En opinión de LAB, la Ley Vasca de Empleo, aprobada ayer en el Parlamento de Gasteiz, nace corta desde su creación, ya que la CAV tiene competencias limitadas a la hora de regular el empleo, ya que sólo existe la posibilidad de ordenar normas y criterios procedentes del Estado.
Además, el sindicato ha querido denunciar el cambio de naturaleza jurídica que va a tener Lanbide, ya que abrirá la puerta a la privatización y a la falta de control público. LAB cree que Euskal Herria necesita una verdadera ley de empleo, dando pasos hacia un marco vasco de relaciones laborales y protección social. Según el sindicato, la ley aprobada ayer ha sido una oportunidad perdida para empezar a trabajar en ese camino.
LAB destaca que para poder diseñar la política de empleo es imprescindible que un país tenga plenas competencias para poder decidir qué tipo de empleo queremos crear, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a repartir. La ley aprobada ayer tiene ese límite desde su creación, porque no se puede llamar así a las políticas de empleo que hoy se pueden hacer desde las Comunidades Autónomas. Por tanto, LAB ha sacado a relucir los límites competenciales actuales. De hecho, la competencia para desarrollar políticas activas en la CAV ya la tenemos transferida, pero no la de las políticas pasivas, por lo que no tenemos más remedio que limitarnos ordenar las normas y criterios que vienen del Estado. El empleo ha sido reconocido como un derecho subjetivo en la ley de empleo vasca, lo que LAB entiende que es un paso adelante, pero falta concretar los instrumentos para su ejercicio y puesta en práctica.
La construcción de un marco propio de relaciones laborales y de protección social es un instrumento imprescindible para el desarrollo de las políticas de empleo diseñadas en y para Euskal Herria. LAB tiene propuestas para superar este marco, por ejemplo el código de trabajo que propone para Euskal Herria. LAB considera que las leyes y reglamentos que se proponen en la CAV también deberían ir en esa dirección. Pero LAB opina que La Ley Vasca de empleo no tiene vocación de superar el marco, de dar pasos hacia un marco propio. No se impulsa un diálogo que no sea dependiente del Estado, no hace referencia a posibles acuerdos interprofesionales que contribuirían a garantizar ese empleo digno que define la propia ley.
Por otro lado, el sindicato ha querido denunciar la reestructuración de la personificación jurídica de Lanbide, que se define como un ente público de derecho privado, lo cual es preocupante porque es un cambio que puede abrir la puerta a la privatización.
El cambio de Lanbide a Ente Público de Derecho Privado supone cambios profundos. Por un lado, los correspondientes al personal de Lanbide. Tras años de tasas de temporalidad muy elevadas, se dió paso a procesos de estabilidad y cuando se pensaba que los y las trabajadoras tendrían un poco de tranquilidad, el cambio de personificación jurídica afectará directamente a su situación laboral, ya que las personas que hayan obtenido plaza de funcionario también tendrán que decidir entre dos opciones: seguir como laboral en Lanbide o como funcionario en el proceso de salida. Además, las cuestiones como el convenio colectivo de referencia o la provisión de personal podrán ser aprobadas por el Consejo de Administración.
La modificación de la naturaleza jurídica de Lanbide no afectará únicamente a la plantilla. Se perderá el control económico y de gestión, al no tener que ser supervisado por la Función Pública. Todo ello en una entidad con un presupuesto de 1000 millones y 1200 personas empleadas. La falta de control público incidirá en un sinfín de ámbitos, en el económico, pero también en otros tantos: hay que recordar que en la actualidad Lanbide sigue llevando a cabo una subcontratación encubierta a través de entidades colaboradoras, y ahora habrá aún menos garantías a la hora de materializar dichas subcontrataciones. Podrán crear diferentes cargos de responsabilidad, limitando el acceso a los mismos a personas de confianza del gobierno. También puede incidir en el euskera, ya que la institución quedaría fuera del plan de euskera del Gobierno de la CAV.
Euskal Herria necesita una verdadera ley de empleo, una ley que garantice un empleo digno para toda la ciudadanía vasca, que permita desarrollar vidas que merezcan ser vividas, que contemple los trabajos de cuidado y su reparto equilibrado. Dar pasos para la construcción de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social es imprescindible para ello, y esta ley de empleo no responde a la necesidad que tiene la clase trabajadora de Euskal Herria.