Desde el momento en que se constituyó el gobierno de la CAPV entre PNV y PSE no nos quedaba ninguna duda de que las políticas a desarrollar por ese gobierno se iban a realizar bajo dos parámetros estratégicos: gestionar el cada vez más laminado marco competencial estatutario e implementar en el ámbito vasco las políticas neoliberales que benefician a patronal. Con esos precedentes era manifiesto que el voto que al gobierno en minoría le falta en el parlamento lo iba a poner el PP.

Hoy, una vez bajado el telón del teatrillo del acuerdo fiscal, se han despejado todas las incógnitas. Hay acuerdo fiscal y presupuestario del PNV con los de los artículos 155 y 135 y predisposición del PNV a seguir profundizando su pacto de legislatura para mantener en el gobierno del Estado al PP, con próxima estación en los presupuestos del Estado…

Las consecuencias son nefastas para las trabajadoras y trabajadores vascos que sufrirán unos presupuestos que en porcentaje del PIB nos alejan de la media europea en gasto social. Se mantiene la partida destinada al empleo sin incrementarse en porcentaje similar al crecimiento del PIB. Se asume la tasa de reposición en el sector público deteriorando los servicios y destruyendo empleo. Se reducen las partidas destinadas a la inversión productiva y el desarrollo económico y se siguen al pie de la letra los criterios de la Ley 2/2012 de cumplimiento de los objetivos del déficit (el incremento del presupuesto se destina básicamente al pago de la deuda).

Para redondear la operación se rebaja el Impuesto de sociedades 4 puntos con el único objetivo de facilitar que los incrementos de productividad de las empresas sean convertidos en beneficio para accionistas y propietarios. La precariedad y la exclusión, consecuencia del desigual reparto de la riqueza, reciben un nuevo impulso con la fiscalidad pactada por estos partidos.