«Muere asesinada una educadora social» es la noticia con la que nos hemos levantado hoy, noticia que nos sobrecoge por la dureza de los hechos y porque nos dedicamos a atender a trabajadoras de intervención social que refieren una y otra vez las dificultades que conlleva el trabajar solas en servicios en los que, por su complejidad, deberían estar siempre trabajando como mínimo dos personas.
Primero solidarizarnos con la víctima, su familia y con los y las compañeras de trabajo de María Belén Cortés Flor. También queremos insistir en que la violencia hacia las mujeres está presente en todos los ámbitos de la vida y, en este caso, se manifiesta en el entorno laboral. La desigualdad de género sigue siendo la base que perpetúa estas situaciones, reforzando la posición de subordinación que muchas mujeres aún enfrentan en nuestra sociedad. En cualquier caso, no hay palabras para ayudar a comprender la dimensión de la perdida de esta compañera.
En segundo lugar, LAB, ELA, CCOO y ESK queremos señalar la importancia de que el convenio de intervención social de Bizkaia garantice la evaluación especifica de los puestos de trabajo y que se adopten las medidas específicas de prevención no sólo de los centros o servicios de especial protección que recoge el actual convenio, sino también en los siguiente: servicios de atención diurna que realizan acompañamiento a personas para su inclusión social, los centros residenciales de medidas judiciales de medio abierto/cerrado para menores, servicios residenciales que atienden a personas en exclusión social grave o moderada, con adicciones y/o enfermedad mental y centros con lejanía a núcleo urbano, sin respuesta inmediata, para evitar y minimizar los riesgos a los que nos exponemos.
Recordar que el trabajo en favor del bienestar colectivo y la lucha contra la exclusión social no deberían implicar la asunción de riesgos innecesarios. Tales riesgos son resultado de la falta de responsabilidad de quienes deben garantizar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de intervención social, en particular las empresas y administraciones encargadas de los servicios en los que trabajan estos y estas, como es el caso de ayuntamientos y de la Diputación Foral de Bizkaia.
Debatir sobre estos riesgos que el trabajo en intervención social conlleva exige que las entidades y las administraciones públicas, que son las titulares de estos centros y servicios, no se desvíen del fondo del debate, que no es más que reconocer que el riesgo existe y que para ello hay que tomar medidas para evitar este tipo de agresiones tan dolosas. No se puede posponer la implementación de medidas, por un lado el que siempre trabajen dos personas, lo que venimos llamando pareja educativa en todas aquellas intervenciones, centros o servicios que por sus características o alto riesgo así lo exijan, y por otro lado medidas preventivas o cuidado de los equipos de trabajo, atendiendo a ratios, evaluaciones y valoraciones para evitar que esto pueda volver a ocurrir.