En la última mesa de negociación celebrada el 20 de febrero, la Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) informó sobre la decisión que quiere adoptar para las nuevas Ofertas Públicas de Empleo y las convocatorias de empleo público pendientes de realizar.
La DFB propone reducir la exigencia de los perfiles lingüísticos en la mitad de las plazas convocadas, retrocediendo en la política de normalización lingüística que ha desarrollado hasta ahora y rebajando sensiblemente el conocimiento necesario de las dos lenguas oficiales para los nuevos puestos de trabajo.
Esta decisión supone un serio y triste viraje de la DFB, ya que se desmarca del posicionamiento oficial emitido hasta ahora a raíz de las sentencias de 2 juzgados de la Contencioso Administrativo de Bilbao sobre el euskera en algunos procesos selectivos en el sentido de defender “la interpretación correcta de la normativa aplicable existente tanto en función pública, como en materia lingüística”.
El sindicato LAB rechaza de forma rotunda esta grave decisión que va en contra de la normalización del euskara, de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en su relación con la Administración y en contra de las personas trabajadoras de la DFB que quieren realizar su trabajo en euskara.
La decisión adoptada por la DFB “en aras a dotar de seguridad jurídica a esos procesos selectivos” supone un serio aldabonazo al proceso de normalización lingüística de esta administración, así como a la garantía y a los derechos lingüísticos de la ciudadanía y de su plantilla. Con su decisión, la DFB da aire a la ola euskarófoba desatada por la judicatura, que últimanente afecta a una buena parte de las administraciones locales vascas.
El castellano no puede ser la única lengua obligatoria para el empleo público. Para cubrir los nuevos puestos públicos debe ser requisito indispensable el conocimiento de las dos lenguas oficiales y, con ello, el incremento de las medidas de euskaldunización de la administración, con todas las garantías jurídicas. Avanzar en ese camino o ir hacia atrás en la política lingüística es una decisión política.
Hacemos un llamamiento a la defensa de los derechos lingüísticos frente los ataques a la normalización del euskara.