LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Aquí tenéis el artículo de opinión de la coordinadora general Garbiñe Aranburu.

Los sindicatos LAB, ELA, Steilas, Hiru y Etxalde hemos convocado una huelga general para exigir que queremos decidir aquí un salario mínimo de 1.500 euros, mejorar los salarios y repartir la riqueza. En un informe realizado por la Fundación Ipar Hegoa, hemos analizado las consecuencias de no establecer un Salario Mínimo Propio. Los datos son muy claros, el SMI estatal es totalmente insuficiente en Hego Euskal Herria. Una de cada cinco personas, 240.000 en total, trabaja con un salario inferior a 1.500 euros. La foto nos muestra colectivos especialmente vulnerables; las brechas machistas, racistas o por edad son cada vez más grandes.

La brecha salarial ni desparece ni disminuye. La división sexual del trabajo se mantiene, dos de cada tres trabajadoras y trabajadores con un salario inferior a 1.500 euros son mujeres*. Un tercio de todas las mujeres* asalariadas están por debajo de este nivel salarial (y a estas hay que sumarles todas las mujeres* que se dedican a las tareas de cuidados no remuneradas, que no tienen contrato…). Esta forma discriminatoria de organizar el trabajo tiene consecuencias que van más allá de los salarios, la mayoría de los contratos parciales son para las mujeres*, los cuidados recaen principalmente en las mujeres* o los trabajos de cuidados no remunerados no se contabilizan en la riqueza generada.

La centralización de las relaciones laborales uniformiza a la baja y facilita que haya un reparto menos equitativo de la riqueza. La imposibilidad de disponer de un salario mínimo superior al estatal ha contribuido a que los salarios tengan cada vez menos peso respecto al PIB, tres puntos menos en los últimos 15 años. En el Estado español y en otros países europeos la tendencia es la contraria. Las beneficiarias de esta realidad han sido principalmente empresas industriales que, en los últimos años, han visto cómo sus beneficios han crecido muy por encima de la inflación, mientras los salarios pierden poder adquisitivo y se actualizan después de largas y duras luchas sindicales.

Tener capacidad para poder decidir nuestro salario mínimo es una reivindicación estratégica, más si cabe en un contexto de crisis sistémica. El orden mundial está cambiando y se han roto las reglas del juego de la geopolítica en detrimento de la clase trabajadora y de la soberanía de los pueblos.

Una ola reaccionaria recorre el mundo. Sigue expoliando a la clase trabajadora, vulnera los derechos de las mujeres* y de las personas migradas y niega la crisis climática. Las consecuencias que genera el sistema, en términos de precarización, son también la causa y terreno abonado para el auge del fascismo, que se nutre de enfrentar diferentes realidades sociales, poniendo al vulnerable en contra del más vulnerable.

Por eso, hoy es más importante que nunca practicar un sindicalismo de clase con una clara vocación transformadora, un sindicalismo feminista y antirracista que atienda a las necesidades de toda la clase trabajadora. La lucha de clases está más viva que nunca. Es momento de elevar esa conciencia de clase y esa solidaridad de clase. Esa es, precisamente, una de las principales aportaciones de la huelga. La huelga general es una forma de poner freno al empobrecimiento, a la precarización y también al avance del fascismo.

Los sindicatos convocantes de la huelga general hemos intentado implementar un salario mínimo propio por diferentes vías. Patronal y gobiernos han ido cogidos de la mano. PNV, PSE y PSN, en alianza con Confebask y CEN, han levantado un doble muro para cerrar la vía de la negociación colectiva y la vía institucional. La huelga general ha sido la respuesta obligada ante tal cerrazón.

La propia convocatoria ha comenzado a crear fisuras en ese doble muro. La patronal echa la pelota al tejado del Gobierno, «el SMI es una cuestión política», dice. Al mismo tiempo, el Gobierno se la devuelve: «la vía es la negociación colectiva». Eso sí, siempre intentando mantener una equidistancia que no se justifica e interpelando por igual a Confebask y a los sindicatos que nos hemos mostrado a favor de negociar con la patronal.

Estas fisuras que se empiezan a notar han sido posibles gracias a la convocatoria de la huelga general, ¿qué impacto tendrá una huelga general contundente y exitosa, con amplio seguimiento en los centros de trabajo y en la calle? Sin duda, el esfuerzo que cada trabajador y trabajadora haga ese día contribuirá a cambiar las cosas.

Aquí no ha terminado nada. Tenemos ante nosotras a una patronal explotadora y arrogante a la que tarde o temprano obligaremos a sentarse en una mesa de negociación. Porque es posible negociar un Acuerdo Marco de Materia Concreta para establecer un salario mínimo para las relaciones laborales en la CAV y otro en Nafarroa. Esto es lo que deducimos de la sentencia del TSJPV en respuesta a la demanda que interpusimos contra Confebask.

Es posible adquirir competencias para dar cobertura legal y poder decidir aquí un SMI propio modificando el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. En los parlamentos, PNV y PSE-PSN han querido negar el debate, han mostrado una actitud antidemocrática ante la ILP, pero otros grupos pueden presentar proposiciones de ley. De hecho, en Nafarroa ya lo han registrado EH Bildu y Geroa Bai. En la CAV esta posibilidad está sobre la mesa. Del viaje a Madrid podemos concluir que hay posibilidades reales de que esta cuestión llegue al Congreso de los Diputados español.

El 17 de marzo tenemos una cita importante. Vamos a vaciar los centros de trabajo y a llenar las calles. El 17M será la marea que derribé los muros levantados por patronal y Gobierno. Lortuko dugu.