Según la Encuesta de Población en Relación con la Actividad, publicada por Eustat, el año 2016 terminó con un total de 129.300 personas desempleadas en la CAV, de las cuales el 49% son mujeres a pesar de que su participación en el mercado laboral (51,8%) todavía es sensiblemente inferior a la de los hombres (61,3%). Sin embargo, el 30,5% de las personas en paro no están registradas en las oficinas de Lanbide. Este hecho que pone de manifiesto la falta de confianza de la ciudadanía en la eficacia del Servicio Vasco de Empleo; y no es de extrañar si tenemos en cuenta que Lanbide apenas interviene en el 3% de la contratación laboral realizada en la CAV.
Resulta especialmente preocupantes las circunstancias por las que atraviesan los 50.000 hogares cuyas personas están todas en paro. Sobre todo, a la vista de la constante disminución de la protección por desempleo.
Según la información proporcionada por Lanbide, tan sólo una de cada tres personas registrada como parada en las oficinas del servicio público de empleo recibe algún tipo de prestación por desempleo.
Por otro lado, alrededor de 205.000 personas asalariadas tienen una relación laboral de carácter temporal o están sin contrato. Por lo tanto, concluimos que hay más de 334.000 personas obligadas a sobrevivir entre la precariedad y el desempleo, con el agravante de que cada vez son más numerosas situaciones de paro de larga duración.
En definitiva, la crisis de precariedad y el incremento de las desigualdades confirman que los beneficios de la reactivación económica no se están trasladando a la mayoría social de forma justa y equitativa.