Aunque los últimos años hemos escuchado muchas veces el rumor de que el Gobierno Vasco quería convertir a Lanbide en un ente público de derecho privado, en las diversas reuniones mantenidas con la dirección de Lanbide, nunca se nos ha dado información transparente al respecto. A pesar, de haber preguntado directamente en las mesas sectoriales sobre el tema, la respuesta del Gobierno ha sido nula.
No es casualidad el oscurantismo con que el Gobierno actual ha gestionado esta modificación. Es plenamente consciente de que responde a sus propios intereses y perjudica, tanto a las y los trabajadores, como al servicio que prestará a la ciudadanía.
Sabemos que la Dirección y el Gobierno ya han avanzado en su intención. Su proyecto de ley ha sido presentado al Parlamento Vasco y a la espera del debate de las enmiendas, la votación se celebrará el próximo 23 de noviembre.
Con Lanbide convertido en un ente público de derecho privado, el Gobierno dice que tendrán más flexibilidad y dinamismo para llevar a cabo políticas activas de empleo. Sin embargo, no dicen claramente qué consecuencias tendrá esto.
Siendo Lanbide un ente público de derecho privado, prescindiría de la práctica totalidad de los controles y garantías de la función pública en relación a los cientos de empleados y empleadas públicas. Se podrían utilizar sistemas menos garantistas de selección del personal laboral, alejados de los valores de transparencia, igualdad, mérito y capacidad a los que una administración debe responder.
Además, se modificaría sustancialmente el régimen presupuestario, de gasto y patrimonial y se prescindiría del control interventor público mediante la aplicación del control interventor empresarial. La falta de trasparencia y el control afectará a los diferentes programas de empleo y a la subcontratación y adjudicación de formación, abriendo más si cabe, la puerta a la privatización. Este aspecto se agrava porque el empleo y los ámbitos de formación se convertirán en fuente de financiación de las entidades que participan en la Mesa de Diálogo Social.
La creación de empleo de calidad debe ser una prioridad para el Gobierno Vasco en el servicio que ofrece a su ciudadanía. Y en el papel de la Administración como empleador, debería de velar por la protección de su plantilla y sus condiciones laborales.
Por ello, LAB y ELA creemos que es hora de decir no a este proyecto de Ley. Y reivindicamos:
- Que se suprima el titulo VI de la Ley de Empleo.
- Que no se modifique naturaleza jurídica de Lanbide.
- Mantener las condiciones laborales del personal de Lanbide, como organismo autónomo, en la Mesa Sectorial de la Adminsitración Autónoma.
- No abrir las puertas a la privatización. Revertir los servicios ya privatizados.
- Consolidar el empleo de la plantilla actual y acabar con la política de los contratos programa.
- Definir bien los puestos y sus tareas, equilibrando las cargas de trabajo, y garantizando el bienestar físico y emocional de la plantilla.
Así, convocamos a la plantilla a participar en las movilizaciones que realizaremos para alcanzar las reivindicaciones señaladas: el 9 de noviembre, concentración a las 9:00 frente al Palacio Euskalduna de Bilbo y el 10 de noviembre, movilizaciones en los diferentes centros de trabajo.