Todos sus representantes sindicales (CC.OO, ELA, LAB, CSIF, CGT, y UGT) de Justicia denuncian que actualmente el Registro Civil se encuentra inmerso en un Anteproyecto de Ley que lo pondrá en manos privadas, lo que supondrá, entre otros, un coste económico, hasta ahora inexistente, para los usuarios (un RE-PAGO más), además de dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la defunción.
«Las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de la CAPV, por medio de todos sus representantes sindicales (CC.OO, ELA, LAB, CSIF, CGT, y UGT), denuncian la clara intención de privatización de la Justicia.
Actualmente el Registro Civil se encuentra inmerso en un Anteproyecto de Ley que lo pondrá en manos privadas, lo que supondrá, entre otros, un coste económico, hasta ahora inexistente, para los usuarios (un RE-PAGO más), además de dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la defunción.
Denunciamos la burda maniobra manipuladora que desde el Ministerio de Justicia se está haciendo para intentar hacer ver las virtudes de la gestión privada. Utilizando el enorme atasco acumulado en la concesión de las nacionalidades, cuando durante años se han negado a poner los medios suficientes para su resolución ante el aumento exponencial de este tipo de expedientes. Ahora lo dejan en manos privadas, dándoselo al Colegio de Registradores de la Propiedad. Miles y miles de expedientes de nacionalidad acumulados, que eran gestionados única y exclusivamente por 40 empleados públicos para todo el estado, pasan a serlo por más de mil registradores de la propiedad con una media de seis trabajadores cada uno. Muchos más medios materiales y personales de lo que se ha estado negando al servicio público, se ha dado a los intereses privados.
Eso sí, ocultando que todo ese trabajo se ha volcado a los Registros Civiles en un breve espacio de tiempo, provocando que el retraso existente en Madrid (D.G.R.N) se traslade a éstos. Sabiendo, perfectamente que, con los medios de que disponen, los Registros Civiles no pueden absorber la ingente cantidad de expedientes de nacionalidad recibidos (juramentos e inscripciones de nacimiento como nuevos ciudadanos del estado español) al ser un servicio público ya de por sí muy ocupado (expedición de certificados civiles, inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, licencias e inscripciones de enterramiento, inscripciones de adopción, tutela, incapacidad, filiación, etc).
Por eso denunciamos lo que está claro que va a ser el siguiente paso, una vez que se produzca la privatización: el Ministerio y los Registradores de la Propiedad denunciaran primero públicamente este retraso heredado de los Registros Civiles (que ellos han ocasionado conscientemente) para, unos meses después, cantar nuevamente las alabanzas de la gestión privada, al haber eliminado en poco tiempo el retraso existente.
Esta maniobra, orquestada, y preparada, será utilizada como justificación de las siguientes privatizaciones en la Administración de Justicia: servicios de notificaciones, registro y reparto, ejecuciones, desaparición de los Juzgados de Paz, de partidos judiciales. ¿Dónde va a quedar ese ideal de Justicia universal, para todas y todos?, ¿Quiénes van a poder acudir a los tribunales de justicia?
Por todo ello exigimos medidas inmediatas a todos los gobiernos implicados (Gobierno Español y Gobierno Vasco) para que NO DESTRUYAN EMPLEO PUBLICO, PARA QUE DEDIQUEN SUS ESFUERZOS A DEFENDER LA ADMINISTRACION PÚBLICA, DOTÁNDOLA DE MEDIOS SUFICIENTES y GESTIONANDOLA CORRECTAMENTE, GENERANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PODAMOS OFRECER A LA SOCIEDAD UN TRABAJO EFICAZ Y DE CALIDAD. »
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