Tres meses más tarde de la fecha prevista, el Gobierno de Navarra ha presentado un informe de investigación sobre salud laboral en el ámbito de Tafalla, un proyecto piloto realizado a lo largo de los años 2024 y 2025. Según este informe, sólo el 20% de las empresas cumple con la normativa de prevención. Esto pone patas arriba el discurso acrítico y la actividad sustentada tanto por los empresarios como por el Gobierno de Navarra. El informe fue una petición de EH Bildu en la negociación presupuestaria.
El sindicato LAB ya tenía constancia de este informe. De hecho, en el consejo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Ispln) del pasado mes de marzo se dio cuenta de ello, adelantando unos pocos datos. Esos primeros datos ya indicaban que el cumplimiento de la normativa de prevención denunciada por LAB en años es aún más bajo que pensado hasta la fecha.
LAB considera que los datos que arroja el informe definitivo son muy graves y da la medida a esa falta de prevención que denuncia permanentemente el sindicato. Por lo tanto, la conclusión es clara: los datos son aún más graves de lo que esperábamos y eso explica la evolución negativa de la siniestralidad que se sufre en Navarra en concreto, pero también en el conjunto de Euskal Herria.
Algunas reflexiones que pueden resultar esclarecedoras son:
• Sólo el 22% de las empresas han realizado estudios adecuados de accidentes.
• Las empresas que han impartido una formación adecuada no llegan al 23%.
• Más de la mitad de las empresas no disponen de una evaluación de riesgos adecuada.
• El 90% de las empresas no han evaluado adecuadamente los riesgos psicosociales y mucho menos han implantado medidas.
• Sólo el 5,3% de las empresas han realizado estudios ergonómicos adecuados.
• Sólo en el 10% de las empresas con riesgos químicos se han realizado evaluaciones higiénicas.
• Los tejados del 80% de las empresas no están estructuralmente preparados para el desplazamiento o mantenimiento de personas. Esta situación identificada es muy preocupante teniendo en cuenta la potencialidad y el alto índice de caídas en alturas que recuerda el propio informe.
• Sólo el 19% de las empresas tienen una estructura preventiva jerárquica integrada.
• El seguimiento preventivo es realizado por el 22% de las empresas.
En el mismo momento se ha publicado el informe de siniestralidad de 2024 y de los primeros meses de 2025. Otra vez los datos son durísimos, pero esta vez más clarividentes que nunca. Ahora sabemos objetivamente que esa trágica cantidad de siniestros se debe a la falta de prevención tasada de las empresas. Que detrás de cada accidente y cada enfermedad hay una patronal insaciable.
Un jarro de agua fría para el Gobierno y los empresarios
El informe es muy clarificador: la ejecución de la prevención alcanza una media del 20% de las empresas. Esto, por un lado, señala al Gobierno de Navarra: ¿A quién le corresponde actuar para que los empresarios cumplan la ley y las medidas preventivas de obligado cumplimiento? Mientras la presidenta María Chivite no reclame competencias para una Inspección de Trabajo propia, seguirán demostrando que las vidas de los trabajadores y trabajadoras navarras no les importan.
Por otro lado, señala a los empresarios de la CEN. Cuando han puesto en marcha una campaña que responsabiliza a los trabajadores y trabajadoras de la prevención de la salud laboral (la que han pagado con dinero público) y mientras nos hablan de absentismo, se saltan masivamente la normativa de prevención. Dicho de otro modo, los empresarios no tienen voluntad de limitar la siniestralidad laboral y con su abandono consciente, los empresarios son los principales causantes de las bajas, tanto en accidentes de trabajo como en enfermedades profesionales. Los empresarios no están haciendo las cosas bien, al contrario, en términos de cultura preventiva que debería ser un principio rector de la actividad económica en nuestro territorio, están demostrando estar alejados de las exigencias de cualquier sociedad democrática.
Esto adquiere una dimensión especialmente cruda tanto en los riesgos psicosociales como ergonómicos, donde la falta de prevención está aún más extendida, y las bajas por estos riesgos no son aceptadas como laborales. Esto significa que detrás de las bajas ordinarias se recogen muchas dolencias causadas por el trabajo. En consecuencia, las empresas utilizan las mutuas para atribuir esta responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el fraude adquiere aquí dimensiones graves.
Por lo tanto, con este informe el Gobierno no puede mirar más para otro lado. No puede ser que el director de Trabajo, Iñaki Mendioroz, haga suyo el dogma de los empresarios y sea acrítico con una realidad que arruina su discurso. Al contrario, debe aprovechar el informe para tomar, de una vez por todas, el camino correcto: el del estricto cumplimiento de la ley de prevención. Y ante esta realidad no puede aceptar ni tolerar la actitud negacionista empleada hasta ahora por los empresarios. Para ello, como primer paso y en base a este informe, la patronal CEN y el Gobierno de Navarra deben suspender la campaña que responsabiliza a los trabajadores de la prevención de la salud laboral.
