qué tipo de “plan de arranque” necesita la empresa para garantizar totalmente la salud de los y las trabajadoras.
Junto con ello, también hemos planteado:
– Reforzar las plantillas de Inspección de Trabajo y Osalan, hasta equipararlas con la media europea, para hacer un seguimiento de las medidas de prevención a adoptar en las empresas, realizar una labora de control, evitar incumplimientos, responder a denuncias… esto es, para garantizar la salud de los y las trabajadoras.
– Que la labor de Osalan sea la de garante del cumplimiento de la normativa laboral y de salud, y que no tenga únicamente una función consultiva.
– Que el listado de empresas sancionadas por incumplir las medidas de prevención sea público. Si el listado de personas sancionadas por no cumplir el confinamiento es público, ¿por qué no el de las emresas?
– Realizar a trabajadores y trabajadoras pruebas para detectar el COVID-19, empezando por quienes realizan actividades esenciales y siguiendo por quienes trabajan en actividades no esenciales pero que están en marcha.
Desde que se inició la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los gobiernos vasco y navarro han actuado de forma totalmente irresponsable. Por un lado, se han limitado a defender los intereses de la gran patronal. Han puesto cientos de millones en sus manos y poniendo a las y los trabajadores en riesgo de contagio, han tenido una actitud a favor de la puesta en marcha de actividades no esenciales, volviendo a alinearse con la patronal, una vez más. Por otro lado, han abandonado a las y los trabajadores que desarrollan actividades esenciales, sin poner medidas suficientes para garantizar su salud. Cientos de trabajadoras y trabajadoras han sido contagiadas, y dos han muerto.
Recientemente preguntábamos a ambos gobiernos a ver quién se responsabilizaría de quienes se contagiaran y murieran en el trabajo. No recibimos respuesta. Mientras aplauden a trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales los y las condenan al contagio, porque, tal y como han denunciado las y los trabajadores no se adoptan medidas suficientes. En actividades no esenciales, animan a la empresas a no parar, aun poniendo a su plantillas en peligro de contagio. Una vergüenza.
Trabajadoras y trabajadores continúan desempeñando sus funciones en actividades esenciales si tener medidas eficaces y la semana que viene, volverán a ponerse en marcha las actividades no esenciales.
Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra, de una vez, tienen que establecer medidas concretas y eficaces para hacer frente a la situación sanitaria que están sufriendo las y los trabajadores. Éstas y éstos tienen el derecho de trabajar sin poner en riesgo su salud, y eso es responsabilidad de ambos gobiernos. Es necesario proporcionar a trabajadores y trabajadoras de sanidad, ambulancias, residencias de mayores, ayuda a domicilio, limpieza, supermercados, farmacias etc medidas de prevención suficientes y eficaces. Quienes están cuidando a la sociedad deben ser cuidados y cuidadas. Las alabanzas están bien, pero lo que más necesitan es que su salud no se ponga en riesgo, proporcionándoles EPIs, incrementando las plantillas, realizando controles y asegurando información.
También hay que asegurar que se garantizan medidas de prevención en aquellas empresas que retomarán la actividad la semana que viene, acordar medidas de protección con los comités de seguridad y salud y las y los delegados de prevención, analizar si éstas se cumplen y también si los protocolos hacen frente a los riesgos, y si no es así, concretar qué medidas se adoptarán para no poner en riesgo la salud de los y las trabajadoras. Esto también es responsabilidad de los gobiernos.
Por ello, exigimos a ambos gobiernos que refuercen la Inspección de Trabajo destinando más recursos. Reforzar la Inspección de Trabajo para poder realizar más inspecciones, para poder hacer un seguimiento de si se cumplen las medidas de prevención y si éstas son suficientes y para responder a las denuncias que realicemos trabajadoras, trabajadores y sindicatos.
Junto con ello, las Inspecciones de Trabajo, cuando no se cumplen las medidas preventivas o éstas no fueran suficientes, deberían tener criterios concretos para parar las actividad, garantizando la salud de los y las trabajadoras. Asimismo, tanto Osalan en la CAV como el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra deben establecer protocolos más eficaces, anteponiendo la salud de los y las trabajadoras a los intereses de la patronal, que apuesta por seguir trabajando aunque se contagien las plantillas.
Mientras en las residencias de Bizkaia se vive desde hace semanas una situación que se agrava día a día, Unai Rementería explicó ayer en rueda de prensa, que tiene más de desesperada propaganda política que de análisis de los hechos, las medidas que ha adoptado la diputación de Bizkaia.
Rementeria señaló que “las personas mayores de Bizkaia son las más vulnerables de esta crisis y nuestra prioridad es absoluta”. Aquí tenemos que hacer una puntualización. Las personas mayores sí han sido prioritarias, pero no para Diputación ni Gobierno Vasco, lo han sido para las trabajadoras que se están dejando la piel sin medios para cuidarles. También para los y las familiares de los mismos que han vivido con preocupación todo este deterioro sin tener información. Pero no para Gobierno Vasco ni para Diputación, que aún hoy, siguen sin resolver cuestiones como la falta de EPIs, la falta de personal, la falta de control de lo que está ocurriendo en las residencias y por supuesto, una deliberada falta de información.
También afirmó que “estamos ante días clave en las residencias y hacemos todo lo que está en nuestras manos para pasarlos lo mejor posible. Hemos reforzado junto al Gobierno Vasco los equipos de protección del personal y de los usuarios con 248.000 mascarillas”.
No señor, los días clave pasaron, fueron aquellos en los que se debería haber atajado la situación, mucho antes del 16 de marzo y si no, al menos a partir de ese día. Durante esos días y semanas se trabajó y se sigue haciendo desde los comités de seguridad y salud (pidiendo EPIs, información, formación, protocolos de seguridad, medidas para trabajadoras especialmente sensibles, personal, protección para no contagiar…) y a pesar de todo, seguíamos sin conseguir nada, ni mascarillas, ni el resto de los EPIs, ni información. El 7 de abril, casi un mes más tarde, anuncia que tienen 248.000 mascarillas, pero hasta que no lo veamos no vamos a creerle.
Rementería afirmó que “hemos abierto una bolsa de trabajo para reforzar la plantilla del personal cuidador, en la que se han inscrito 1.201 personas en sólo 3 días”. Que esta bolsa de trabajo se haya puesto en marcha hace solo tres días dice mucho de cómo la Diputación de Bizkaia está poniendo remedio a la situación. Llevamos años pidiendo bolsas de trabajo reguladas para mejorar de esta manera el servicio de los centros residenciales, pero esta bolsa de trabajo responde únicamente al número de bajas de las trabajadoras, que por falta de medidas preventivas, se encuentra en una situación de baja.
Tampoco es mérito de Rementería que se inscriban 1.201 personas, sino en todo caso, se debe a la responsabilidad social de la clase trabajadora y también, por desgracia, a la necesidad de conseguir un trabajo que surge producto de un sistema que sólo busca ganancias y te desecha cuando dejas de producirlas.
Asimismo, señaló que “hemos abierto dos residencias para concentrar los positivos y minimizar los contagios. Hemos puesto hoteles a disposición de los y las profesionales, hemos activado medidas para garantizar el mayor bienestar posible de los mayores, hemos facilitado dispositivos electrónicos para que mantengan contacto con sus familias”.
No, no se han abierto dos residencias para concentrar los positivos sino que se han utilizado dos residencias en las que ya había residentes para montar en ellas hospitales que atienden en sus recursos a personal contagiado por el COVID-19, es decir que han llevado a la oveja a la boca del lobo. Es curioso que se tome esta medida cuando sabemos que los hospitales privados no han sido intervenidos, es decir, existen lugares que cumplen con los requisitos materiales y humanos adecuados para cuidar a los pacientes de COVID-19 pero se ha preferido intervenir las residencias con el peligro que esto conlleva.
“Hemos reforzado la inspección en los centros, seguimos desinfectándolas residencias con bomberos y personal de Basalan, contamos con la asistencia sanitaria y permanente de Osakidetza”, añadió el Diputado General y en LAB nos interesa mucho saber qué datos está recopilando esta inspección, ya que no ha contado en ningún caso con la aportación de ninguna trabajadora y sobre todo, porque esos datos son guardados bajo llave como el mayor de los secretos. Por otro lado, y tal como llevamos diciendo más de mes y medio, no necesitamos la visita esporádica de los bomberos sino la contratación de más personal de limpieza fijo y estable. Esta sí es una verdadera medida preventiva.
Por último, Rementería señaló que “estamos trabajando con las patronales de las residencias de Bizkaia”. Y aquí sí que le damos la razón. Estamos convencidas de que están trabajando con y para la patronal, no así por las y los residentes, familiares, trabajadoras y sociedad. Ya que la foto de contagios y muertes que ofrecen las residencias de Bizkaia habla muy claro.
Desde LAB hace muchos años que lo llevamos reclamando, necesitamos un servicio público, universal y gratuito de cuidados, que acabe de un plumazo con el negocio que supone tener residencias privadas y concertadas. También necesitamos unos titulares que actúen con responsabilidad y al servicio de su pueblo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido dos resoluciones en respuesta a la demanda por vulneración de derechos fundamentales (derecho a la salud, vida e integridad física) planteada por ELA y LAB contra el Gobierno Vasco (Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras), en la que se exigía la anulación de la ‘nota aclaratoria’ que permitía retomar actividades no esenciales. El Tribunal se declara incompetente para fijar medidas cautelares que garanticen la salud y la vida de miles de personas empleadas en sectores no esenciales.
En una de esas resoluciones, el TSJPV concede a todas las partes y al Ministerio Fiscal tres días presentar alegaciones sobre la competencia de la Sala de lo Social para conocer y resolver el litigio. Como se recordará, el Gobierno Vasco flexibilizó hasta el extremo el concepto de servicio esencial, contraviniendo el sentido del Real Decreto (paralización de actividades no esenciales), y posibilitando la prestación de otros servicios y de actividades industriales no básicas (lo que supone la exposición al riesgo en su puesto de trabajo así como convertir a estas personas en vector de contagio), desbaratando así los propios principios rectores del estado de alarma: “Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”.
Además, a través de un auto el TSJPV se declara incompetente para aplicar las medidas cautelares exigidas por ELA y LAB, consistentes en paralizar el efecto de la ‘nota aclaratoria’ del Gobierno Vasco, como paso previo para su anulación. Ambos sindicatos consideran que este tribunal era competente para tomar una decisión tan urgente y necesaria, máxime cuando la salud y la vida de miles de personas está en juego, y cada hora es importante en la tarea de contener la epidemia de coronavirus. Por otro lado, el Juzgado de lo Social de Navarra aún no se ha pronunciado sobre la demanda de ELA y LAB contra la correspondiente ‘nota aclaratoria’ que dictó el Gobierno de María Chivite.
Nuestra misión es estar cerca de las y los trabajadores, aún más si cabe en la actual situación de excepción. Concretamente, estamos disponibles en diversos teléfonos y direcciones para responder a dudas y preocupaciones. Asimismo, estamos atendiendo a las preocupaciones de la gente a través del portal Bizilan, por medio de sesiones en directo, vía Streaming. LAB está con las y los trabajadores, ¡ahora más que nunca!
Arcelor Mittal ha notificado formalmente a los comités de empresa su intención de solicitar un ERTE por fuerza mayor para todas las plantas de la multinacional en el estado y, asimismo, adelanta su intención de negociar un ERTE por causas objetivas.
LAB cree que detrás de estas decisiones se halla el deseo de la multinacional de acogerse a las mayores ayudas públicas que se han otorgado a causa de la crisis sanitaria consecuencia del Covid-19. La multinacional no tenía ninguna necesidad de solicitar ningún ERTE, puesto que las y los trabajadores de Arcelor Mittal vienen sufriendo ERTE desde el año 2009 de manera ininterrumpida, gracias a las prórrogas que siempre le han firmado los sindicatos de ámbito estatal UGT, CCOO y USO.
La finalidad de cualquier ERTE es mantener el empleo. Arcelor Mittal ha destruido más de la mitad del empleo en Euskal Herria desde que entró en vigor el ERTE del año 2009, lo que no ha sido un impedimento para que hayan aumentado el número de trabajadores y trabajadoras a través de subcontratas y ETTs. y hayan adquirido nuevas plantas a nivel mundial, siendo actualmente uno de los mayores productores de acero en China.
Ha solicitado asimismo un ERTE para todas las plantas, si bien hay plantas en Euskal Herria que están actualmente trabajando al 100%, sin garantizar las medidas de protección de la salud de las y los trabajadores., por lo que entendemos que se quiere utilizar como medida de flexibilidad.
LAB exige que se haga un uso debido de las ayudas públicas de todas y todos. Las diferentes instituciones y gobiernos deben ser exigentes a la hora de gestionar el erario público. LAB exige a la multinacional y a los diferentes Gobiernos que actúen con responsabilidad, que no se permitan abusos y se ponga la salud de las y los trabajadores por encima del beneficio empresarial.
Los sindicatos LAB, CIG, ELA e Intersindical-CSC, de Euskal Herria, Galiza y Països Catalans, suscribimos en febrero una “Declaración por una agenda social y el derecho a decidir”. Reclamamos al nuevo Gobierno la derogación de las leyes antisociales impuestas en la última década y el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social. Dos meses más tarde, ante esta situación de excepcionalidad, hemos hecho pública una nueva reflexión por medio de las y los secretarios generales de cada sindicato.
Los sindicatos CIG, ELA, LAB e Intersindical-CSC, de Galiza, Euskal Herria y Països Catalans, suscribimos en febrero una “Declaración por una agenda social y el derecho a decidir”.
En dicho manifiesto constatamos el auge de la extrema derecha y el deslizamiento hacia el autoritarismo de buena parte del arco político del Estado español, así como la negativa a una solución política basada en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Así mismo, reclamamos al nuevo Gobierno la derogación de las leyes antisociales impuestas en la última década y el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social.
Dos meses más tarde, ante esta situación de excepcionalidad, queremos trasladar las siguientes reflexiones:
1. Los sindicatos firmantes situamos la crisis de salud pública dentro de una crisis capitalista. Como venimos denunciando desde hace años, esa crisis sistémica conlleva una crisis de cuidados, de recortes en los servicios públicos, de precarización e individuación laboral y social y, consecuentemente, de ruptura de los vínculos sociales.
2. Una nueva muestra de la falta de soberanía de nuestras respectivas naciones. Denunciamos la utilización de la pandemia del COVID-19 para imponer un artículo 155 encubierto, invalidando la ya de por sí insuficiente autonomía de nuestros territorios. Asistimos a una campaña de propaganda unionista con desfiles militares incluidos, que no busca aunar esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria, sino utilizar la crisis sanitaria para anular la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestras naciones.
Reclamamos el derecho a decidir para hacer frente eficazmente a la crisis sanitaria así como a los retos económicos, sociales y políticos que deberemos enfrentar durante y después de dicha crisis.
En esta situación excepcional que estamos viviendo, para nuestros sindicatos es prioritario limitar la expansión del COVID-19 y adoptar medidas para cuidar de la salud de las y los trabajadores y de la ciudadanía. Al mismo tiempo se necesitan medidas sociales para que las consecuencias de esta crisis no recaigan exclusivamente en la clase trabajadora.
Las medidas que están adoptando el gobierno español y los gobiernos autonómicos confinan los derechos, vienen tarde, son injustas, son insuficientes para la clase trabajadora y para los colectivos más vulnerables.
– En primer lugar, se debe proporcionar a todos los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades esenciales todas las medidas de protección que necesitan. También se debe garantizar el número necesario de trabajadores y trabajadoras para poder realizar su trabajo de forma adecuada, para poder cuidar su salud, y para que estos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades esenciales no propaguen la enfermedad.
– Desde nuestros sindicatos hemos exigido la paralización de todas las actividades no esenciales. Para poner límites a la pandemia se precisan medidas de confinamiento más estrictas; esto es algo que también ha reclamado la comunidad científica.
El gobierno español decretó el cierre de las llamadas actividades no esenciales. Esta medida llegó tarde y con una gestión desastrosa a la que se suma la posterior publicación de una nota aclaratoria para intentar modificar el decreto. En menos de 48 horas, ha terminado cediendo ante las presiones del poder económico mediante una decisión fraudulenta en nuestra opinión desde una perspectiva democrática y jurídica. Hoy más que nunca, son necesarias políticas públicas y concentrar todos los recursos en favor de las mayorías sociales para adoptar todas las medidas para una protección social sin exclusiones, que garantice el empleo, los salarios e ingresos dignos para toda la clase trabajadora.
Se necesitan medidas más audaces para asegurar una financiación pública, vía impositiva a las grandes fortunas y las grandes empresas, la intervención pública de sectores estratégicos de la economía, hoy en manos privadas (banca, eléctricas, etc); son algunas de las medidas justas y necesarias, dejando atrás las políticas neoliberales.
Los cuatro sindicatos queremos subrayar el compromiso cívico de que están haciendo gala la ciudadanía en su conjunto, y en especial las trabajadoras y trabajadores de sectores como la sanidad, limpieza, el cuidado de mayores, la alimentación, el transporte, y en general todos aquellos trabajos que suponen atender y cuidar de la gente, denunciamos que están desarrollando su trabajo sin los medios de protección suficientes ni adecuados, ni con personal suficiente para llevar adelante todas las tareas. La crisis está poniendo en evidencia la importancia del sector público y lo que los recortes de los últimos tiempos han supuesto. Pero además han puesto en evidencia que la vida de las personas debe estar en el centro de las políticas. Si algo demuestra esta crisis es que las profesiones feminizadas son las mas precarizadas y desvalorizadas, y son cruciales para ponerle fin.
También las organizaciones sindicales estamos trabajando en condiciones excepcionales. Por eso hacemos un llamamiento a nuestra afiliación a fortalecer los vínculos colectivos y a comprometerse activamente en la defensa de los más vulnerables, tanto dentro como fuera de las empresas.
Para finalizar, reafirmarnos en los compromisos que ya adoptamos en la declaración de febrero. No vamos a permitir que las consecuencias de esta nueva crisis recaigan en las y los trabajadores, incrementando la pobreza laboral. Vamos a seguir luchando por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y un reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza. Reclamando plena soberanía para construir un espacio socioeconómico, y un marco propio de la relaciones laborales y protección social.
