El sindicato LAB ha presentado denuncia hoy mismo en los juzgados de guardia de Bilbao en relación a la vacunación irregular llevada a cabo por los ya exgerentes del Hospital Santa Marina y de la OSI Bilbao-Basurto. Creemos que este hecho, de momento sólo circunscrito a estos dos cargos pero que pudiera ser ampliado a medida que conozcamos informaciones de otros casos de vacunación irregular, no solamente conlleva responsabilidades personales y políticas, sino también puede tener responsabilidades penales.

Más en concreto y como hacemos constar en la denuncia presentada, los hechos pudieran ser constitutivos de los siguientes delitos:

– Administración desleal de bienes públicos

– Apropiación indebida

– Actos contra los derechos de los y las trabajadoras

– Prevaricación

– Tráfico de influencias

– Malversación

– Cohecho pasivo impropio.

Queremos señalar también que, vista la experiencia con las filtraciones en los exámenes de OPE, no tenemos ninguna confianza en las investigaciones internas que puedan llevar a cabo Osakidetza o la Consejería de Sanidad. Por esta misma razón, al igual que hemos hecho con las OPEs fraudulentas, nos hemos visto en la obligación de acudir a la justicia como única forma de poder aclarar lo sucedido y depurar todo tipo de responsabilidades.

En este sentido, desde LAB exigimos ir más allá de las dimisiones. Exigimos una investigación imparcial que aclare cómo han ocurrido los hechos, que depure todo tipo de responsabilidades y que aclare si esta práctica se ha producido en otras OSIs y se han vacunado personas que no tenían que hacerlo, valiéndose de su poder o su cargo. Con su actuaciónn han expuesto a trabajadoras de primera linea de lucha contra la COVID a riesgos derivados de la actual falta de vacunas.

Hoy más que nunca queda patente la urgente necesidad de democratizar de arriba abajo Osakidetza y dotarla de jefaturas que verdaderamente se preocupen por nuestro sistema sanitario público y la salud de sus miles de trabajadoras. Jefaturas no corruptas, que no se salten los protocolos y las normativas para su propio provecho. Jefaturas que no actúen con la impunidad que hemos conocido hasta ahora.

Desde LAB, al igual que estamos haciendo como acusación popular en el caso de la OPEs, tenemos la intención de ir hasta las últimas consecuencias en la denuncia de todos estas actuaciones irregulares y corruptas que pueden llegar a ser delictivas.