LAB pide al Gobierno Vasco que amplíe inmediatamente la partida para garantizar la conciliación laboral y familiar

El Gobierno Vasco ha reconocido que las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral se han agotado, cuando aún quedan cuatro meses para finalizar el año. En consecuencia, quedarán sin ayudas aquellas trabajadoras y trabajadores que se acojan a la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas, o cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

Este es un ejemplo más de la nefasta política social del Gobierno vasco. Una vez más su lema de compromiso con las personas, no pasa de ser mera propaganda, con el que intentar ocultar el empeoramiento progresivo de la calidad de vida de la clase trabajadora. Los ejemplos están ahí: la reducción en 4 años de 35 a 17 millones del presupuesto para las ayudas a la conciliación, los retrasos por encima de los 6 meses que las personas sufren para recibir las ayudas económicas, la congelación de las cuantías, el no desarrollo de recursos sociales que garanticen la atencíon de las personas necesitadas de cuidados, …

Todas estas medidas agravan aún más las posibilidades de conciliación de la vida personal, familiar y social de las trabajadoras y trabajadores en un contexto laboral marcado por la precariedad, la imposición de la flexibilidad laboral, la reducción de salarios,… Las consecuencias son evidentes: mayor estress, sufrimiento y sobrecarga económica para las trabajadoras y trabajadores. Precariedad laboral y recortes sociales, patronal y Gobierno vasco de la mano contra el bienestar de las personas.

Por ello, LAB exige al Gobierno Vasco la ampliación inmediata de la partida presupuestaria para garantizar a todas las trabajadoras y trabajadores que lo soliciten las ayudas directas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Y junto a ello, reclamamos que ya va siendo hora de replantear y poner en marcha una nueva política social en materia de conciliación, basada en la universalidad de las ayudas económicas, en la fiscalidad al servicio de los derechos de las personas, la revisión en claves igualitarias de los permisos y programas, la valoración social del trabajo de cuidados y el despliegue de un sistema de servicios sociales público de apoyo a la conciliación.