El sindicato ha defendido que poder trabajar en euskera es un derecho laboral de todo trabajador que vive y trabaja en Euskal Herria y ha reclamado garantías legales para la euskaldunización de los servicios públicos. Con la misma reivindicación, el sindicato intensificará las movilizaciones en las próximas semanas y meses.
Hace tiempo que los agentes euskaltzales están alertando del retroceso y de la situación de emergencia que vive el euskera, y del salto que necesita su normalización, que exige acelerar la euskaldunización de la administración. Paralelamente, en Hego Euskal Herria son constantes los ataques que está sufriendo el euskera desde el ámbito judicial, y en los últimos cuatro años los tribunales han frustrado casi mensualmente los esfuerzos de euskaldunización de las administraciones públicas. Ejemplo de ello son las sentencias contrarias a la Ley Municipal de la CAV y las que han rebajado las exigencias del euskera en las convocatorias de plazas de diputaciones y numerosos ayuntamientos. En este contexto, LAB ha expresado en varias ocasiones la necesidad de dar un salto en la movilización social y en la activación social, y hoy ha reunido en Gasteiz a docenas de delegadas y delegados de la administración pública. Tras la asamblea, han llevado a cabo una movilización hasta el Parlamento Vasco en la que han exigido garantías legales para la euskaldunización de los servicios públicos y han expresado su voluntad de intensificar las movilizaciones en los próximos meses.
LAB ha realizado una gran labor y movilización para euskaldunizar los servicios públicos, tanto para atender en euskera como para garantizar el derecho de las y los trabajadores a trabajar en euskera. También en las subcontratas y servicios privatizados como los cuidados está luchando constantemente por planes de euskaldunización de los servicios y del personal. También ha hecho propuestas más generales. Han pasado ya tres años, por ejemplo, desde que LAB, junto con el Euskalgintzaren Kontseilua y ELA, presentara su propuesta para euskaldunizar las administraciones públicas en un plazo de 15 años. La respuesta institucional ha sido nula o de retroceso: rebajar los perfiles lingüísticos y retrasar los índices y fechas de preceptividad. Es evidente que vamos a peor y que a estas alturas la propuesta ha quedado obsoleta. Hay que dar otro tipo de pasos.
En la dirección contraria, algunos partidos políticos y sindicatos han alimentado la ofensiva jurídico-política y han contrapuesto derechos lingüísticos y laborales. Pero alimentar esa dicotomía ataca a la cohesión social y al euskera. Para defender un derecho no se puede negar otro; es más, poder trabajar en euskera es un derecho laboral de todas y todos los trabajadores que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, tan importante como el resto de derechos laborales e imprescindible para tener unos servicios públicos fuertes y de calidad. Además, por desgracia todavía hay que recordar que trabajar en euskera es un derecho; un derecho que se vulnera de forma flagrante.
Para garantizar los derechos lingüísticos y avanzar en la normalización del euskera, junto a estrategias de medio y largo plazo, necesitamos medidas y decisiones a corto plazo que, con urgencia, aporten seguridad jurídica al proceso de normalización del euskera y sean un muro de contención ante las continuas injerencias de los juzgados. Y eso exige tomar medidas para dar seguridad jurídica a las políticas que den prioridad al euskera.
En este sentido, el sindicato ve con buenos ojos las medidas a favor de la generalización de la exigencia del euskera en la administración pública, así como la propuesta de EH Bildu de modificar la Ley de Empleo Público, que podría situarse en esa dirección. Este cambio legal recogería: la equiparación de las exigencias del euskera y el castellano; el establecimiento de una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico; y el incremento de los recursos y liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todo el personal público. En cambio, el sindicato considera que la propuesta de modificación legal de los «criterios de proporcionalidad» que ha elaborado el PNV perpetúa el problema: dificulta la euskaldunización de los servicios públicos y facilita el retroceso.
Por lo tanto, LAB ha pedido al Parlamento Vasco un cobijo jurídico que ofrezca garantías para la euskaldunización de los servicios públicos y para que tanto se pueda trabajar como recibir atención en euskera en la administración pública. Asimismo, LAB considera que esa garantía legal exige la movilización social y la activación de las y los trabajadores vascos, por lo que intensificará las movilizaciones.
