El lunes de la semana pasada, 7 de noviembre, la trabajadora de Tubacex Aintzane Mendia tuvo que enfrentarse a un juicio en la Audiencia Provincial de Araba por las imputaciones de resistencia y atentado a la autoridad. Tras el juicio, el pasado viernes, la jueza dictó sentencia absolviendo de todos los cargos a Mendia, tras poner en duda varios puntos de las declaraciones de la Ertzaintza.
En la sentencia, la jueza determina con claridad que no queda probado que la acusada atentase en ningún momento contra ningún ertzaina. Añade que las acusaciones contra ella no demuestran su culpabilidad. Además, gracias a los vídeos grabados ese día y presentados por la defensa, queda más que demostrado que Mendia aparece en ellos y que se puede ver claramente que ni golpea, ni empuja en ningún momento a un agente. Por lo tanto, los vídeos descartan totalmente muchas de las declaraciones que hace la Ertzaintza.
Esto deja más que claro que todo ha sido un montaje policial para criminalizar a las personas que se concentraron ese día frente al juzgado para mostrar su solidaridad. Esta estrategia de criminalización se viene realizando desde diferentes poderes para reprimir a todos y todas las trabajadoras que fueron parte activa en la huelga de Tubacex y que defendieron y ejercieron sus derechos para ello.
En todas las luchas que se abren para defender los derechos laborales, los trabajadores y trabajadoras estamos siendo injustamente denunciadas, apaleadas y perseguidas. Y esto tiene unos claros responsables: el Gobierno Vasco, a través de su policía, que tomó la decisión hace mucho tiempo de defender a las patronales frente a la defensa de los derechos de los y las trabajadoras.
Pero estas acusaciones no se sostienen y no concuerdan con la realidad que se vivió en la lucha de Tubacex. Por mucho que su única arma sea perseguir y reprimir a la clase trabajadora, no podemos permitir que eso ocurra. Por eso también, queremos reconocer y aplaudir la determinación de nuestra compañera para defender su inocencia y no aceptar la propuesta de la fiscalía, manteniendo en todo momento su inocencia.
Con todo esto, exigimos que cesen además todos los procesos y actuaciones que han abierto contra otros y otras trabajadoras, a las que responderemos como hasta ahora, con solidaridad y lucha.
