El juicio de Bateragune no fue imparcial. Eso es lo que ha dictado hoy el tribunal de Estrasburgo, confirmando una realidad que siempre hemos tenido clara en Euskal Herria. En este país hace mucho que dimos nuestro veredicto, mediante una amplia y plural respuesta ciudadana, puesto que las detenciones y las condenas del caso Bateragune fueron una barbarie jurídico-política, muy lejos del concepto de justicia.
Secuestradas y vulneradas las libertades y los derechos civiles y políticos de Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Arnaldo Otegi y Rafa Díez, no hay sentencia que repare el daño causado. Eso es así, pero, al mismo tiempo, LAB le da la bienvenida a la sentencia de Estrasburgo, ya que deja en evidencia el espíritu antidemocrático del Estado español y la utilización de la justicia con fines políticos.
El único delito de las y los procesados en el caso Bateragune fue trabajar para abrir un nuevo tiempo de paz y resolución democrática en nuestro país, siempre desde el compromiso con Euskal Herria. El papel de estas y estos militantes de la izquierda abertzale ha sido muy importante en aras de solucionar el conflicto político de Euskal Herria. El tiempo ha sido testigo de ello.
El Estado puso en marcha todos los mecanismos de bloque que tenía para echar por tierra la estrategia política de la Izquierda Abertzale. Y los y las procesadas de Bateragune, del mismo modo que muchos hombres y mujeres de Euskal castigados de forma injusta en diferentes procesos anterior y posteriormente, pagaron cara la utilización política de la justicia. Por suerto, se avanzó con determinación para superar las razones y consecuencias del conflicto y abrir un nuevo tiempo en Euskal Herria.
Con la sentencia de hoy Estrasburgo ha corregido a España por enésima vez. Sin embargo, no podíamos esperar otras cosa de la justicia española. Ni entonces ni ahora estuvo el Estado dispuesto a entrar en un proceso democrático que trae cambios. Eso es lo que hemos visto en Euskal Herria y lo que estamos viendo en Catalunya. España sigue utilizando la justicia de modo injusto; sigue sin oferta para solucionar el derecho a decidir de los pueblos en términos democráticos; y continúa vulnerando derechos civiles y políticos de forma injusta.
De la misma forma que encarcelar y castigar a cinco personas por poner al pueblo en el camino de la paz fue una barbaridad, tener a personas exiliadas o encarcerladas por dar la palabra al pueblo y, no lo olvidemos, en espera de un juicio que no tiene ninguna garantía, es un disparate jurídico y político.
En el camino hacia la solución democrática que pide el derecho a decidir de los pueblos, en LAB pedimos el fin de los juicios políticos y la libertad de las y los presos políticos. Tenemos muchas razones, demasiadas, para seguir movilizándonos.