De la misma forma, denunciamos la existencia de una alianza entre el gobierno de Iñigo Urkullu, encabezado por Arantxa Tapia, y la patronal, ya que ambas responden a la misma estrategia. Entre otras cuestiones, LAB reivindica la necesidad de transformar a fondo el sistema tributario para que la transición ecosocial sea viable, para que los grandes capitales paguen más que ahora.
En los últimos días el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, se han mostrado amenazantes cuando, en el contexto de las negociaciones para la formación del gobierno en el Estado español, se ha anunciado que los impuestos a banqueros, oligopolio energético y grandes fortunas dejarán de ser temporales.
En 2022, Repsol obtuvo unos beneficios netos de 4.251 millones de euros, un 70% más altos que en 2021. En cambio, cuando se habla de las «grandes» aportaciones a la hacienda a través de los impuestos, no podemos olvidar que, aunque en los últimos años se han incrementado los beneficios de las empresas y se ha precarizado el mundo laboral, la aportación de las y los trabajadores supone la mayor parte de lo que recauda hacienda, tal y como expusimos en la comparecencia del 25 de septiembre. Es decir, a pesar de los crecientes beneficios, cada vez realizan una aportación menor para reforzar los servicios públicos y llevar a cabo la transición ecosocial con dinero público.
Asimismo, la consejera Arantxa Tapia se ha mostrado «comprensiva» con las amenazas de congelar proyectos lanzadas por sus amigos, cuando estas empresas han recibido importantes cantidades de dinero público a través de los fondos Next Generation EU para desarrollar estos proyectos. Cuando hoy mismo se va aprobar para trámite la reforma del impuesto de grandes fortunas en la Diputación Foral de Bizkaia. No es casualidad, comparten la misma estrategia contra las y los trabajadores.
Este chantaje que están haciendo Josu Jon Imaz y Emiliano López Atxurra es inaceptable y demuestra claramente que su único objetivo es hacer negocio con la crisis ecológica y engordar sus bolsillos. Asimismo, pone de manifiesto el fracaso de la estrategia del Gobierno Vasco para la transición energética y la descarbonización: crear las condiciones para que el oligopolio energético, y en especial el lobby fósil representado por Josu Jon Imaz y López Atxurra, se abra de par en par a través de la colaboración público-privada (crear condiciones legales y fiscales, invertir dinero público, actuar como quieren estas empresas y privatizar sus beneficios), en lugar de situar en el centro las necesidades de las y los trabajadores y del tejido socioeconómico de Euskal Herria, y la transformación ecosocial de esta último.
Ante todo esto, LAB quiere, de forma prioritaria, poner dos reivindicaciones encima de la mesa:
- La transición energética en particular y la ecosocial en general no pueden estar en manos de los oligopolios. Con el fin de fomentar la participación y el protagonismo de las y los trabajadores en la planificación y desarrollo de la transformación de los sectores productivos, reclama la constitución de los Comités para una Transición Justa.
- Es necesaria una reforma fiscal de fondo para que los capitales que de forma progresiva han tenido los mayores beneficios de su historia aporten más que nunca y se redistribuya la riqueza de forma más equilibrada.