Los vecinos y vecinas de Ezkaba (Chantrea), acompañadas por LAB, han denunciado la inminente descalificación de 190 viviendas de Protección Oficial en el año 2027, una situación que advierten supondrá su entrada en el mercado privado y que califican como una “amenaza directa al derecho a la vivienda”. Hoy han llevado a cabo una concentración ante la Diputación y han solicitado una reunión urgente con la Consejera de Vivienda, Begoña Alfaro.
Durante la movilización, dos vecinas afectadas han leído un comunicado en nombre del conjunto del vecindario en el que subrayan no estar “ante un problema individual, sino ante un conflicto social de primer orden que requiere respuestas estructurales”. Según explican, la pérdida del carácter protegido de estas viviendas abriría la puerta a incrementos desorbitados en los alquileres, mayor inestabilidad contractual y un riesgo real de expulsión de las familias residentes.
En el comunicado, los y las vecinas han denunciado que la vivienda “no puede seguir tratándose como un bien de mercado sujeto exclusivamente a la lógica del beneficio económico”, recordando que durante décadas las instituciones públicas, bajo sucesivos gobiernos de UPN y PSN, han destinado suelo, subvenciones y beneficios fiscales que, según afirman, “han terminado sirviendo a intereses particulares y especulativos”. En su diagnóstico, este modelo ha contribuido a la pérdida progresiva del carácter social de miles de viviendas en Navarra y a la reducción del parque público.
En el caso concreto de Ezkaba, alertan de que la descalificación de estas 190 viviendas supone una amenaza directa a la estabilidad residencial. “La pérdida del carácter protegido supondría, en la práctica, la imposibilidad de continuar residiendo en nuestros hogares”, señalan, al tiempo que recuerdan que muchas de las familias dependen de ayudas públicas y que sus ingresos no les permitirían sostenerse en el mercado libre, marcado por precios “cada vez más elevados y desvinculados de la realidad social”.
El conjunto de residentes pone además el foco en lo que consideran una contradicción estructural en las políticas de vivienda, al señalar que mientras se reconoce este derecho como fundamental, las herramientas aplicadas han contribuido a debilitarlo. Denuncian la falta de un parque público sólido, permanente y desmercantilizado, lo que deja a amplias capas de la población en una situación de vulnerabilidad constante.
Ante este escenario, los vecinos y vecinas de Ezkaba han decidido organizarse colectivamente. LAB está dinamizando la acción sindical junto al barrio y reivindica que las viviendas construidas con recursos públicos deben permanecer de forma indefinida fuera del mercado especulativo y convertirse en un parque público estable de alquiler social.
Por ello, exigen al Gobierno de Navarra “medidas inmediatas y valientes”, entre ellas impedir la descalificación de estas viviendas, reforzar el parque público de vivienda, garantizar contratos de alquiler indefinidos y regular los precios para adaptarlos a la realidad económica de la población. Paralelamente, anuncian el inicio de una dinámica de movilización sostenida para defender sus hogares y su derecho a permanecer en el barrio, concluyendo con un mensaje claro: “Defender Ezkaba es defender el derecho a la vivienda”.