El 15 de octubre de 2012 las y los delegados de LAB de EITB ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron que, a consecuencia de un crédito que solicitó la empresa VILAU MEDIA S.L. de 700 mil euros, EITB contrajo una deuda, y adelantaron la intención de acudir a los tribunales. El 11 de febrero ya se presentó la querella en los juzgados y ayer, día 26, el juez lo admitió a trámite mediante auto escrito.
Se admite a trámite en la querella por hecho presuntamente constitutivos de dos delitos en los que podría haber incurrido Juan Diego Casals en su condición de director gerente de EiTB: «malversación de caudales públicos y delitos societarios».
No vamos a entrar en detalles, pero por abreviar concretaremos que: En 2005 se creó con el permiso de Andoni Ortuzar la empresa VILAU MEDIA. EITBNET aportó la mitad del capital, y en el Consejo de Administración se situaron Juan Diego como presidente (en nombre de EITBNET) y J. Flórez como secretario, además de los vocales Mikel Agirre (en representación de ETB), Javier Calera y W. Kniejski. Recordaremos que en aquellas fechas Andoni Ortuzar era el director general de EITB, Juan Diego el gerente, Mikel Agirre director de explotación y Javier Calera durante una temporada director de EITBNET.
Ya denunciamos esta indadmisible práctica que entendía el equipo de Ortuzar por una gestión de una empresa pública. No obstante, en 2007 avanzaron en esta práctica, y modificaron totalmente el carácter del consejo de administración de VILAU. Ya no en representación de EITNET y ETB, sino que todos los miembros (salvo la sociedad denominada TALDE) aparecían a título particular: Juan Diego (como secretario), Mikel Agirre y otros séis miembros que no pertenecían a la dirección de EITB. La participación de EITBNET se quedaba en un 25% y la de “otros” en un 20%. Es decir, que Diego y Agirre, además de pertenecer a la dirección de EITB, eran administradores de la empresa VILAU, a la que contrataba EITB.
Por una parte, esto es incompatible según la Ley de Función Pública Vasca. Las direcciones de EITB tienen estatus de viceconsejerías, y no pueden tener participaciones en otras empresas, públicas o privadas, teniendo o no capital invertido.
Por otro lado, lo que tiene indicios de delito es lo siguiente: Cuando en 2009 VILAU solicitó a la BBK un crédito, ésta puso como condición que como avalista en su totalidad apareciera EITB, y al parecer Juan Diego lo firmó como miembro de la dirección de EITB. Recordemos que era el secretario del consejo de administración de VILAU, simultaneando ambos cargos.
Por último, la ley de creación de EITB exige que la partida que se asigne a EITB según los presupuestos de la CAPV se deberán quedar en EITB, y se gestionará en sus sociedades públicas.
Los detalles de la querella ponen de relieve que, junto con las responsabilidades penales, que tendrán que dirimirse en los juzgados, también nos encontramos ante responsabilidades políticas. O, mejor dicho, irresponsabilidades. La irresponsabilidad política de una gestión de EiTB que, más que ente público, la equipara a un cortijo particular donde se hace y se deshace, con intereses cuando menos opacos. Y las consecuencias que esta gestión han supuesto para el ente público: EiTB tuvo que asumir en julio de 2012 un pago a la BBK por un importe de más de 700.000 euros. Esto ha supuesto que desaparezcan programas de producción propia, con el perjuicio que ha supuesto a la plantilla de EiTB.
Es realmente grave que en estos momentos en que se está decidiendo la dirección de EiTB, se siga apostando por un modelo y un grupo que ha estado inplicado en esta manera de gestión del patrimonio público. Es realmente grave que en estos momentos se pretendan acometer grandes recortes dentro de este servicio público con la excusa de la crisis y se omita a sabiendas que hay responsables directos en la pérdida de fondos de EiTB. Es realmente grave que siga sin ponerse encima de la mesa un debate sobre modelo de ente público de comunicación y todo se reduzca a una elección de nombres y a un pasteleo y reparto de puestos.
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