Vivimos una grave crisis social y ecológica. La pandemia ha profundizado las brechas y los procesos de precarización. La gravedad de la situación exige un cambio de rumbo en las políticas públicas. Un cambio profundo: hay que recorrer el camino hacia un nuevo modelo que ponga la vida en el centro. Una transición ecosocialista y feminista.

Los presupuestos, junto con la política fiscal, deberían poner en el centro los intereses de la ciudadanía y ser el principal medio para la redistribución de la riqueza. Los presupuestos muestran el modelo de sociedad que se quiere construir.

Los proyectos presupuestarios de Madrid, Navarra y la CAV nacen con claras lagunas de partida: se niega la participación social, se excluye el debate de la reforma fiscal del proyecto de presupuestos y se debilita la necesaria participación del sector público en la economía. Sin ningún control ni contrapartida, se destina cada vez más dinero a manos privadas.

En lo que respecta al acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno Vasco:

1- En cuanto a los compromisos políticos, el acuerdo ha llevado al Gobierno a tomar varias decisiones que no quería, pero que no nos satisface.

Impulsar el SMI es una medida adecuada, dependerá de la media de Euskal Herria y será diferente del Estado, sin embargo, la formulación que se hace no nos satisface.

El Gobierno debería interpelar a la patronal y mantener una actitud proactiva para impulsar un acuerdo interprofesional intersectorial que fije el salario mínimo. No se recoge esto, se deja en manos de ambas partes y se orienta a la negociación colectiva, dado los desequilibrios de las relaciones de fuerzas existentes, corre el serio riesgo de quedarse en papel mojado.

Por otro lado, hay cuestiones importantes que ni siquiera se mencionan, como la posibilidad de complementar las pensiones o mejorar los servicios sociales para avanzar en la construcción del sistema público comunitario de cuidados.

2- En cuanto a los compromisos económicos, el acuerdo de EH Bildu ha conseguido mejorar el proyecto inicial de presupuestos en varios puntos, pero con unos límites evidentes:

Se han conseguido mejoras en sanidad, políticas monetarias sociales, de vivienda o para hacer frente a la emergencia climática. Las reglas de juego, sin embargo, no han variado, por lo que algunas partidas se mejoran, sí, pero es imposible promover el cambio de rumbo que la situación requiere en las políticas públicas.
Por tanto, estos Presupuestos siguen sin dar una respuesta adecuada a las reivindicaciones de la mayoría sindical y social de este país. Como hemos dicho hasta ahora, tenemos que articular mayorías sociales y sindicales y construir el camino para impulsar cambios prufundos Euskal Herria.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO EN DATOS

En la CAV, se renuncia a recaudar más y además las necesidades de la gente no están en el primer orden de las prioridades de los presupuestos:

– La presión fiscal de la CAV es del 31,8%, lejos de la presión fiscal de la Unión Europea, donde asciende al 40,1%. Además, esa presión fiscal recae principalmente sobre las y los trabajadores.

El señor Urkullu, cuando se ha referido al dumping fiscal, ha puesto la alfombra roja a la patronal para justificar la necesidad de nuevos recortes en la fiscalidad. De nuevo, dando la espalda a los trabajadores y desdeñando la posibilidad de gravar las rentas de capital y las ganancias empresariales.

• La inversión pública del presupuesto es del 80%, pero la mayor parte, el 62%, son subvenciones y transferencias al capital, es decir, dinero público para empresas privadas y sin control público ni social. Lo llaman colaboración público-privada y esto es propaganda neoliberal para aplicar la política de la patronal. Así es como se debilita la función del sector público en la economía. Destinar tanto dinero a la empresa privada, resta dinero para otras necesidades.

• No se revierten los recortes habido en los servicios públicos durante los últimos años y no se invierte lo suficiente en educación y sanidad. Incomprensible teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia.

• Se da por bueno que las decisiones sobre las y los empleados públicos se tomen en Madrid (por ejemplo, en cuanto a la subida salarial y/o tasa de reposición…) y no se promueve un marco propio de negociación colectiva.

• Ante los retos demográficos y el envejecimiento de la población, no se apuesta por la creación de un sistema público de cuidados. Los servicios sociales están privatizados y las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, tienen salariosycondicioneslaboralesprecarias.Hayqueimpulsar procesosdepublificaciónymejorarlosratios.

• No garantizan un salario mínimo de 1.400 € ni una pensión mínima de 1.080 €. No hay medidas para acabar con la brecha salarial y de pensiones.

• El sistema de protección social sigue sin cubrir las necesidas más básicas.

Es decir, ante los retos que se nos presentan, las decisiones que marcarán la próxima década no abandonan las politicas neoliberales que son jústamente la razón de encontrarnos en la situación actual.