Esta situación no se limita solo al ámbito privado, ya que el sector público también está impulsando la política de subcontratación, y es la situación de las personas que trabajan en estas subcontratas lo que queremos sacar a la luz.
Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras quienes prestan servicios en las subcontratas, mayoritariamente mujeres. Debemos denunciar la falta de claridad que existe por parte de las instituciones, ya que es imposible saber cuál es el número exacto de estos trabajadoras y trabajadores.
Con anterioridad a la crisis, se debilitó el sector público y se decidió dejar los servicios públicos en manos privadas. Se desvió el dinero público a las empresas privadas, y esto ha traído graves consecuencias a las personas que trabajan en las subcontratas, a través de la precariedad, además de deteriorar los servicios públicos.
Han sido las decisiones políticas las que nos han llevado a esta situación, y por tanto son necesarias decisiones políticas para salir de la misma. Por ello hemos interpelado a los agentes políticos exigiéndoles medidas concretas.
En LAB creemos que hay que apostar por unos servicios públicos de calidad y esto exige el final de la mercantilización de dichos servicios. Para ello es necesario defender las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, y apostar por un sector público capaz de dar un servicio de calidad.
En concreto y de cara, por un lado, a paliar la situación creada por la reforma laboral, principalmente entre el personal subcontratado, y como paso intermedio en la creación de unos servicios públicos de garantías, hemos presentado mociones en las principales instituciones de Hego Euskal Herria para que se incluyan cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, que incluyan las siguientes medidas:
• Aplicación como mínimo del último convenio sectorial correspondiente.
• Garantía de subrogación.
• Imposibilidad de inaplicar unilateralmente el convenio.
• Defensa del empleo: mantenimiento de los puestos necesarios para la realización del servicio, así como contratar personas en situación de desempleo.
• Garantía de condiciones de salud laboral, igualdad de oportunidades y derechos lingüísticos.
• Imposición de sanciones para los casos de incumplimiento de dichas cláusulas.
Iniciativas políticas
Hemos realizado reuniones con diferentes agentes políticos, y no todas las respuestas que hemos recibido han sido positivas. En muchos casos la moción que hemos presentado aún no se han debatido, pero sí podemos hacer una valoración de aquellas decisiones que sobre este tema se han tomado en algunas instituciones.
• En el parlamento de Nafarroa se han presentado dos iniciativas: una ILP por parte de ELA y la moción de LAB. Finalmente se ha aprobado una ley foral que valoramos positivamente, ya que recoge medidas muy importantes para las trabajadoras y trabajadores como son, entre otras, la subrogación o la aplicación del convenio sectorial. Por el contrario, debemos decir que en dicha ley no se incluyen todas las medidas que debían estar recogidas, como son el mantenimiento de los puestos de trabajo, no poder inaplicar el convenio unilateralmente, medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, el euskera o la salud laboral.
• En el parlamento de la CAV se está tramitando la ILP presentada por ELA, abriéndose el plazo para realizar aportaciones a la misma. LAB también ha presentado su moción, y además ha realizado aportaciones a la ILP, incluyendo aquellas materias que faltan en la solicitud presentada por ELA. En nuestra opinión es el momento de aprobar en la CAV una ley más completa que la aprobada en Nafarroa, que incluya las medidas que allí no se han incluido.
• En la Diputación Foral de Gipuzkoa, y por una iniciativa política de EH Bildu y con aportaciones de los sindicatos, entre ellos de LAB, se han aprobado dos normas forales sobre cláusulas sociales. Ambas normas son más completas que la ley aprobada en Nafarroa, e incluyen las peticiones que LAB viene realizando.
• En la Diputación de Bizkaia, en la de Araba, y en los ayuntamientos de Bilbao o Gasteiz, la mayoría politica compuesta por PNV, PP Y PSE, no toma decisiones políticas en este tema, y se posiciona en contra de la moción presentada por LAB o, en el mejor de los casos, retrasan el debate. En estas instituciones ha sido EH Bildu el único agente político que ha mostrado disposición y compromiso en reivindicar y trabajar por lograr dichas cláusulas sociales.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Las dudas jurídicas que podía haber en torno a este tema han quedado aclaradas, y por tanto, ya no pueden ser utilizado este argumento como excusa; por tanto, demandamos a las instituciones que aún no han aprobado las cláusulas sociales, que lo hagan urgentemente.
Siendo este un debate completamente político, no entendemos cómo, si en Gipuzkoa todas las fuerzas políticas han apoyado la norma foral, por qué el PNV, PP y PSE, allí donde ostentan responsabilidades institucionales, se niegan a llevar adelante lo que sí han aprobado en Gipuzkoa.
Paralelamente, vamos a registrar una petición en los parlamentos tanto de Nafarroa como de la CAV para que se cree un registro público tanto del número de trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en las subcontratas, así como de sus condiciones laborales.
Entramos en fase electoral y por ello, interpelamos a todas las fuerzas políticas para que se comprometan a incluir cláusulas sociales en todos los contratos públicos. Les pedimos que tengan este tema en cuenta a la hora de realizar sus programas electorales, y les mostramos nuestra total disposición para mantener reuniones en las que presentar y debatir nuestras propuestas.
