El 12 de abril de 2018 el Parlamento de Navarra aprobó la Ley de Contratos Públicos que regularía en adelante los contratos que adjudicarían las administraciones públicas a empresas privadas. La dinámica y trabajo conjunto de una mayoría sindical conformada a iniciativa de LAB con los sindicatos CCOO y ELA -UGT se desmarcó en el último momento por su fobia al euskera- para mejorar esa ley, consiguió poner las bases para dignificar las condiciones de trabajo de miles de trabajadoras de las empresas subcontratadas por las administraciones. Sin embargo, LAB denuncia ahora que esa ley se está incumpliendo y que para ello se ha apartado a este sindicato de la Junta de Contratación.
Por aquel entonces LAB emplazó a las administraciones para que fueran escrupulosas en el cumplimiento de esa ley. Sin embargo, tras más de dos años desde su entrada en vigor, hemosconstatado que son numerosos sus incumplimientos. Dicho de otra manera, en un claro ejercicio de cinismo, el anterior Gobierno de Geroa Bai, y el actual junto al PSN salvaron su imagen, pero continuaron y continúan con la misma decisión de no hacer nada. Es decir, el Gobierno sigue propiciando que las empresas privadas sigan beneficiándose con dinero público por encima del interés general y el de las trabajadoras en condiciones precarias.
Como no somos nuevas en esto, durante la tramitación de la ley una de las reivindicaciones más importantes fue la de garantizar la participación de todas las organizaciones sindicales, sin exclusión, en la Junta de Contratación, que tiene como misión velar por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública. El objetivo era y es claro: garantizar que no se comete fraude con el dinero público, que se cumple con el servicio y respetan las condiciones laborales de miles de trabajadoras. Este fue el compromiso alcanzado entre las organizaciones sindicales con los partidos políticos que votaron a favor de la ley.
Sin embargo, el Decreto Foral 74/2019, de 26 de junio, por el que se reguló la Junta de Contratación Pública -realizado a última hora por el anterior Gobierno de Geroa Bai-, recuperó el criterio excluyente de los años del Régimen para garantizar la única y exclusiva participación de CCOO y UGT. En respuesta de 5 de febrero de 2021 a una carta enviada por este sindicato instándole a corregir este criterio discriminatorio, la consejera de Economía y Hacienda Elma Saiz confirmó la actual discriminación y cerró la puerta a la participación de LAB en esa Junta.
LAB considera muy grave el incumplimiento de los compromisos alcanzados, así como que hayan recuperado el criterio excluyente de tiempos pasados. Tenemos claro que detrás de esta decisión existe una voluntad política para evitar cambios que rompan el actual esquema dónde el Gobierno propicia y las empresas se benefician, y que perjudica a miles de trabajadoras. Para ello, es necesario excluir a aquellos sindicatos que no actúan como UGT y CCOO. Y es que, ¿qué trabajo han realizado durante estos dos años los sindicatos UGT y CCOO en los que la contratación pública ha seguido vulnerando las condiciones laborales de las trabajadoras?; ¿por qué o a cambio de qué han incumplido su compromiso y han mirando hacia otro lado?
Esta práctica por su gravedad y lo que representa debe ser rectificada. Esta es nuestra exigencia al Gobierno de Navarra. En ese sentido, vamos a solicitar reuniones con los partidos con representación en el Parlamento de Navarra para que de manera urgente se ponga fin a este apartheid sindical, y se dé cumplimiento efectivo a la ley.