PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís y BNG recibirán a los sindicatos el 12 de febrero en Madrid, mientras la ministra de Trabajo se escuda en problemas de agenda y no propone otras fechas. Yolanda Díaz ningunea a todo el sindicalismo alternativo a CCOO y UGT, no acepta la plurinacionalidad sindical del Estado y mantiene en vigor una regulación que extiende la precariedad laboral, ahora con la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos
Los sindicatos ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI anunciaron el 27 de enero su intención de acudir conjuntamente a Madrid a reunirse con todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados (a excepción del PP y Vox) y con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, para tratar un cambio del Estatuto de los Trabajadores que permita en sus naciones mejorar el SMI español. La respuesta de los partidos políticos a las solicitudes ha sido muy positiva. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no ha ofrecido ninguna opción de reunión a estos sindicatos.
El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se comprometió a derogar la reforma laboral de 2012. No solo ha incumplido su promesa, sino que ha consolidado la precariedad, sobre todo a través de la extensión de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. CCOO y UGT han avalado este proceso, y por ello el Gobierno les permite monopolizar la representación sindical. Ahora, Díaz niega la interlocución para mejorar el SMI español mediante salarios mínimos interprofesionales propios de cada territorio.
Esta decisión es autoritaria y antidemocrática, y refleja una visión del Estado monolítica y centralista. Algunos de los sindicatos que han solicitado la reunión son mayoritarios en sus territorios, incluso tienen la consideración legal de sindicatos más representativos, lo que les otorga una especial legitimidad negociadora.
Esa legitimidad conlleva, por ejemplo, la obligación ministerial de negociar cambios legislativos como el establecimiento del SMI. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo prefiere conculcar estos derechos y contravenir la Ley Orgánica de Libertad Sindical para poder imponer un SMI único y centralizado que no se adapta a la realidad plurinacional del Estado.
Cabe recordar que el Gobierno de Sánchez no dispone de mayorías parlamentarias, por lo que los sindicatos tratarán de condicionar la actividad parlamentaria para aprobar la opción de mejorar el SMI español. ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI consideran que apoyar su demanda respecto a los SMI propios facilitaría cualquier modificación del Estatuto de los Trabajadores y ofrecería una razón para apoyar esos cambios a los partidos políticos que no forman parte de la coalición de gobierno.